La desescalada agita el avispero electoral en el País Vasco y Galicia

El Plan de Desescalada no sólo está agitando los hogares a cuenta de los horarios para salir a la calle. Y los negocios, a la espera de saber cuándo podrán reanudar su actividad los diferentes sectores y bajo qué condiciones. Los partidos políticos del País Vasco y de Galicia, que el 16 de marzo suspendieron las elecciones autonómicas del 5 de abril en sus respectivos territorios, ya viven con inquietud los primeros movimientos del lehendakari Iñigo Urkullu (PNV) y del presidente Alberto Núñez Feijóo (PP) ante la evidencia de que, si todo transcurre como está previsto, en teoría podrían reactivar la convocatoria electoral en el mes de julio. La desactivación del estado de alarma —probablemente a finales de junio— abrirá la puerta a las urnas, pero la fecha definitiva dependerá de los intereses de los partidos y muy especialmente de los actuales presidentes de Euskadi y Galicia.

Así que los estados mayores de los partidos ya empiezan a echar cuentas ante una perspectiva en la que tendrán que hacer frente a un escenario cargado de incertidumbre. Urkullu ya habla abiertamente del mes de julio y pone sobre la mesa informes sanitarios y de seguridad que así lo aconsejan, entre otras cosas porque hay expertos que temen un rebrote en otoño. Y si el País Vasco y Galicia no han votado para el mes de octubre, cuando concluya la legislatura, el autogobierno en ambos territorios entrará en una fase de inseguridad jurídica sin precedentes.

Votar en julio, con todo, implica numerosos dificultades. De un lado, todavía estarán vigentes muchas de las limitaciones asociadas a la nueva normalidad, especialmente las que tienen que ver con el distanciamiento social y la higiene, muchas de las cuales tienen consecuencias directas para la celebración de actos electorales y pueden condicionar la afluencia a las urnas. Y no todos están de acuerdo con votar en verano.

El lehendakari entregó este jueves a los principales partidos políticos vascos el informe elaborado por su Gobierno que avala la posibilidad de celebrar las elecciones autonómicas en verano, al constatar que la “mayoría” de los expertos sanitarios considera que la incidencia del coronavirus será más baja en ese periodo. Aunque no hay seguridad, señala también el documento, sobre cómo será la evolución de la pandemia. Así que habrá que adoptar medidas para evitar contagios durante la campaña y el día de las elecciones.

Urkullu, que ya fue quien movió ficha en su momento para anticipar las elecciones al 5 de abril —no quería coincidir con los comicios en Cataluña—, desea afrontar cuanto antes la cita aprovechando que “los movimientos de ciudadanos propios de una jornada electoral serán posibles, presumiblemente, durante el periodo estival”. Y evitar así la posibilidad de que después del verano tenga lugar “un nuevo brote” de covid-19.

De ahí que el Gobierno vasco trabaje en la manera de “identificar las condiciones de salud pública” necesarias para votar sin correr riesgos sanitarios. Incluida la posibilidad de impulsar un sistema de voto electrónico, la extensión “sustancial” del voto por correo con cita previa o poniendo en funcionamiento más oficinas de las disponibles en una situación de normalidad o el redimensionamiento de las secciones y mesas electorales con el fin de asegurar las condiciones de distanciamiento físico entre personas, así como el control de accesos para evitar aglomeraciones en los colegios, la distribución de equipos de protección al personal de las mesas o el refuerzo de la higiene y desinfección en estos espacios.

Lo que nadie sabe a ciencia cierta es cómo afectará esta situación a la participación de los ciudadanos —la combinación de pandemia y voto en pleno verano multiplica las incógnitas— ni por supuesto cómo afectará la gestión de lo ocurrido a las preferencias de los votantes. Las estrategias precovid han saltado por los aires en un escenario en el que la labor realizada durante la crisis por los gobiernos así como la preocupación por el futuro en medio de una crisis económica y social de una intensidad desconocida pueden condicionar los resultados.

Por eso la mayoría de los partidos prefieren no mojarse o se muestran directamente en contra de reactivar ya la convocatoria electoral. Las federaciones socialistas del PSOE en Euskadi y en Galicia, encabezadas por sus respectivos candidatos a la presidencia, Idoia Mendia y Gonzalo Caballero, ni apuestan votar en julio ni critican esa posibilidad.

Mendia se limita a pedir que en que en la decisión “se cuente con todas las garantías sanitarias y de participación política” con el objetivo de que se pueda contar con “un Parlamento a pleno funcionamiento y un Gobierno renovado con el que afrontar todas las consecuencias que deja esta crisis sanitaria”. Y confía en ser consultada por Urkullu, porque en su opinión “resulta imprescindible que la lealtad que ha presidido la acción institucional del Gobierno Vasco a lo largo de toda la legislatura se mantenga en momentos tan delicados como los que atravesamos con la crisis del coronavirus”.

En contra se muestran el resto de formaciones vascas, Especialmente EH Bildu. Su líder, Arnaldo Otegi, insistió “este jueves en que “no hay ninguna prisa” para los comicios. “No hacen falta urnas, hacen falta test y medidas que rescaten familias, empresas y comercios”, reclamó. “Hemos dicho alto y claro que no toca hablar de elecciones, que toca hablar de un plan de choque socioeconómico para salvar y rescatar familias, empresas, comercios y autónomos. Lo que toca es hacer la desescalada con el máximo rigor”.

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, advirtió a Urkullu de que “no se puede gestionar la crisis y hacer campaña a la vez”. Según ella, votar en julio significa correr el riesgo de que, “iniciado el proceso electoral, hubiera que volver a suspenderlo por condiciones sanitarias adversas”. Con una pandemia de por medio las elecciones “podrían quedar contaminadas”, porque “se distorsionan la una a la otra, con resultados potencialmente terribles para la salud pública y para la calidad democrática”.

También el candidato de la coalición PP-Cs, Carlos Iturgaiz, se mostró crítico con Urkullu. Tiene “entre ceja y ceja” convocar elecciones en julio y utiliza a los partidos como “palmeros” de su decisión, acusó sin aclarar del todo si está a favor o en contra de reactivar la convocatoria electoral. Los ciudadanos vascos “están pensando en salir de la pandemia, los que están enfermos en curarse, en poder vivir con normalidad, con rutina, en poder ir a trabajar el que tiene trabajo o buscar el empleo el que ha perdido ese trabajo”. “Esas son las verdaderas urgencias de los ciudadanos vascos, y no las urgencias del PNV”, acusó. “Lo importante es que cualquier ciudadano que vaya a votar pueda hacerlo con tranquilidad y normalidad, los que vayan a votar, los que estén en las mesas, y los que vayan a correos”, zanjó.

Feijóo, en la ambigüedad

En el caso de Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se muestra mucho más ambiguo sobre la fecha que su homólogo vasco, aunque de todos es conocida su inclinación a seguir la estela de Urkullu. “Cuando tenga algo que contar o que decir, lo diré, empezando por los partidos”, se justificó.

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, sin embargo, está convencido de que Feijóo, tiene una estrategia “en clave electoral” que se niega a compartir con los partidos y con los ciudadanos. “Los gallegos que conocemos a Feijóo sabemos que detrás de sus ruedas de prensa hay siempre un interés electoral y que él está pensando en cómo salvar su escenario cuando haya elecciones en Galicia”, declaró este jueves. Por eso le pidió que aclare si “quiere pegarse a la estrategia de Urkullu”, que baraja elecciones para julio, porque “no hay ninguna evidencia que muestre que las condiciones sanitarias puedan ser mejores en julio que el 15 de septiembre para celebrar unas elecciones”. “Estamos en un escenario de pandemia en el que todavía el ritmo del país no está cogido y en el que hay distintos elementos que muestran que puede haber brotes o no y en el que la incertidumbre es difícil de controlar”.

El portavoz de Galicia En Común-Anova-Mareas, Antón Gómez-Reino, en cambio, sostiene que no es “el momento” de hablar de elecciones. Sino de “ayudar a contener la epidemia y la crisis económica”. El debate sobre la fecha de las elecciones, defendió, hay que aparcarlo hasta que la situación sanitaria esté asegurada. “Hay gente muriendo”, recordó, “y la ciudadanía está confinada como nunca jamás se vivió en la historia. Hay miles de familias sobreviviendo en situación critica, en medio de la incertudumbre sobre lo que nos deparará el futuro”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se mostró más abierta a un anticipo, aunque insistió a su vez en que las elecciones deben celebrarse “cuando se den las condiciones de seguridad sanitaria para los gallegos. “Ni un minuto antes, ni un minuto después”. Pero sin ir “a rebufo” de Urkullu, subrayó.

Antes de la pandemia todo apuntaba a que Feijóo se movería en el límite del listón que le garantizaba la mayoría absoluta —un 46%—. No obstante, aún bajando un poco, tiene a su favor la división de su adversarios: enfrente habrá tres candidaturas con posibilidades de obtener representación (PSdeG, BNG y Galicia en Comú-EU). La única preocupación de Feijóo es que ni Vox ni Ciudadanos consigan escaño pero resten al PP, en conjunto, entre cinco y seis puntos porcentuales. Es en ese escenario en el que su mayoría absoluta estaría amenazada.

Esa es la clave de las elecciones en Galicia: el voto de la derecha lleva décadas unificado en torno a una sola candidatura y el de la izquierda no. Y eso ha marcado históricamente la diferencia en una comunidad en la que además las provincias con menos población urbana y con mayor peso del voto conservador —Lugo y Ourense—mantienen una clara sobrerrepresentación parlamentaria en perjuicio de las más pobladas —A Coruña y Pontevedra—.

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En Euskadi, la situación precovid apuntaba a un mantenimiento del statu quo. En la última legislatura PNV (28 escaños) y PSE (9) han gobernado en coalición pero con ciertas dificultades: a la suma de las dos fuerzas les faltaban un escaño para tener mayoría absoluta. De hecho, los últimos presupuestos han tenido que sacarlos adelante con el concurso de Elkarrekin Podemos (11 diputados).

Esto cambiaría en las próximas elecciones de acuerdo con los pronósticos anteriores a la crisis sanitaria y económica, que apuntaban a un incremento de escaños del PNV, que superaría la treintena, y a un avance significativo del PSE, que podría estar en torno a los 12. De confirmarse estas previsiones, la coalición PNV-PSE, con Urkullu a la cabeza, podría encarar plácidamente la legislatura que viene, apoyada en una sólida mayoría absoluta por encima de los 40 diputados.

El virus, sin embargo, lo ha cambiado todo. El punto de partida y las expectativas. Y obligará a los partidos vascos y gallegos a examinarse sin que a los ciudadanos les haya dado tiempo a hacer la digestión de los ocurrido.