PP y Vox culpan a Iglesias del drama en las residencias obviando que la competencia exclusiva es autonómica y sigue intacta

PP y Vox llevan varias semanas culpando al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, de la muerte de miles de personas en las residencias de mayores de toda España como consecuencia de la pandemia del covid-19. Las dos derechas, la de Pablo Casado y la de Santiago Abascal, intentan hacer creer que la decisión del Gobierno, tomada el 19 de marzo, de poner a Iglesias al frente de las operaciones para intentar frenar el drama que ya se estaba produciendo en estos centros exime de responsabilidad sobre lo ocurrido a los ejecutivos autonómicos, incluidos aquellos de los que son responsables desde hace décadas.

Tal es el caso de Galicia, que preside con mayoría absoluta Alberto Núñez Feijóo desde 2009. O de Castilla y León, ahora en manos de una coalición integrada por el PP y Ciudadanos pero cuyas políticas sociales las deciden los conservadores desde hace 33 años. Lo mismo suceden en Madrid y Murcia, dos comunidades gobernadas por coaliciones PP-Ciudadanos que acumulan un cuarto de siglo de ejecutivos de derechas. Y de Andalucía, aunque en este caso la coalición de derechas tiene menos historia —gobierna desde hace apenas año y medio—. En Madrid, Murcia y Andalucía, además, la presidencia está en mano del PP gracias a la ultraderecha de Vox.

La situación de las residencias de mayores en estas cuatro comunidades, como en las del resto de España, es responsabilidad exclusiva de los gobiernos autonómicos. Y no desapareció con el estado de alarma.

Sobre la competencia, hay pocas dudas. Es del todo autonómica. El texto constitucional no hace una referencia explícita a las residencias de mayores pero sí incluye la asistencia social en el artículo 148 como una de las competencias cedidas a las comunidades autónomas. Es este precepto el que dio soporte al sistema de servicios sociales español, de naturaleza descentralizada, política y administrativamente, y que se ha articulado a través de 17 leyes autonómicas de servicios sociales, una por territorio. Así lo reconoció además el Tribunal Constitucional, que en su día avaló la posibilidad de que los Estatutos de cada territorio asumiesen la totalidad de las potestades públicas sobre esta materia.

Como competencia autonómica que es, no existe un marco estatal que lo defina a diferencia de otros que sí cuentan con una legislación básica estatal. Históricamente se han realizado varios e infructuosos intentos de redactar y promulgar una ley estatal de servicios sociales. Las únicas normas estatales que afectan a la atención a los mayores son la 33/2011, de 4 de octubre, la Ley General de Salud Pública, que regula la promoción de la salud en hospitales y residencias. O la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Más allá de ese marco, lo que sucede en las residencias de mayores es competencia de los gobiernos autonómicos.

Serán los jueces quienes en última instancia determinan quién es el responsable de los miles de fallecimientos de personas mayores en las residencias de toda España. Pero para conocer cuál es la responsabilidad política de la Vicepresidencia de Derechos Sociales no hace falta esperar: basta con leer el contenido de los decretos aprobados por el Gobierno en esta materia, que en ningún momento privaron a los ejecutivos autonómicos de sus competencias.

No lo hizo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y que sigue en vigor gracias a las prórrogas autorizadas por el Congreso de los Diputados.

Diez días antes de la declaración del estado de alarma, el 5 de marzo, Vox se disponía a celebrar su multitudinaria asamblea en Vistalegre (Madrid) y el PP acusaba de alarmismo a quienes advertían del riesgo del virus —la Comunidad de Madrid, uno de los focos de la enfermedad, aseguraba tener todo bajo control—. Aquel día, con tres muertos y 261 contagios confirmados, el Gobierno central aprobó un protocolo de recomendaciones —no podía hacer otra cosa al carecer de competencias— para que las Comunidades Autónomas tomasen medidas y previniesen la llegada de la infección a las residencias de mayores.

Medidas para actuar

Aquel protocolo proponía medidas para actuar en caso de que los trabajadores o los internos desarrollasen síntomas respiratorios así como para pedir a familiares y visitantes que no acudiesen a los centros, limpiar y desinfectar espacios y hasta gestionar los residuos.

Aquellas medidas no debieron cumplirse demasiado porque el 19 de marzo, ya bajo el paraguas del estado de alarma, Sanidad se vio obligada a convertirlo en una orden ministerial de obligada obediencia. orden ministerial Fue ese el día en el que la máxima autoridad delegada durante la pandemia, el ministro Salvador Illa, encargó al vicepresidente Pablo Iglesias la coordinación e implementación de nuevas medidas para tratar de proteger a los mayores, cuya mortalidad en las residencias claramente desbordaba a las comunidades autñónomas y alarmaba a las administraciones y al conjunto de la sociedad.

Una orden ministerial que el Gobierno se vio obligado a complementar con otra del fechada el 23 de marzo para asegurarse de que las comunidades le suministran de lo que está pasando en las residencias.

Entre las principales medidas adoptadas durante las últimas semanas por la Vicepresidencia segunda se cuentan la elaboración, junto al Ministerio de Sanidad, de recomendaciones y órdenes sobre cómo tratar los casos de covid-19 en las residencias de mayores; la declaración como “esenciales” de los Servicios Sociales o la flexibilización de los criterios de contratación para facilitar la incorporación de personal a estos centros siguiendo el modelo implantado por el Servicio Nacional de Salud.

El Gobierno transfirió también 300 millones de euros a las Comunidades Autónomas, para destinarlos entre otras cosas a las residencias de mayores, y emitió una orden para que las Comunidades Autónomas considerasen a los residentes y al personal de estos centros prioritarios a la hora de la distribución de pruebas diagnosticas y materiales de protección, como ya ocurría con el persona sanitario.

Una de las medidas más llamativas está siendo la movilización, en colaboración con el Ministerio de Defensa, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos han participado en la desinfección de más de 4.000 residencias en todo el país.

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Lo cierto es que, cuando el Gobierno se implicó en las residencias, sus plantillas estaban desbordadas y en muchos casos carecían de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas afectadas por el coronavirus. Los protocolos previos para episodios de gripes epidémicas, responsabilidad también de las comunidades, estaban desfasados y no fueron actualizados para hacer frente a crisis como la actual.

A pesar de todo ello, y de que las comunidades nunca han perdido el control de los centros de mayores, PP y Vox han seguido insistiendo en la responsabilidad de Iglesias. La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás llegó a culpar a Iglesias de la muerte de 15.000 personas. Esas muerte, dijo, se deben a la “negligencia” y las “decisiones inmorales” del Gobierno, al que acusó de haber tomado “la decisión de encerrar allí a los mayores” y decretar que nadie pudiera entrar ni salir de las ni enviar a los residentes a los hospitales públicos.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no se quedó a la zaga. Atribuyó al vicepresidente que “bajo su tutela han muerto 16.000 personas mayores”. anteponer “la ideología a la salud y su interés personal al bien de todos” y “olvidarse de los mayores”.