El Gobierno reconoce “tensión” en la sanidad madrileña y anuncia el despliegue de recursos de otras comunidades

La sanidad madrileña empieza a dar muestras de haber alcanzado su límite de capacidad. Así lo ha reconocido este martes el ministro Salvador Illa al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha detectado “tensión” en el sistema de salud, especialmente en la Comunidad de Madrid, lo que ha llevado al ministro a anunciar que ha llegado el momento “de la solidaridad con Madrid”. “Tengo que velar “por la equidad”, anunció el ministro.

Esa solidaridad, añadió, se traducirá en primer lugar en la movilización de recursos procedentes de otras comunidades que no están sufriendo con tanta intensidad el impacto de la pandemia. Illa, sin embargo, no concretó ni el personal sanitario ni los medios materiales ni su origen que serán movilizados para auxiliar al sistema sanitario madrileño.

A esta medida, el Gobierno ha sumado otras dos acciones: redoblar la compra de algunos productos, sobre todo los respiradores que estos días escasean en las UCI de los hospitales y que son imprescindibles para tratar a los más afectados por coronavirus, y activar toda la capacidad nacional para fabricar estos bienes. Illa aprovechó esta última medida para agradecer el esfuerzo que, según sus datos, están haciendo muchas empresas para ponerse al servicio del Gobierno y tratar de fabricar en España unos recursos que estos días escasean en el mercado internacional.

El Ejecutivo puso este martes a disposición las entidades financieras los primeros 20.000 millones de la línea de avales por valor de 100.000 que aprobó la semana pasada. La medida permitirá avalar la concesión de crédito a pequeñas empresas y autónomos (hasta un 80%) y a grandes empresas (hasta un 70%) con el objetivo de evitar que se vean estranguladas por la párálisis de la actividad y puedan aguantar esta situación hasta que sea posible levantar las medidas de confinamiento y cese de actividades.

Y decidió también aprobar la ampliación del estado de alarma hasta el 12 de abril en los mismos términos en que fue aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del 14 de marzo, lo que implica que, al menos por el momento, no habrá nuevas restricciones a la movilidad como las que reclamaban el varios partidos —PP y Más País entre ellos—, algunos presidentes autonómicos y hasta el socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, partidario de un cierre total de la actividad como única estrategia verdaderamente útil para detener la expansión del virus.

El ministro de Sanidad echó mano de los argumentos que el Gobierno lleva utilizando desde hace días para justificar la validez de las medidas vigentes, que situó de nuevo entre las “más drásticas” del mundo y como “un nivel de cumplimiento de los más altos”. La “mejor nueva medida” que se puede adoptar, repitió, es pedir a los ciudadanos que sigan cumpliendo las que se aprobaron en la declaración del estado de alarma y que a partir de miércoles, si el Congreso así lo decide, extenderán su vigencia al 12 de abril.

Illa evitó hacer referencia al sector de la construcción, que no es una actividad esencial y que es el más importante de los que siguen funcionando, y se limitó a asegurar que no es posible parar ni los transportes que trasladan al personal sanitario, ni los hoteles que van a albergar desplazados, ni las fábricas dedicadas a fabricar recursos para los hospitales y medicamentos. Son “recortes esenciales” que deben seguir funcionando, remarcó.

Desmentido al PP

En la misma comparecencia, el ministro de Sanidad desmintió rotundamente que el Gobierno esté confiscando o dificultando la adquisición de recursos sanitarios en el extranjero por parte de las comunidades autónomas, tal y como llevan días asegurando altos cargos autonómicos del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y reiteró este martes el número dos del partido, Teodoro García Egea. Son “noticias falsas” y bulos” que en nada benefician la gestión de la crisis, subrayó.

El Gobierno, aseguró, lo que está haciendo no sólo es facilitar esas adquisiciones sino que se ha puesto al servicio de las comunidades que están teniendo dificultades para acceder al mercado internacional —la mayoría de estos materiales se fabrican en China— con el fin, adicional, de asegurarse de que las compras se adaptan a los requisitos que exige el correcto funcionamiento del sistema sanitario.

A lo largo de la crisis, recordó Illa, las Comunidades Autónomas nunca han perdido su capacidad para adquirir material sanitario, como les corresponde de acuerdo con sus competencias. Lo único que ha hecho el ministerio, a la vista del desabastecimiento que sufre el mercado de estos recursos como consecuencia de la extensión de la pandemia a todo el mundo, ha sido tomar medidas de apoyo centralizado para ayudar a todos los territorios. E “hicimos bien”, subrayó, porque gracias a esa decisión ha sido posible repartir casi seis millones de mascarillas, y poner en marca la adquisición de pruebas rápidas de diagnóstico, así como la compra de equipos de respiración asistida.

No fue este el único bulo que, según el Gobierno, circula estos días. La ministra de portavoz, María Jesús Montero, en respuesta a las preguntas de los periodistas, formuladas telemáticamente, negó también que el Ejecutivo tenga la menor intención de rebajar un 2% los sueldos de los funcionarios para hacer frente a la financiación de la emergecia sanitaria.

La ministra Montero reiteró que el Ejecutivo aprobará otro paquete de medidas económicas si es “necesario” y recordó que ya se ha aprobado la posibilidad del aplazamiento de deudas y obligaciones tributarias, incluyendo IRPF e IVA, para pymes y autónomos, así como una exención de la cuota para trabajadores por cuenta propia que sufran una caída de facturación del 75% y una prestación para dicho colectivo.

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“Es un aplazamiento importante durante el periodo de crisis” porque durante los tres primeros meses incluye una moratoria con tipo de interés cero y gratis para las empresas, de manera que “en los próximos días muchas pequeñas y medianas empresas harán uso ya y aplazarán sus compromisos fiscales” para que cuando concluya la crisis sanitaria, sean capaces de “recuperar normalidad y atender fielmente” a sus obligaciones tributarias.

Montero defendió que el Gobierno ha puesto “especial interés” en los autónomos para otorgarle “estabilidad” ante la crisis sanitaria y que pueda recuperar la normalidad en el menor plazo de tiempo posible. Este colectivo podrá aplazar el pago e impuestos durante seis meses y se ha aprobado también la exención de cuotas para los autónomos que cesan actividad o sufren una caída de facturación del 75%, además de una prestación. Los que tengan empleados a su cargo que se vean obligados a realizar un ERTE no tendrán que pagar la cuota a la Seguridad Social de sus trabajadores. “No van a tener ningún problema en recibir el crédito por parte de las entidades”, garantizó.

La situación, sin embargo, es “dinámica”, por lo que ante “una crisis dinámica, la economía también” lo es y podrían ver la luz nuevas medidas. “Iremos acompañando las medidas; si en un momento de la prolongación del estado de alarma entendemos que fuese necesario aprobar otro paquete de medidas, así lo haremos”, reafirmó.