El estigma de los "pobres abuelitos": saltan las alertas y las primeras denuncias ante la discriminación de los mayores

"Pobres mayores", oímos estos días de sufrimiento de "nuestros abuelitos". Y estos sintagmas, aunque de propósito inocente, incluso cariñoso, pueden constituir, en su continua repetición, un paso atrás para los mayores, una estigmatización e incluso una discriminación. "La discriminación por edad siempre está ahí. De forma latente, o más clara. Estos días se hace evidente", señala José Antonio Iglesias Guerra, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de León e investigador sobre el tema. "Con esta crisis", añade, "el estereotipo del mayor como persona frágil, dependiente y enferma se ve reforzado. Y se asienta su percepción como una carga, como un coste, cuando lo que deberíamos pensar es que todos llegaremos a esa edad", señala Iglesias Guerra. Pero no se trata sólo de estereotipos y de estigmas que pueden desarrollarse o afianzarse con motivo de la pandemia. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y un informe de la investigadora Sacramento Pinazo para la Cátedra Prospect 2030 de la Universidad de Valencia han puesto esta semana sobre la mesa una idea (casi) tabú: los mayores han sufrido "discriminación" durante la crisis del coronavirus.

Hay voces que se alzan también contra la idea de que los mayores tienen que ser, como oímos continuamente, "los últimos en salir". "Nos ha sorprendido que se establezca una especie de toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, en la que no se permite ni siquiera pasear, o hacer ejercicio, cuando no hay riesgo de aglomeraciones. Lo natural habría sido establecer la actividad física al aire libre de las personas mayores de 14 años y menores de 69, entre las 20.00 y las 10.00", señala en una carta abierta Eduardo Rodríguez, presidente de Honor de la Confederación Española de Federaciones de Mayores (Ceoma). Y lanza una advertencia muy severa sobre la fase de desescalada: "Si después de lo ocurrido con la limitación de entrada en muchas UCI por el mero hecho de tener una determinada edad, se limitara indiscriminadamente el movimiento de las personas de edad, sería insistir en otra flagrante manifestación de edadismo o gerontofobia, por ser pura discriminación anticonstitucional". La Unión Democrática de Pensionistas (UDP) también ha reclamado criterios de desescalada sin "edadismo".

Edadismo

El "edadismo", o discriminación por edad, es contraintuitivo. ¿Cómo que discriminamos a "nuestros mayores"? ¡Pero si los adoramos! No hay un otro al que relegar, porque llegaremos –con suerte– a ser uno de ellos. "Es como si discrimináramos a nuestro yo futuro", explica el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (Cenie) en un documento sobre este fenómeno. Y, sin embargo, es un hecho más que explorado por las ciencias sociales. La acuñación del término (ageism, en inglés) se atribuye al psiquiatra y gerontólogo estadounidense Robert Butler, que abrochó con un término en los años 60 una creciente tendencia social que había degradado la consideración social de los mayores desde el papel de "sabios" y reservorio de conocimiento acumulado en las sociedades tradicionales al de impedimento para la movilidad campo-ciudad con la industrialización. A esto se ha ido sumando, con la aceleración de la historia y el vértigo del cambio tecnológico, el estigma de poco "adaptable" y escasamente productivo. "Como sociedad le hemos poco dado poco valor a la vida de los ancianos, porque no son productivos", señalaba en una reciente entrevista con infoLibre el epidemiólogo Usama Bilal en una reflexión sobre el "horror" en las residencias de ancianos.

Hay factores psicológicos. Una investigación de la revista International Psychogeriatrics revela que son las personas de mediana edad, y no las más jóvenes, las que más evidencian actitudes discriminatorias, en un deseo de afirmación de la propia imagen ante la cercanía de la vejez. El resultado de toda esta estructural –cultural, psicológica, económica– es una traducción explícita de mecanismos discriminatorios. "El edadismo asocia la edad a estereotipos negativos relacionados con la falta de autonomía y con la fragilidad, justificando las desventajas sociales de las personas mayores. Una buena parte de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores parten de la idea del envejecimiento como un problema, en la medida en que se considera a las personas mayores como grandes consumidoras de recursos", señala el informe La discriminación por razón de edad en España, de la Fundación Help Age y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III [ver aquí].

Sanidad, empleo, justicia, educación, ocio...

El informe advierte de la sutileza del edadismo, que se inserta en un esquema cultural sólidamente arraigado que incluso dificulta su identificación como discriminación por los propios afectados y "limita mucho la efectividad de los instrumentos jurídicos" para contrarrestarla. Los investigadores identifican discriminaciones sanitarias, que son objeto de preocupación de la propia Organización Mundial de la Salud, y en el empleo, esta última aceptada por los poderes públicos, que le dedican programas específicos.

Pero también la hay en el acceso a la administración de justicia, que en su diseño muestra falta de consideración a los mayores "en el plano físico, cognitivo y actitudinal", según el informe. Tampoco están adecuadamente cubiertas –sigue el informe– sus necesidades de formación y aprendizaje. Ni de ocio, cultura y deporte, con una oferta "dirigida a una persona estándar" y que no responde [...] a la variedad de intereses de las personas mayores". La "brecha digital" multiplica las dificultades de integración y participación. La "asociación entre edad avanzada y enfermedad", la "infantilización" y "la imagen negativa de las personas mayores impide que se considere que tengan algo que aportar". Al final, se concluye del informe, acabamos por meter a todos los mayores en un mismo saco, obteniendo una imagen homogénea de individuos desfasados cuyo tiempo pasó.

Ni "asistencia", ni "lástima"

Como coordinador del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, Juan Martín tiene como propósito propiciar una "respuesta positiva", con "responsabilidad social" y no sólo "con carácter asistencial", a las necesidades de de la población mayor, observada en toda su heterogeneidad. A lo largo de toda la conversación con él se repite esa idea: diversidad. "Hoy, con el cambio generacional, tiene menos que ver una persona de 60 años con una de 65 que una de 15 con una de 20. La falta de percepción de la diversidad llega a ser ofensiva. Una persona de 64 años y 364 días es doctor, o fontanero... Al día siguiente es un número, pierde todo el tipo de consideración. Cuando queremos abordar algún tema de mayores, te dicen: 'Al Imserso'. Eso es un reduccionismo que no se puede tolerar". Y pone otro ejemplo más. En su trato con centros de opinión y encuestas, ha comprobado cómo las categorías son del tipo "de 18-25 años", "25-35", "35-45"... Al llegar a 65, casi siempre lo mismo: "65 y más". Y en ese "cajón de sastre", como lo llama Martín, hay un 16,55% de la población total. En términos absolutos, 7.651.073 personas.

A Martín le preocupa, más que la estigmatización y el reduccionismo que puede impulsar el virus (mayores=vulnerables o enfermos), que la pandemia nos impida ver nuestras necesidades como sociedad. "Si ahora en Europa una de cada cinco personas tiene más de 65 años, en unos años será una de cuatro y en 30-35, una de tres... Con una esperanza de vida de más de 83 años, y mucha gente de más de 90 años, en España debemos afrontar el gran desafío demográfico planteándonos qué idea de futuro tenemos como Estado", señala. Una visión simplificada de un grupo tan numeroso y heterogéneo, subraya, limita el alcance de esa visión.

Similar advertencia lanza la Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de ciudadanos de larga duración, que circula estos días al calor del escándalo provocado por el desvelamiento de la lamentable stuación en las residencias de mayores, donde se han producido más de 17.000 muertes: "No compartimos el lenguaje paternalista que apela a la lástima o a la obligación de devolver, como si de un favor se tratara, a 'nuestros mayores', a 'nuestros abuelitos', lo mucho que hicieron por la sociedad actual. Revisemos nuestra mirada y lenguaje colectivo sobre la vejez y la discapacidad eliminando la infantilización y la discriminación. Antes que nada, somos personas, con derechos y deberes".

El investigador Iglesias Guerra destaca otro hecho: "Durante estas semanas, aunque se ha hablado mucho de mayores, se ha escuchado poco la voz de sus asociaciones". Juan Martín (Cenie) advierte sobre los debates en términos "Economía Vs Salud", en el que los mayores aparecen a veces como lastre e incluso como elemento a sacrificar, como ha ocurrido a raíz de pronunciamientos políticos del Partido Republicano en Estados Unidos. "No es anecdótico. Debates así ya han tomado relevancia antes, recuerdo una vez con unas declaraciones de un ministro japonés sobre el coste de la vida de los mayores. Hay una necesidad evidente de un cambio de percepción, más aún porque, con la evolución de la biología molecular y la prolongación aún mayor de la vida que puede suponer, estamos en medio de un profundo cambio demográfico".

Un discurso peligroso

Como alerta la psicóloga Sacramento Pinazo, autora del informe La atención en residencias. Recomendaciones para avanzar hacia un cambio de modelo y una nueva estrategia de cuidados, ha cundido un discurso peligroso. "Se ha dado un mensaje que dice algo así como: 'Si no tienes más de 70, no tienes que preocuparte tanto'. Mientras tanto, las personas mayores tienen mucho miedo metido en el cuerpo", señala.

Es una afirmación en línea con la expresada en un artículo en este periódico por Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y senador del PSOE: "En un primer momento parecía que no nos preocupábamos tanto –quiero creer que ahora sí– cuando las cifras de muertos afectaban a ancianos, porque era 'natural'".

Residencias en malas condiciones

El estudio de Pinazo incluye un reproche de fondo al modelo de ciudados imperante, que más allá de carencias formales señala una injusticia de base, de concepto: "Nadie quiere (ninguno queremos) que el hecho de necesitar cuidados conduzca a una vida en la que seamos vistos, de la mañana a la noche, como 'enfermos' o 'dependientes', con las consecuencias perversas para las personas que han sido bien documentadas por la evidencia científica. Que el sistema sanitario repare por fin el olvido de que suministrar sus prestaciones a las residencias es obligado, pero también lo es, si nos importa el bienestar de las personas mayores, que nos mantengamos firmes en el propósito de convertir las residencias en espacios hogareños".

Esta idea de las residencias como espacio "hogareño" o "de convivencia", en línea con las experiencias del norte de Europa, están lejos de lo habitual en España. "Desde hace años veníamos advirtiéndolo. ¿Han entrado ustedes en las residencias? ¿Les parece que es la mejor forma de que vivan determinadas personas?", reflexiona Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional, coautor de Edad, discriminación y derechos (Aranzadi, 2019). A su juicio, y sin realizar una comparación, el concepto de residencia de mayores en España se inserta en la estela de los "asilos, los leprosarios y los manicomios". "Es verdad que la mayor parte de las personas mayores viven con sus hijos, pero también que cada vez hay más familias urbanas donde todos trabajan, y se tiende a buscar una solución residencial para las personas mayores", señala Flores.

El catedrático de Métodos Cuantitativos Juan José García del Hoyo vincula directamente las condiciones socioeconómicas que favorecen el ingreso de los mayores en residencias con las mayor mortalidad [ver aquí]. "Si un virus entra en un centro de día, en una residencia de ancianos, es una catástrofe ¿Qué ocurre? Que no hay la misma propensión a meter a un abuelo en una residencia en zonas de renta alta o baja. En Madrid hay rentas más altas, jornadas de trabajo más extensas y con menos margen para volver a casa a comer o regresar temprano... Hay más ingresos y menos posibilidad de tener a los abuelos en casa. En Andalucía eso es menos frecuente. En Huelva, aún menos". Eso, a su juicio, tiene incidencia –junto a otros factores– en los datos de mortalidad, menores en Andalucía que en Madrid y menores en Huelva que en el conjunto de Andalucía.

"Discriminación" sanitaria

"Habíamos conseguido avanzar en envejecimiento activo y esto nos puede atrasar muchos pasos", continúa Picazo, con 25 años de experiencia investigadora en este campo. A corto-medio plazo, indica, se va a producir un retroceso en las posibilidades de los espacios de participación social de los mayores: formación y estudios, centros de mayores, programas de envejecimiento activo, hogares del pensionista, programas de estimulación... "Hay que empezar a pensar en cómo recuperar espacios", señala, "aunque no será fácil teniendo en cuenta que todo el foco se ha puesto en su vulnerabilidad".

El informe la psicóloga Pinazo pone el dedo en la llaga: el fallo sistémico en las residencias para proteger la salud de los mayores. Además, apunta no sólo a errores y falta de previsión. También a "situaciones de discriminación por edad", en un informe que cuestiona los procesos de triaje. "El estado de cuarentena [...] condiciona la elaboración de protocolos de triaje para facilitar la toma de decisiones clínicas en un marco de recursos insuficientes. Y se incluye la edad para la (no) realización de determinados procedimientos terapéuticos", indica Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Añade el informe: "Estos criterios de derivación no pueden basarse en la edad, sino en la situación funcional, cognitiva y pronóstica del paciente".

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, junto con las sociedades autonómicas, ha lanzado esta semana un documento de propuestas en el que denuncia "discriminación" sanitaria a los mayores. "En esta crisis, las personas mayores han sido discriminadas en su capacidad de acceso real a servicios sanitarios especializados", señala el documento. En la misma dirección apunta el informe de Picazo: "Las personas que enferman en un centro residencial, siendo el principal grupo de riesgo, tienen derecho a la atención sanitaria pública por su condición de ciudadanos, tanto en la atención primaria de salud como en la especializada. No es admisible que sean privados de este derecho por su edad avanzada o por tener una gran discapacidad".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y las asociaciones representantes de personas mayores UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España) y Ceoma (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) han lanzado un comunicado conjunto en el que "exigen que las personas con discapacidad y mayores no sean discriminadas en el acceso a la atención médica y a tratamientos en unidades de cuidados intensivos durante la pandemia". Las tres entidades exhortan a las sociedades científicas a "revisar sus protocolos y manuales" para "desterrar cualquier atisbo de desigualdad".

"No se puede descartar a nadie por razón de edad o de discapacidad de determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor", señalan las asociaciones.

Déficit de geriatras

José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, no cree que haya habido "una determinación, ni una reflexión" para llevar a cabo una discriminación. Pero sí apunta: "Se ha reaccionado tarde. Se ha pretendido que las residencias hicieran lo que no podían hacer, porque no tienen la base, ni los médicos ni las enfermeras para hacerlo. Y tampoco se ha estado ágil para dotarlas". García Navarro defiende al sistema sanitario de las acusaciones de relegar el tratamiento a personas mayores. "No ha habido un criterio de edad, sino de pronóstico vital".

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Las sociedades de geriatría y gerontología ponen de relieve un déficit de atención especializada para mayores y reclaman "impulsar la geriatría en todas las comunidades autónomas" como "especialidad clave ante el reto demográfico y crisis sanitarias futuras", así como incorporar la especialidad de geriatría en la cartera de los servicios públicos de salud de todas las comunidades autónomas, algo que aún no han hecho Andalucía ni País Vasco. Todos los hospitales públicos deben tener servicios de geriatría, señalan. Pero, ¿es razonable que, con la composición demográfica española, aún estén pendientes estas tareas? "Creo que hemos sido poco previsores. Lo hemos dejado en manos de médicos de atención primaria, que también lo hacen muy bien. Pero ante enfermos más complejos, con grados de dependencia importantes y enfermedades múltiples que interactúan entre sí, se ha ido parcheando con otros especialistas", señala.

A García Navarro también le preocupa la huella de la crisis en la imagen de los mayores. "Tenemos ahora la visión de personas vulnerables, cuando la realidad es que la mayoría son personas perfectamente activas física, cognitivamente y socialmente, muchas de ellas con su negocio. Además, fueron fundamentales para afrontar la última crisis económica", señala. José Antonio Iglesias Guerra, profesor de Ciencias de la Salud, también cree que la fotografía del covid-19 deja fuera gran parte de la imagen de lo que solíamos llamar "la tercera edad". Pero expresa confianza: "Se habla mucho, y eso es muy positivo, de solidaridad intergeneracional. Pero esta vez de jóvenes a mayores, cuando suele ser al revés". En efecto, solía ser al revés. Y quedaban ciertamente vistosos y emotivos esos reportajes en que los "abuelitos" cuidaban de los nietos para que los papás trabajaran.

Ahora que hay que aislarlos y cuidar de ellos, ¿siguen valiendo lo mismo?.