Ofertas a la baja, fondos de inversión y mileuristas en la zona cero de la pandemia: así funciona el círculo vicioso de las residencias

Hay más de 10.000 muertos contabilizados ya. Las residencias de mayores se han convertido en la zona cero de la pandemia. Se trata de un sector dominado por el capital privado, pero cuyo negocio sólo es posible gracias a la financiación pública, vía conciertos –plazas públicas en residencias privadas– o concesiones –gestión privada de residencias públicas–. El funcionamiento del sistema dibuja un círculo vicioso. Las procedimientos de licitación favorecen las ofertas a la baja de los grandes grupos. Luego viene el ajuste sus costes, con el consiguiente deterioro de las condiciones laborales y del servicio prestado.

Las alertas llevan años saltando. Un informe de UGT de 2015 señala: "Se han realizado contratos públicos que han admitido bajadas de precio de licitación inicial de millones de euros de las empresas con requisitos de personal exiguos". "Las estructuras laborales han sido gestionadas a través de criterios económicos, olvidando lo avanzado en derechos laborales", añade. La situación se ha "agravado" al "no existir suficientes controles e inspecciones". Las consecuencias detectadas por UGT son: "incumplimiento de pliegos con el beneplácito de la administración", "precariedad y estrés laboral", más "situaciones de incapacidad temporal"...

Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, explica: "El que oferta más a la baja se lleva el contrato. Eso no favorece la calidad". Pone como ejemplo la residencia del Ensanche de Vallecas. Con un presupuesto de licitación total de 10,2 millones, fue adjudicado en prórroga en 2017 a Aralia por 8,4 millones. Era la más baja de las diez ofertas presentadas. ¿Qué pasó al final? El Gobierno de la Comunidad de Madrid acabó multando a la empresa por faltas de "especial gravedad" que afectaban a las más condiciones elementales higiénicas [ver aquí información en detalle].

infoLibre analiza el círculo vicioso del sector apoyándose en informes, normativa y puntos de vista de expertos, sindicatos, familiares y patronal.

Un sector en manos privadas

El sistema se inserta en una corriente triunfante, la "colaboración público-privada" [ver aquí y aquí informaciones sobre el modelo]. No obstante, dentro del Estado del bienestar en España, el peso de lo privado en el sector de las residencias de mayores es caso aparte. "En sanidad y educación, predomina la titularidad pública. Aquí casi toda la oferta es privada. Se ha optado por poner un servicio público en manos privadas, por razón de costes", señala Rafael Granell, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.

En España hay 372.985 plazas, con datos de 2019. 271.696 se encuentran en centros privados (72,8%) y 101.289 en públicos (27,1%). Hay unas 87.000 plazas concertadas y algo más de 35.000 gestionadas en concesión. En total, hay unas 112.000 plazas que financian las administraciones públicas para que el servicio lo presten otros actores. La mayoría son empresas, pero también hay entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones y alguna cooperativa).

Oportunidad y ventaja para las grandes

Granell, junto a sus colegas en la Universidad de Valencia María Ángeles Tortosa y Amadeo Fuenmayor, son autores del informe Instrumentos de financiación y gestión en residencias de personas mayores, de 2017, un negativo de la fotografía de las residencias. Las "presiones por controlar el gasto público" han impulsado una "huida del Estado y del derecho administrativo", señalan los autores, que anotan: "Preocupa que los intereses económicos privados prevalezcan sobre los de bienestar social". A tenor del informe, hay motivos para esa "preocupación".

La crisis de 2008, junto con las posteriores restricciones de gasto, dejaron la Ley de Dependencia a medio desarrollar. "El Estado en teoría tenía que financiar la ley al 50%, pero en la práctica dejó a las autonomías el 70% o el 80%", explica Granell. Las autonomías adjudicaban concesiones y conciertos residenciales en un contexto de fuerte demanda por el envejecimiento de la población. El mapa cambió. "Teníamos un sistema muy ligado a la Iglesia y a las entidades sociales. Residencias pequeñitas. ¿Qué ocurre con la ley de dependencia? Aumentan los recursos y las plazas. Y surge el interés de las grandes empresas, que son las que tienen la capacidad para construir infraestructuras y entrar en un mercado nuevo", explica ahora Granell. El autor del informe señala que las grandes empresas no sólo tienen ventaja por sus "economías de escala", que permiten pujas a la baja. "Estos grandes grupos tienen facilidad para cumplir las exigencias de infraestructuras y servicios, que requieren inversiones de partida muy costosas", añade.

Las principales firmas en España son DomusVi, Orpea y Vitalia. infoLibre, que desarrolla una investigación sobre el sector, ha desvelado que Domusvi, tiene cinco centros de mayores intervenidos por las autoridades y acumula denuncias de familiares. Controlada por un el fondo británico Intermediate Capital Group, alimenta su negocio con dinero público de 82 administraciones. Por su parte, Vitalia esconde su propiedad tras una red societaria que pasa por territorios fiscalmente opacos.

Fallos y riesgos

El informe detecta hace un retrato demoledor de conciertos y concesiones. En los conciertos, "no siempre se produce la competencia, porque los procesos no siempre son abiertos sino negociados previamente". "Y tampoco son siempre transparentes, ya que pueden ser no publicados", añade. "La mayor parte de las veces se decide la adjudicación sólo en base al criterio del precio", apunta el informe.

Las concesiones administrativas en ocasiones "transfieren pocos o ningún riesgo a las concesionarias". "Quedan abundantes elementos no especificados en el contrato debido a los problemas inherentes en la medición de los outputs a producir (salud y/o bienestar del mayor). Los elementos que no estén claramente especificados en el contrato podrán crear problemas si la empresa tiende a reducir cantidades y calidades", añade. La posición de dominio de las empresas les permite "ejercer su poder sobre las cantidades/calidades de los resultados a ofrecer y los precios a cobrar".

El informe describe una inercia típica del crony capitalism o capitalismo clientelar: "Si se incumple parte de los contratos no se rescindirá el contrato por miedo al cierre [...] y a las quejas sociales y la consiguiente pérdida de votantes. Esas pérdidas serán asumidas por el sector público y las entidades privadas ineficientes seguirán disfrutando de los contratos. Estas entidades capturan a los políticos por no tener otras opciones".

Escasez de controles

La llamada "colaboración público-privada", como la "administración paralela", tiene su origen en el new public management de raíz thatcheriana. La idea era asemejar la prestación de servicios públicos a la gestión privada, una línea de matriz liberal-conservadora. ¿Qué ha pasado con su generalización en España? Se ha ido generando una estructura atomizada donde los requisitos de acceso, los controles y la fiscalización se relajan, al tiempo que se rebaja el rigor presupuestario, como explica Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo, en Las Administraciones españolas (Tecnos, 2018). España tiene un problema añadido. El entusiasmo en la aplicación de la CPP –como se la conoce en el argot al uso– no ha corrido en paralelo al desarrollo de la mentalidad anglosajona de rigor en la rendición de cuentas. "En general, en España hay poca labor de auditoría a posteriori. En los países anglosajones esa cultura está más desarrollada. Aunque estamos avanzando, ese problema está ahí".

Ese "problema" engorda el círculo vicioso. Cuando la Administración detecta un incumplimiento y abre un expediente, suele acabar resolviendo con penalizaciones mínimas. Son raras las sanciones. Desde que en la Comunidad de Madrid se iniciaron las concesiones de residencias, hace tres décadas, nunca se ha rescindido un contrato. El informe de Granell, Tortosa y Fuenmayor plantea la necesidad de "introducir medidas de regulación pública y de auditoria de gastos", así como de "vigilar mejor el cumplimiento de las entidades adjudicatarias" para evitar "situaciones fraudulentas o corruptas".

"Es necesario distinguir entre entidades mercantiles y otras más sociales, que no tienen ánimo de lucro. En las mercantiles, una vez cumplidos los requisitos, la prioridad es ganar dinero, como es lógico. Ocurre en cualquier sector. Si no hay beneficios, cambian al gestor", señala Granell. Por este motivo, y al haber salud en juego, su informe señala que es "de gran importancia" introducir en los contratos "condicionantes de calidad y de obtención de determinados resultados en salud/o cuidados". El estudio recomienda expresamente "eliminar los procedimientos sin publicidad" y "evitar adjudicaciones con ofertas excesivamente bajas que luego supongan renegociación de precios".

Costes, ratios y convenios

Una ley exigente. Restricciones presupuestarias. Mucha demanda. Grandes empresas. Pujas a la baja. Necesidad de beneficios. La situación se va complicando. Las administraciones también aprietan. Un informe de Envejecimiento en Red de 2018 cifra en 53,30 euros la subvención pública de la Comunidad Valenciana por plaza y día. Ahí entra limpieza, comida, cuidados... Todo. El acuerdo marco de la Comunidad de Madrid establece costes por plaza similares: 52,41 euros más IVA.

Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicio para la Dependencia (Aeste), sitúa ahí un quid del problema. "Con gestión pública directa, por la información que nosotros conocemos, pero que no es pública, a la Comunidad de Madrid le cuesta 90 euros la plaza al día. Si lo ponen a 52, están apretando mucho".

"Las patronales se quejan de la financiación, y es verdad que no hay suficiente financiación. Pero hay algo seguro y es fácil de comprobar leyendo la prensa económica. Hasta ayer era un sector muy al alza, que interesaba a enormes empresas europeas y mundiales. Si interesa, es que hay dinero", señala Gracia Álvarez, responsable de Sanidad de UGT, que denuncia que trabajadores –mujeres, en su mayoría– y consiguientemente residentes pagan las estrecheces del sector.

Veamos el convenio estatal de 2018, firmado por CCOO y las patronales FED, Lares y Aeste. Una gerocultora, la que se encarga del cuidado diario de los ancianos, cobra según el convenio 985,34 euros de salario base. Festivos y domingos, 18,49 euros más. La hora extra, a 13,59. El salario base de una limpiadora es de 893,15 euros. Las tensiones por las situaciones de precariedad son frecuentes. Trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa han estado 243 días de huelga en defensa del convenio colectivo, una movilización interrumpida ahora por el coronavirus. Junto a la protesta por las condiciones, abundan las alertas por falta de personal. Satse ha denunciado carencia de medios. En un informe de 2019, señalaba que había 0,06 enfermeras por cama.

"Hay un deterioro general", señala Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias. "Las ratios están mas para garantizar el negocio que para dar buena atención", señala. La norma estatal de 2008 establecía una ratio global de 0,47 trabajadores por discapacitado de grado III. En el caso de las gerocultoras, la ratio era del 0,28. Pero el diablo está en los detalles. "En el denominador de esa ratio están los residentes, que están los 24 horas, y en el numerador los trabajadores, que no están las 24 horas. Esa ratio, divídela entre tres", señala.

El informe de UGT sobre el caso de Aragón señala una involución al comparar los acuerdos-marco de 2010-2014 y de 2015-2018. El segundo "ha supuesto una involución respecto a la exigencia de personal de la administración hacia las empresas con las que concierta plazas", recoge el informe. Y añade: "La normativa mínima vigente ampara a la empresas con prácticas negativas que precarizan las condiciones [...]. También merecen una valoración negativa las licitaciones, en cuyos pliegos de condiciones se ha permitido que las empresas realicen bajadas 'millonarias' de precios para obtener la gestión de los centros. Una práctica que ya está teniendo consecuencias sobre los trabajadores".

Precariedad laboral

Así es: a la escala política, todo tiene consecuencias. Aquí, algunas consecuencias laborales. "Estoy cansada de ver inspecciones de gente muy bien arregladita, con carpetas y burocracia [...]. Se limitan a ir muy serios, pero seguimos igual", escribía con enojo en 2018 en una carta enviada al periódico El Salto Pilar Montolio, con 23 años de experiencia en residencias, que expresaba su cansancio, enfado y decepción: "Creía que con gobiernos del cambio por fin dejarían de hacerse las cosas solo para ganar dinero o para quedar bien, creía que por fin formaríamos parte la gente que estamos las 24 horas del día con ellas/os, porque somos quienes los levantamos, lavamos, afeitamos, cortamos uñas, limpiamos sus orinas y heces, vómitos, mocos, comida, babas...".

UGT en Aragón apunta: "La precariedad laboral ha aumentado exponencialmente". ¿En qué se concreta? Según este informe, en aumento de los contratos a tiempo parcial, disminución de indefinidos a tiempo completo, más lesiones, más estrés...

Un informe de CCOO en Extremadura, presentado a finales de 2019, alertaba del aumento de benzodiacepinas entre las trabajadoras del sector de la dependencia, que ha pasado de un 5,7% en 2008 a un 8,6% en 2014. El sindicato denunciaba crecientes problemas muscoesqueléticos y de ansiedad. "Las trabajadoras mantienen salarios por debajo de los 14.000 euros anuales", señala CCOO.

"Las condiciones en las residencias privadas están a años luz de las que hay en las públicas. Proliferan las jornadas parciales. Es difícil que una gerocultura alcance el salario de 950 euros. Todo esto repercute directamente en el servicio", explica, Ana González, de CCOO en la Comunidad de Madrid. Y lanza una reflexión: "Un sistema de protección social público no puede quedar en un 70% en manos de la iniciativa privada. Es un desequilibrio enorme, que se agrava porque tienen ventaja unos grandes grupos con un modelo precario".

Deterioro de la atención

Ramiro Gutiérrez, hijo de una residente en DomusVi de Barreiro (Vigo) de 98 años, ha visitado a su madre "el 99% de los días" mientras ha podido. "Ves día a día lo que ocurre. Cuidar a una persona mayor es física y moralmente duro. Al cabo de un tiempo, el trabajador se deteriora. Y si las condiciones son malas, más todavía. Si hay una base de vocación, el trabajador puede resistir. Si no, pues se pierde empatía, no puedes ir a un ritmo del cien por cien", afirma.

Gutiérrez señala que es imposible calibrar el problema sólo con números. Importa también, dice, "lo que no se ve". "Hay personas que, por su ánimo, no deberían estar en atención a mayores, porque las ratios son bajas. Es muy duro. Y cuando una persona mayor de 85 años no colabora, tú no la puedes levantar sola. Súmale acompañarlos, llevarlos, traerlos, vestirlos... Y eso estando descontento", explica Gutiérrez, que ha visto "cómo se deteriora la atención".

Gracia Álvarez (UGT) recuerda además que "el consejo territorial creado por la Ley de Dependencia estableció unas cualificaciones mínimas muy light, que pueden haber influido en la atención".

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Márgenes

Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste, insiste en la estrechez de los "márgenes", aunque destaca la mayor financiación en Euskadi y Navarra, comunidades que pone como ejemplos. No obstante, sabe que hay descontento laboral y lo entiende. "Todos sabemos que nuestra gente se merece una mejor remuneración. Antes de que ocurriera esto, queríamos reclamar juntos [empresas y trabajadores] un incremento [de financiación] a las comunidades que se trasladaría directamente a los trabajadores", señala Cubero, que destaca el mérito "brutal" de los empleados durante la pandemia.

¿Por qué, si es tan estrecho el margen, acuden empresas grandes, con fondos detrás? Cubero señala: "La mayoría de las grandes empresas no quieren trabajar con plaza pública". Lo hacen, asegura, bajo mucha insistencia de las autoridades autonómicas. "Las comunidades insisten para que no dejes de gestionar un centro. Saben que si lo coge una empresa pequeña, los problemas empiezan rápido y no tienen músculo financiero para aguantar. En muchos casos lo que hay es un compromiso con el servicio". El secretario general de Aeste asegura que, cuando sale un acuerdo-marco, es la autoridad sanitaria la que se interesa por que las empresas se presenten, porque "sin ellas las comunidades no tendrían plazas suficientes" para atender tanta demanda.