Sánchez anuncia el confinamiento y pide unidad: "El virus no distingue de territorios ni de ideologías"

"España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere de decisiones extraordinarias". Con esa frase, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su comparecencia a las 21:00 de este sábado para anunciar que el Consejo de Ministros ha aprobado decretar el estado de alarma ante la "crisis sanitaria, económica y social" que vive el país por el contagio del coronavirus.

Sánchez ha justificado la medida, que sólo cuenta con un precedente (la crisis de los controladores, en 2010) por la necesidad de "proteger a los españoles y ganar al virus". "No nos va a temblar la mano para ganar al virus", ha anunciado a pesar del gran impacto económico, además de social, de las medidas. "Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias", ha advertido. El Ejecutivo las considera imprescindibles.

Entre las más destacadas están la limitación de movimientos de los ciudadanos al mínimo imprescindible y el cierre de todos los establecimientos salvo los de alimentación, sanitarios y otros de estricta necesidad. El transporte reducirá su frecuencia. Las fábricas y sectores como la agricultura seguirán funcionando, pero el Gobierno urge a habilitar el teletrabajo en todos los sectores en los que sea posible.

El virus "es un enemigo de todos y todos debemos combatirlo unidos", ha dicho Sánchez. El presidente ha insistido en la "unión" de todas las administraciones y partidos. "No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero", ha advertido. "Vamos a dar una respuesta conjunta a la altura del Estado autonómico que somos", ha pedido, no sin dar las gracias a todos los colectivos que permiten que el país siga operando, a veces asumiendo riesgos personales por hacer su trabajo.

Limitación a los movimientos

El real decreto prevé la limitación de los movimientos de la población en toda España desde el lunes. Las medidas son generales, para todo el país y no para zonas donde hasta ahora se habían dado más positivos, como la Comunidad de Madrid, Euskadi, Cataluña o La Rioja.

Los ciudadanos no deberán salir de sus casas salvo que sea para comprar alimentos o medicinas, acudir a centros sanitarios, al banco, al trabajo (los que deban hacerlo), regresar al domicilio habitual, cuidar a mayores o personas dependientes u otras causas de necesidad. Los ciudadanos tendrán que circular "individualmente", salvo que se acompañe a una persona dependiente, ha dicho Sánchez. Fuentes del Gobierno han aclarado que hay actividades, como pasear mascotas, están autorizadas, pero no otras que no implican contacto, como ir a correr o hacer deporte al aire libre.

Las medidas de confinamiento sustituyen a las puntualmente ya tomadas en algunas zonas y pretenden detener la expansión del virus ante una gran cantidad de contagios directos y no controlados. En paralelo, el Gobierno podrá decretar el cierre de vías de comunicación y se reducirá la frecuencia del transporte, como el tráfico aéreo en un 50%, pero también los servicios de cercanías, trenes o autobuses.

El martes, medidas económicas

Se podrá salir y entrar en el país. El espacio Schengen sigue sin restricciones, pero fuentes del Gobierno han asegurado que habrá un seguimiento de las fronteras y que para eso el Ejecutivo está en contacto con Francia, Portugal, Marruecos o Andorra. 

Además, el transporte de mercancías, las fábricas o la agricultura seguirán funcionando. Según fuentes del Gobierno, el país no se puede permitir una parlización total para abastecerse a sí misma y mantener en la medida de lo posible el comercio. Lo contrario tendría consecuencias económicas devastadoras, según estas mismas fuentes. El martes, en un nuevo Consejo de Ministros, el Gobierno diseñará medidas de apoyo a colectivos más vulnerables, a empresas y a autónomos, para tratar de mitigar el impacto económico de la crisis. 

Los supermercados, tiendas de alimentación y farmacias continuarán abiertas, evitando "aglomeraciones" y garantizando que los clientes respetan "la distancia de seguridad, de al menos un metro", ha dicho Sánchez. Pero el Gobierno ha decidido cerrar al público una multitud de establecimientos, comenzando por bares y restaurantes, que sólo podrán trabajar si es para servir comida a domicilio. Todos los lugares de ocio (museos, cines, salas de conciertos, discotecas) permanecerán clausurados independientemente de su aforo. Lo mismo ocurrirá con recintos deportivos. Los centros educativos, también, aunque el jefe del Ejecutivo ha dicho que las actividades formativas seguirán "a distancia" o de forma "online". No habrá fiestas ni verbenas mientras dure el estado de alarma.

Las peluquerías y tintorerías no colgarán el cartel de cerrado. El Gobierno explica que las primeras son establecimientos a los que acuden personas mayores y una de las formas de mantener un cierto aspecto de normalidad, además de por higiene. La medida ha causado extrañeza, ya que en una peluquería es difícil guardar la distancia de seguridad de un metro entre personas que se pide en cualquier otro contexto. El funcionamiento de las tintorerías es "fundamental en el trabajo y mantenimiento de hospitales y otros centros de atención", según el Ejecutivo. 

Poderes reforzados para el Gobierno

El Gobierno también se reserva la condición de "autoridad competente" para tomar decisiones, coordinar actuaciones y disponer de efectivos públicos aunque sean de titularidad autonómica o municipal, como por ejemplo personal sanitario o de seguridad.

La medida, cuando fue conocida por borradores del decreto, causó un hondo malestar en la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco. "Sería una sorpresa que el Gobierno anulara las competencias autonómicas en materia de seguridad y salud y abocara para sí todas las atribuciones públicas en esta materia, seria un 155 en esta materia que en principio no estaba anunciado ni en el tenor de las conversaciones", dijo Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco en una entrevista radiofónica.

En una rueda de prensa telemática, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, mostró su "preocupación por la confiscación de competencias". "Lo que se trata es de colaborar, pero no de una invasión de competencias", según ella.

Sin embargo, el decreto sí lo contempla y la entrada en vigor de estos poderes reforzados es inmediata. Eso sí, el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, obliga a Sánchez a dar "cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto". Si el Gobierno quiere que el estado de alarma dure más de 15 días, la Cámara Baja deberá autorizarlo. 

Cuatro ministros, bajo supervisión de Sánchez, tomarán las decisiones. Serán los titulares de Defensa, Margarita Robles, por cuanto el Ejército podría tener que ser movilizado, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al mando de los cuerpos de seguridad del Estado, pero también los autonómicos y locales, el de Transportes, José Luis Ábalos, a cargo de las infraestructuras y comunicaciones, y el de Sanidad, Salvador Illa, en materia de salud.

En ese sentido, cualquier decisión sobre la Sanidad, hospitales o facultativos en todo el país corresponderá a Illa. Cualquier medida que implique agentes de seguridad o protección civil, incluyendo cuerpos autonómicos como los Mossos d'Esquadra, a Grande-Marlaska. Robles podrá desplegar el Ejército y las fuentes del Gobierno indican que su actuación será en principio como cuerpo policial para reforzar a los demás.

Directo | Los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes anuncian nuevas medidas contra la crisis sanitaria

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Garantizar la sanidad, los alimentos y la energía

Illa tendrá el encargo de coordinar todos los esfuerzos en materia de atención a los contagiados y enfermos y podrá disponer de efectivos de cualquier comunidad autónoma si la situación lo requiere. La prioridad es garantizar una buena atención a los pacientes y evitar el colapso de los servicios sanitarios. También podrá recurrir al personal e infraestructuras de la sanidad privada mediante una intervención directa.

El Gobierno también se dotará de poderes reforzados para asegurar el suministro de alimentos y de energía, según el texto del decreto. Y, además, podrá intervenir en fábricas para ordenar la fabricación de material esencial o prestación de servicios vitales para contener al coronavirus.