El virus pone patas arriba la estrategia de los partidos y agudiza el debate ideológico y territorial

Todo ha cambiado y nada será igual cuando el virus pase. Los escenarios de trabajo que los estrategas de los partidos y del Gobierno desplegaban hace tres semanas ya no existen. Han quedado pulverizados por una emergencia sanitaria cuya intensidad, duración y consecuencias nadie vio venir y que ha desbaratado el inicio de una legislatura a la que, después de casi un año de bloqueo institucional, ya se le acumulaban las asignaturas pendientes.

Desde que la expansión de la pandemia se hizo evidente, incluso para los más escépticos, todo el mundo en el Gobierno y en los partidos representados en el Congreso —también en Galicia, Euskadi y Cataluña, las tres comunidades que tenían previsto votar este año— trabaja pensando en lo que viene: una durísima recuperación y una batalla a muerte por el relato del desenlace de la pandemia en el contexto de una guerra más general en defensa o en contra de la necesidad de reforzar lo público. Con la guinda añadida de los Presupuestos pendientes y de un previsible debate sobre si la estructura territorial del Estado ha tenido algún efecto sobre la crisis.

La prioridad del Gobierno de coalición, hasta hace poco más de tres semanas, era sacar adelante su proyecto de Presupuestos para 2020. Un objetivo para el que necesitaban el concurso de Esquerra Republicana pero cuya viabilidad dependía de dos cosas: los avances en la mesa de diálogo sobre Cataluña y la fecha de las elecciones catalanas. Así que, incluso antes de la pandemia, Hacienda ya trabajaba con la hipótesis de tener que renunciar al proyecto para este año y concentrarse en el de 2021 porque, eso sí lo dejó claro entonces el Gobierno, en ningún caso presentaría el proyecto si no tenía garantizado de antemano el respaldo de la mayoría del Congreso.

En cualquier caso, las cuentas que preparaba la ministra Montero y cuya elaboración estaba muy avanzada han saltado por los aires. Todas las previsiones económicas, de crecimiento, de déficit y de deuda o de recaudación de impuestos son papel mojado en un contexto de fuerte recesión. Los analistas de la OCDE hablan de una caída de dos puntos de PIB por cada mes que dure la crisis sanitaria. Y nadie sabe cuándo dejará de condicionar la actividad no ya de España sino del conjunto de la economía global.

Apenas unos días antes de que el impacto de Covid-19 se hiciese visible en los hospitales españoles, el Senado había aprobado una nueva senda de estabilidad presupuestaria que sustituía a la fijada hace casi tres años por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La senda recién estrenada ya se ha quedado vieja: fija unos objetivos de déficit público del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. Ninguna de estas cifras tiene en estos momentos sustento real. Como tampoco lo tiene el límite del techo de gasto que las Cortes también aprobaron para 2020 y 2021. El futuro carece de soporte previsible.

Las prioridades presupuestarias, establecidas cuando España era uno de los países de la Unión Europea que mejor estaban resistiendo en un contexto de fuerte desaceleración económica, tendrán forzosamente que cambiar en un escenario de profunda depresión en el que ni siquiera hay certeza de que Bruselas vaya a echar una mano. Y que amenaza con tener consecuencias catastróficas en materia de empleo. La hipótesis inicial de que la pandemia dejaría paso a un pronunciada recuperación, sobre todo si los gobiernos son capaces de inyectar dinero en un tejido productivo forzado a la parálisis, han dejado paso a pronósticos más sombríos, sobre todo a medida que se hace evidente que la salida económica de la emergencia se va a demorar varios meses.

Pedro Sánchez había planeado 2020 como una oportunidad de poner en práctica, por fin, el programa social que se propuso llevar a cabo cuando ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018. No lo consiguió entonces —la derecha y los independentistas rechazaron los Presupuestos que llevó al Congreso en febrero de 2019—. No pudo hacerlo durante todo el año pasado, en el que permaneció en funciones durante ocho meses. Así que ahora contaba con aplicar un programa, el que pactó con Unidas Podemos, que incluye el impulso de una agenda que combina el desarrollo de medidas como la legalización de la eutanasia y la profundización de la memoria histórica con el refuerzo de la sanidad, la educación y la dependencia, tres pilares básicos del Estado de Bienestar.

Todo está en riesgo

Ahora, con la crisis que viene, todo eso está en riesgo. El propio Sánchez ha proclamado estos días que los próximos Presupuestos del Estado tendrán que ser “extrasociales”. Y en el contexto de la catástrofe provocada por el virus, cuyo impacto ha sido especialmente acusado en las dos Comunidades Autónomas más afectadas por los recortes sanitarios ordenados por las derechas —Madrid y Cataluña— ha avanzado que la política debe recuperar el “valor de lo público” que estos días se invoca para proteger a la sociedad del impacto de la enfermedad y de las consecuencias de la paralización económica.

En ese debate, la necesidad de reforzar lo público ante la evidencia de que lo privado no está en condiciones de hacer frente a emergencias como la presente, el PP, Vox y Ciudadanos se sitúan del otro lado. Y ya advierten, sobre todo el líder conservador, Pablo Casado, que combatirán cualquier intento de reforzar el papel del Estado, porque si algo une a las tres derechas es su militancia neoliberal.

El PP también se ha visto obligado a adaptar su estrategia. Ya no tiene una mesa de diálogo sobre Cataluña con la que agitar el debate territorial y ha tenido que enfrentar el dilema de cerrar filas con el Gobierno en la peor crisis social, económica y sanitaria que sufre España desde la guerra civil. Y, a pesar de las vacilaciones iniciales, ha acabado por preferir la confrontación. preferirUna estrategia en la que siempre ha estado la ultraderecha de Vox, que desde el principio vio en la situación de emergencia una oportunidad para cuestionar la estructura del estado de las autonomías y el papel de lo público. Y que nunca ha dudado en descalificar sin contemplaciones al Gobierno de Sánchez desde antes incluso de su constitución.

PSOE y PP tenían cuentas que saldar en las elecciones de Galicia y del País Vasco que se iban a celebrar el próximo domingo, 5 de abril. Un examen en el que se suponía iban a jugar un papel importante los primeros meses de gestión del Gobierno de Sánchez —que tomó sesión el 13 de enero— y la actitud de Casado como líder de la oposición, pero que ahora han quedado trastocadas por el impacto de la pandemia, cuyos efectos son visibles casi desde el primer momento en Euskadi y que todavía no ha mostrado su peor cara en la comunidad gallega.

Las UCI de Madrid y Cataluña están "al límite o a punto de alcanzarlo", según Sanidad

Ver más

Los presidentes Alberto Núñez Feijóo (PP) e Iñigo Urkullu (PNV) anticiparon las elecciones para evitar la 'contaminación' del debate catalán. Ahora no tiene más remedio que aceptar que no sólo pueden tener que votar en las mismas fechas que Cataluña —la fecha más probable es otoño— sino que serán los primeros responsables públicos obligados a someter sus cargos a la opinión de los votantes tras la pandemia. Y ambos tienen responsabilidades sobre sus respectivos sistemas sanitarios.

La cuestión catalana no ha desaparecido del todo, de la mano del president Quim Torra, pero sí ha quedado en suspenso. La segunda reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que hasta hace tres semanas focalizaba gran parte de la atención de los medios y que debía haberse celebrado en marzo, se ha quedado sin fecha. Y todo apunta a que pasarán muchos meses antes de que la agenda sanitaria y económica permita su celebración.

Está por ver, además, si la profundidad de lo que está ocurriendo tiene envergadura suficiente para alterar las alianzas nacidas de las últimas elecciones. Ciudadanos, ya de la mano de su nueva líder, Inés Arrimadas, está jugando la carta de la colaboración institucional y ha ofrecido incluso ayuda al PSOE para sacar adelante los Presupuestos. Una mano tendida que Sánchez, según fuentes socialistas, no aceptará si implica tener que renunciar a las políticas sociales, así como a su alianza con Unidas Podemos.