El decreto de hibernación de la economía no esencial enfada a la patronal y a las comunidades contrarias a la medida

Al final, pudo más la tardanza en el cambio de tendencia de las cifras de infectados que el miedo a hipotecar la recuperación económica cuando pase la pandemia. Y el miedo al colapso, cada vez más próximo, de las unidades hospitalarias de cuidados intensivos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de escuchar a los expertos y a sus colaboradores más estrechos, tomó el sábado la decisión de endurecer las medidas de confinamiento. Y entre quienes reclamaban, como el vicepresidente Pablo Iglesias, el cierre total de las actividades no esenciales y los que, como la vicepresidenta Nadia Calviño, pedían lo contrario, optó por una medida provisional aprovechando el colchón de la Semana Santa: una hibernación económica limitada a ocho días. Es decir: esperar y ver cómo evolucionan las cifras.

La decisión pilló por sorpresa a empresarios y gobiernos autónomos a pesar de las evidencias de que la medida estaba encima de la mesa, como atestiguan las crónicas de los periódicos y el propio Gobierno confirmó el viernes. La patronal fue informado poco antes de que Sánchez hiciese el anuncio, en una intervención televisada a última hora de la tarde del sábado. Y los gobiernos autonómicos contrarios a la medida, como el del País Vasco, encajaron mal que su opinión no hubiese sido tomada en cuenta por Moncloa.

Al enfado y la suspicacia de las empresas afectadas contribuyó además la tardanza del Ejecutivo en detallar qué sectores se consideran esenciales y cuáles no. Un retraso que el Gobierno atribuye a razones técnicas y no a discrepancias de fondo, que obligó a añadir una moratoria a la entrada en vigor de las medidas para que las empresas que tienen que cerrar, porque no pueden teletrabajar y su actividad no se considera esencial —sobre todo la construcción— tuviesen tiempo de organizar el cierre de nueve días de actividad.

“Fue mucho trabajo tratar de un día para otro de establecer una medida en que se cesa toda la actividad, las derivadas que tienen y las consecuencias exigen un trabajo técnico”, justificó en la mañana del lunes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en TVE.

La moratoria permitirá que las empresas obligadas a aplicar el permiso retribuido recuperable aprobado este domingo por el Gobierno puedan establecer, si lo necesitan, un “número mínimo de plantilla” o fijar los turnos de trabajo que consideren “imprescindibles” para mantener la actividad que sea “indispensable”. Siempre tomando como referencia la actividad desarrollada en un fin de semana ordinario o en un festivo.

Ábalos defendió que el Gobierno ha tratado de “equilibrar el combate contra la propagación y mantener las bases del sistema económico” y subrayó que los datos de evolución de la epidemia son los que mueven la toma de “decisiones graduales”.

El ministró negó que el Ejecutivo se haya demorado en tomar esta medida e insistió en que las decisiones siguen el “paso de lo que es la crisis” y “respondiendo en función de los requerimientos” de la misma. “Efectivamente no vamos de un modo exagerado por delante”, admitió.

El Gobierno, en cualquier caso, está lejos de haber tranquilizado a los empresarios, a las organizaciones de autónomos y a algunos presidentes autonómicos.

La patronal habla de “precipitación”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusa a Sánchez de haber actuado con “precipitación”. A primera hora del lunes, en declaraciones a RNE, pedía tiempo para saber qué hacer. “Ahora habrá que interpretar el decreto. Hay fábricas donde los turnos empezaban a las diez de la noche. Pensamos que ha habido cierta precipitación. Se nos consultó, pero el sábado a la tarde, y se nos podía haber preguntado cómo se podía hacer y de qué manera. Se podría haber hecho mejor”, acusó.

A pesar de lo cual negó haber presionado al Gobierno para que no aprobara el decreto del domingo. “Yo no doy crédito. ¿Dónde estamos presionando, en qué y para qué? Nuestra actitud ha sido en todo momento colaborativa. La presión la pone el Boletín Oficial del Estado, no nosotros”, aseguró.

Las críticas del presidente de la patronal no se quedan ahí. A pesar de las numerosas ocasiones en que el Gobierno ha agradecido el esfuerzo de las empresas que están ayudando a luchar contra el virus, reprochó al Ejecutivo no haber tenido palabras de agradecimiento a las empresas privadas que, con su solidaridad, están ayudando a combatir la enfermedad, por ejemplo haciendo donaciones o fletando aviones para traer material sanitario desde China. “Todavía no acabo de oír dar las gracias a estas empresas por parte de nadie y creo que tampoco es justo. Por lo menos, dar las gracias”, reclamó.

De pequeños apartamentos a grandes cadenas: los hoteles se reinventan para luchar contra el coronavirus

Ver más

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, acusó a su vez al Ejecutivo de haber dejado“abandonados y en la cuneta” a sus asociados y exigió a través de Twitter medidas para “no abocar a decenas de miles de autónomos a la ruina absoluta y el cierre de muchas empresas”.

Entre los gobiernos autonómicos es el del País Vasco el que más ha dejado patente su enfado por la decisión y por la forma en que se ha tomado, sin tener en consideración su petición para que las medidas pudiesen tomar forma diferente en cada territorio. No obstante, su portavoz, Josu Erkoreka, explicó en la mañana del lunes que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu “está centrado ya” en el cumplimiento del Real Decreto Ley con “independencia de las discrepancias”. Erkoreka, en declaraciones a la Cadena SER, lamentó que no se haya tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas y que sus presidentes solo fueran convocados el lunes cuando la decisión ya había sido tomada.

Tampoco el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo (PP), estaba contento este domingo. Reclamaba un cierre “ordenado” de las actividades no esenciales y mostraba su “preocupación” por “desconocer con detalle” el decreto, que no fue publicado hasta la media noche, y no poder plantear alegaciones y propuestas.