El Gobierno cumple 100 días volcado en el covid-19, buscando diálogo con el PP y con sus planes para la legislatura detenidos

Parece que ocurrió hace una eternidad pero en realidad pasó hace apenas 100 días. El Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, un Ejecutivo integrado por el PSOE y Unidas Podemos, cumple este miércoles poco más de tres meses de vida. Y en vez de hacerlo como estaba previsto, con una rendición de cuentas en la que el presidente se proponía sacar pecho por la gestión de las primeras semanas y proyectar sus planes para los próximos meses, Sánchez pasará la efeméride entre reuniones sobre el covid-19 y la puesta en marcha de sus ambiciosos pactos de reconstrucción económica y social, con los que quiere comprometer a partidos, empresarios, trabajadores, comunidades y ayuntamientos en la salida de la peor crisis que sufre España desde la Guerra Civil.

Rendir cuentas cada 100 días, no sólo por las primeras semanas de gestión sino como una forma de autoexigencia durante toda la legislatura, fue una de las primeras promesas que Sánchez dio a conocer nada más superada la la votación de investidura. Pero en medio de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, nadie en Moncloa quiso confirmar a infoLibre si el Gobierno cumplirá esta semana su compromiso. El coronavirus ya está obligando “a rendir cuentas todos los día”, señaló un representante del equipo de colaboradores del presidente.

Pieza clave de esta tarea de rendición de cuentas es Francisco Martín Aguirre, que en enero pasó de jefe de gabinete del secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, con el que comparte una amplia trayectoria en el PSOE, a director del departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental. Martín, adscrito a la Secretaría General —y por tanto a Iván Redondo, el hombre fuerte del equipo presidencial en la Moncloa— tiene como misión el análisis y control de la programación y la implementación de la actividad gubernamental, coordinando esta tarea con el conjunto de los departamentos ministeriales. Suya es, por tanto, la tarea de preparar la información y los mecanismos precisos para la rendición de cuentas periódica prometida por Sánchez.

“Vamos a rendir cuentas de los avances en cada una de las áreas, de los departamentos en cada uno de los ministerios y queremos también rendir cuentas regularmente de los progresos que vayamos realizando en estos meses de actuación del nuevo gobierno, lo vamos a hacer cada 100 días”, prometió el presidente ante los periodistas en su primer comparecencia tras la investidura en los primeros días de enero, antes incluso de que sus ministros tomasen posesión de los cargos.

Su intención era implicar en la rendición a todos los departamentos del Gobierno y hacer de ese proceso un ritual ante la prensa en la Moncloa cada 100 días. “Imagino que la oposición no me llamará cada 100 días sino cada 100 segundos para que comparezca en el Congreso”, ironizó ese día cuando le preguntaron porqué no planteaba esa rendición de cuentas en la Cámara baja.

Cinco grandes transformaciones

El objetivo de este modelo era mostrar los avances que se fuesen produciendo en el país en los cinco grandes retos que, según Sánchez, ignorante todavía de la profundidad de la pandemia que se estaba gestando, España tenía por delante en esta legislatura. Cinco grandes transformaciones que ahora su Gobierno tendrá que adaptar a las circunstancias: robustecer la economía adaptándola a la evolución científica y tecnológica y generando empleo de calidad, propiciar la cohesión territorial del país a través del entendimiento y el equilibrio territorial, promover la justicia social y amparar a las personas con menos recursos; encarar la emergencia climática y alcanzar la plena igualdad real de la mujer y de cualquier persona que sufra discriminación en su vida.

Pero no sólo eso. En esa rendición de cuentas el Gobierno también pretendía informar de los obstáculos que encuentre en el camino para poner en marcha y lograr estos objetivos. Lo que anticipaba duros reproches para la oposición, especialmente para el PP de Pablo Casado.

Casi la mitad de estos cien días han transcurrido en estado de alarma, durante la cual la gestión de la pandemia ha consumido toda la actividad de un Ejecutivo obligado a aparcar todo lo demás. Apenas tuvo tiempo, en las semanas precedentes, para aprobar la revalorización de las pensiones, la subida de sueldo de los funcionarios y la elevación del salario mínimo interprofesional a 950 euros mensuales, un poco más cerca del compromiso de situarlo en el 60% del salario medio al final de la legislatura.

Esta tiene que ser “la legislatura del diálogo”, asegura Sánchez siempre que tiene oportunidad. Y así empezó, después de casi un año de bloqueo institucional: con diálogo y pactos entre el PSOE y Unidas, ERC, PNV, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG. Una larga lista de compromisos de la que depende la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado —en España siguen en vigor lo de Mariano Rajoy de 2018— y la estabilidad de toda la legislatura. Y que ahora además debe hacerse compatible con la economía pospandemia, que los organismos internacionales ya han comenzado a describir en términos de recesión histórica.

Aparcados han quedado también los primeros proyectos y proposiciones de ley patrocinados por la mayoría de izquierdas que da soporte al Gobierno, desde la regulación de la eutanasia, a la reforma de la ley de memoria histórica pasando por la derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la ley de enjuiciamiento criminal, que está poniendo en riesgo muchas investigaciones judiciales en materia de corrupción. El Congreso de los Diputados trabaja bajo mínimos y apenas está en condiciones de celebrar las sesiones inaplazables relacionadas con el covid-19.

Durante estos 100 días del primer Gobierno de coalición de la democracia española desde la aprobación de la Constitución Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sido capaces, contra toda pronóstico, de mantener la unidad de acción. Es verdad que han sido varios los episodios en los que las discrepancias sobre asuntos concretos han salido a la luz, pero en todos los casos los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, presidente y vicepresidente segundo, han sido capaces de resolver el problema.

Problemas de comunicación

Otra cosa es la coordinación en la comunicación, que no siempre ha funcionado. En los conflictos sucedidos hasta ahora se ha repetido siempre la misma secuencia: cuando Unidas Podemos percibe que un asunto que consideran importante se atasca, trasladan a los medios su discrepancia para forzar que sean Sánchez e Iglesias quienes, negociando por arriba, solucionen el dilema. Es lo que ha pasado, al menos, con la ley de Libertad Sexual, con las ayudas a los alquileres o más recientemente, con los plazos para la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

Pieza clave de la legislatura, como consecuencia del delicado equilibrio de fuerzas que dio lugar a la investidura, es la evolución del conflicto en Cataluña. El nuevo Gobierno tuvo tiempo de poner en marcha la mesa de diálogo con la Generalitat de la que depende la voluntad de Esquerra de facilitar la aprobación de los presupuestos que Sánchez necesita para llevar a cabo sus planes económicos y sociales, pero nada más. La mesa se paralizó, como casi todo en España, justo cuando iba a entrar en materia, el pasado mes de marzo.

Sigue sin fecha pero, aunque los republicanos no presionan para que reanude de inmediato sus trabajos, continúa en el foco del independentismo. Aunque ya sin la presión de la convocatoria anticipada de elecciones, una decisión que el president Quim Torra —pendiente de que el Tribunal Supremo confirme su inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral y le obligue a renunciar al cargo— parece haber suspendido al menos mientras dure una pandemia que también se ha llevado por delante las elecciones en Euskadi y Galicia, que debían haber tenido lugar el 5 de abril y que, en cualquier caso, habrá que celebrar antes de noviembre.

Detenido en el tiempo ha quedado también, aparentemente, uno de los proyecto más polémicos del Gobierno, vinculado directamente con el conflicto catalán: la reforma del Código Penal que puede implicar la salida de los presos condenados por el procés y facilitar así el desbloqueo de la situación política en Cataluña. Y también la ofensiva de la derecha, política y mediática, por tratar de desacreditar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras el incidente de Barajas durante una escala de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. O la respuesta de las administraciones a la crisis de la agricultura y la ganadería españolas, sometida a la presión de tener que hacer frente a costes de producción cada vez más elevados en un mercado en el que los precios de los productos siguen a la baja.

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Durante este tiempo, Sánchez ha intentado repetidamente conseguir que el PP entre a negociar acuerdos. Lo intentó, sin ningún éxito, para conseguir la renovación de órganos del Estado como el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Consejo de Administración de la corporación RTVE. Y lo vuelve a intentar ahora en nombre de la gravedad de la situación económica provocada por la pandemia, aunque el líder conservador, Pablo Casado, todavía se resiste. Llegar a acuerdos con Sánchez es incompatible con la estrategia de la derecha de tratar de minar la estabilidad del Gobierno y forzar su caída este mismo año.

El lunes el presidente se volverá a ver con Casado, esta vez por videoconferencia, para intentar que se sume a la negociación ed los pactos de reconstrucción económica y social con lo que el Gobierno quiere afrontar los daños que el covid-19 ha causado en el tejido productivo y el empleo de toda España. Ya tiene el sí del resto de la inmensa mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria pero necesita convencer al PP. Si el principal partido de la oposición no se involucra, la negociación de los acuerdos carecerá del amplio respaldo que Sánchez quiere conseguir.

100 días después de que el Gobierno echase a andar, en Moncloa insisten en la vigencia, más que nunca, de la “legislatura del diálogo”. El mundo anterior al virus acabó el 10 de marzo. Ese día el presidente se dirigió por televisión a toda España y anticipó lo que estaba llegado: vendrán “semanas duras”, advirtió. Para hacerles frente estaba dispuesto a hacer “lo que haga falta, cuando y donde haga falta”, remarcó. Lo que siguió a aquellas palabras han sido seis semanas de estado de alarma y confinamiento obligatorio de la población que todavía no tienen fecha de caducidad.