Sánchez quiere que la implicación de Arrimadas en los pactos deje a Casado sin margen para negarse a participar

Se trata de “repartir el dolor”, según una de las fuentes del Gobierno con las que ha hablado infoLibre. El presidente Pedro Sánchez y su equipo económico saben que las medidas de reconstrucción económica y social que tendrá que impulsar para paliar las consecuencias de la pandemia, especialmente la destrucción de empleo, y devolver el pulso a la actividad de las empresas y los autónomos van a ser duras.

De ahí que su prioridad sea cerrar un acuerdo lo más amplio posible. Para conseguir el efecto deseado, reconocen fuentes de Moncloa, cualquier pacto de esta naturaleza debe incluir, como mínimo, a la patronal, los sindicatos y el Partido Popular. Además del Gobierno de coalición y las dos fuerzas políticas que lo integran, PSOE y Unidas Podemos. Así que Pablo Casado tiene la llave que puede hacer viable el acuerdo o impedir que fragüe, también porque si entra el PP lo harán a su vez sus Comunidades Autónomas y municipios.

No obstante, en el Gobierno son conscientes de las dificultades que entraña conseguir la participación del PP, al que sitúan en una estrategia de utilización de la crisis sanitaria y económica para socavar el Gobierno, tratar de dividir a los dos partidos que lo forman y forzar, en última instancia, nuevas elecciones en un momento de especial gravedad para el país.

Así que que en Moncloa no se hacen muchas ilusiones. Si el pacto sale adelante con la participación del PP, aseguran, será lo mejor para España. Y si fracasa porque Pablo Casado no quiere ni siquiera participar en el diseño de las recetas económicas y sociales que hay que poner en marcha para atajar la catástrofe que se avecina y reducir tanto su profundidad como su duración, el PP se habrá “retratado”. Y habrá dejado las manos libres al Gobierno para llegar a acuerdos con otras fuerzas de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que necesariamente deberán empezar a aplicar la hoja de ruta de reconstrucción económica y social que marcará los próximos años.

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Vencer la resistencia de Casado a sentarse a negociar con todos los partidos, la patronal, los sindicatos y las Comunidades Autónomas un gran acuerdo de reconstrucción económica y social para afrontar los profundos daños que dejará la pandemia se ha convertido en el objetivo central del presidente Sánchez.

Y para conseguirlo, el Gobierno se ha propuesto alimentar la buena disposición que, desde el principio, ha mostrado la nueva presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. La sucesora de Rivera combina desde hace días las críticas a la gestión que el Gobierno ha hecho de la pandemia con un llamamiento constante a la negociación de un gran acuerdo que incluya a todos los partidos, a los agentes sociales y a las comunidades autónomas, un punto de partida que encaja como un guante con la propuesta de Sánchez. Y eso que Arrimadas salpica todas sus declaraciones de desconfianza: advierte constantemente que no consentirá un pacto para “cambiar de régimen” o contribuir a “imponer la ideología de Podemos”.

Este concepto, la imposición de la “ideología de Podemos”, se ha convertido en un lugar común no sólo del argumentario de Ciudadanos sino de Vox y del PP. Y es la fórmula que la derecha ha elegido para oponerse a cualquier plan que trate de aprovechar de reforzamiento de lo público, del Estado de Bienestar, que es uno de los objetivos de Sánchez para la legislatura.

Para achicar el espacio a Casado, el Gobierno se anotó este jueves no sólo la confirmación de que Ciudadanos participará sino que también lo hará Junts per Catalunya. La formación independentista, que lidera en el Congreso la diputada Laura Borràs, se había mostrado hasta ahora contraria a entrar en debates o negociaciones que no tuvieran carácter bilateral pero esta vez ha aceptado plantear y defender sus recetas para reparar los daños que la pandemia está causando a la empresas y a los trabajadores. Eso sí: Borràs ha dejado claro que si en algún momento se plantea la necesidad de reforzar el Estado autonómico, lo que hará es defender que ese ya no es su modelo y reivindicar la independencia de Cataluña.

También dijeron que sí a la propuesta de Sánchez Podemos, el PNV, Más País y Compromís. Cada uno con sus prioridades y sus peculiaridades pero aceptando la tesis de fondo: serán necesarias medidas, lo más consensuadas posibles, para afrontar la profunda crisis que ha provocado el covid-19. Al margen sólo se han situado, de momento, Vox y la CUP, los dos extremos del arco parlamentario. El BNG se reunió telemáticamente con el presidente pero reservó su decisión final y no la tomará hasta la semana próxima, según fuentes de la organización nacionalista gallega.

Amplio apoyo

El Gobierno celebró como un éxito tener ya un compromiso para sentarse a la mesa por parte de fuerzas políticas que, de momento, superan en conjunto ampliamente la mayoría absoluta del Congreso. Esta cifra puede aumentar en la próximas horas si Sánchez convence a Esquerra, a EH Bildu y a otras fuerzas minoritarias como UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, el PRC y Teruel Existe. El Ejecutivo calcula que la propuesta de pactos puede acabar teniendo el respaldo de patidos que representan a más de 200 diputados antes incluso de que el PP acepte hablar con Sánchez.

Ese amplio respaldo, así como el que transmitan CEOE y los sindicatos, es lo que el Gobierno usará para presionar a Casado para que abandone su negativa a negociar estos pactos y su plan para trasladar cualquier acuerdo a los foros que ya existen o que se puedan crear en el Congreso y el Senado. Este jueves Moncloa insistía en la disposición del presidente a hablar con Casado “cuanto antes”, a ser posible el viernes o el sábado, para no perder tiempo y poner en marcha las negociaciones la semana que viene. Tenemos la absoluta disposición a reunirnos cuando el PP quiera”, remarcó desde Moncloa la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Pero no será sencillo. Buscar la complicidad de Ciudadanos puede ahuyentar escaños nacionalistas que son claves para el Gobierno, como los de Esquerra y el PNV, porque el centro de gravedad en el que quiere apoyarse el Gobierno sigue estando a la izquierda y en el respeto a las identidades territoriales. Arrimadas ya remitió el martes a Sánchez una propuesta por escrito con un temario y una mecánica de trabajo que, sobre el papel, encaja al menos en parte con lo que pretende Moncloa. A diferencia de Casado, la sucesora de Rivera sí cree que es urgente reunirse y “buscar consenso. No podemos perder tiempo” porque “es urgente salvar vidas y empleos. No para tapar errores sino para corregirlos”.

El PP, en cambio, traslada desconfianza absoluta. No quieren ni oír hablar de unos pactos de reconstrucción y no creen en la voluntad de Sánchez de llegar a ningún acuerdo. Como alternativa ofrecen buscar acuerdos “con luz y taquígrafos” en el Congreso y el Senado y a través de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Para ponerse de acuerdo en materia de políticas sociales, refuerzo de los servicios sanitarios, atención a los mayores, ampliación de las rentas de inserción, ayudas a empresas para mantener empleos, gestión de los fondos de ERTE europeos, sostenibilidad de las pensiones, pacto educativo y la aprobación de decretos de “activación económica”.

Casado —en esto coincide con Arrimadas— quiere además que el Gobierno pacte un “plan de choque sanitario”. Pero el Gobierno no va a poner eso encima de la mesa. La lucha contra la pandemia está en marcha y lo que Sánchez quiere es otra cosa: pactar las medidas —muchas de ellas duras— que habrá que tomar después para sacar la economía española del abismo en el que está cayendo y evitar lo que pueden ser consecuencias sociales gravísimas.

El presidente cree “que cada minuto cuenta” y “valora el papel determinante que en este gran pacto para la reconstrucción social y económica han de jugar todos y cada uno de los principales partidos democráticos”, subrayan fuentes de su Gobierno.

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En mente Sánchez tiene, según fuentes de Moncloa, la necesidad de tomar medidas que inevitablemente serán “impopulares” en un contexto que con toda probabilidad supondrá una caída del PIB cercana al 10%, e incrementos del déficit y de la deuda pública de 9% y el 20%, respectivamente. Una recesión de una profundidad sin precedentes desde la Guerra Civil.

Por eso quiere medidas que sean asumidas por todos. Para que partidos, empresarios, sindicatos y gobiernos autonómicos asuma una parte del coste de lo que viene, porque no va a ser barato e incluirá desde subidas de impuestos para las grandes empresas a obligada contención salarial para los trabajadores y hasta puede que congelación de pensiones y de sueldos para los empleados públicos, según las fuentes consultadas por infoLibre.

La negociación de los pactos, tal y como la está preparando Moncloa, incluye la creación de una Mesa para la Reconstrucción Social y Económica del país, formada por todos los partidos con representación parlamentaria que quieran participar, un espacio de negociación institucional en el que se sienten el Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y un tercer ámbito aún más relevante: la mesa de diálogo social formada por la patronal y los sindicatos.