El Gobierno renuncia en la ley climática a instalar 3.000 MW de renovables al año pero cambiará el sistema para favorecerlas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya tiene lista la Ley de Cambio Climático, que una vez el proceso de participación pública ha concluido llevará al Consejo de Ministros el próximo martes. La redacción de la norma, a la que ha tenido acceso infoLibre, introduce algunos cambios con respecto al borrador que difundió a los medios hace ya más de un año, en febrero de 2019, y que se guardó en un cajón ante la disolución del Parlamento previa a las elecciones del 28 de abril.

La ley, que establece la base para adaptar el país a los objetivos del Acuerdo de París y poner su sistema productivo rumbo a la descarbonización, renuncia a un objetivo que aparecía en el borrador de febrero: la convocatoria de subastas públicas para instalar, cada año, 3.000 MW de nueva potencia de energías renovables. El abordaje de la emergencia climática exige, sí o sí, la modificación del sistema eléctrico para abandonar de una vez por todas la generación de electricidad en base a combustibles fósiles emisores de dióxido de carbono y el Ejecutivo ha asumido como propia desde el primer momento la necesidad de fomentar la instalación de instalaciones eólicas o fotovoltaicas, entre otras, para conseguirlo. Sin embargo, la referencia a los 3.000 MW anuales ha desaparecido del texto. Sin embargo, lo que antes era una referencia básica al "desarrollo reglamentario de nuevos sistemas de apoyo a las renovables basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada" se sustituye por la intención de modificar el sistema de retribución de cabo a rabo para que las energías limpias partan con mucha más ventaja.

La intención de establecer "un precio fijo por la energía generada" se mantiene, pero no a través de un "desarrollo reglamentario", sino a través del cambio en el sistema. La reforma eléctrica ha sido, desde el primer periodo del Gobierno de Sánchez tras la moción de censura, una prioridad de la ministra Teresa Ribera. Los expertos llevan años explicando que en el mercado eléctrico el carbón, y el gas natural –combustibles que generan emisiones de dióxido de carbono y agravan el cambio climático– marcan el precio diario de la electricidad en el pool, la subasta mediante la cual las generadoras saben cómo se percibirá su trabajo. El modelo, además, otorga beneficios a las centrales hidroeléctricas y a las nucleares. El objetivo del Ejecutivo con la reforma es que los consumidores vinculados al mercado regulado de electricidad, cuyo precio cambia día a día en función de los vaivenes de las instalaciones más sucias, vean descender la cuantía de su factura mensual. 

La catedrática de Economía y experta en el mercado eléctrico Natalia Fabra fue la encargada de redactar el apartado dedicado a una nueva regulación eléctrica en el informe del Consejo Asesor para la Transición Ecológica (Capte), un órgano presidido por la propia ministra Ribera antes de formar parte del Ejecutivo. Fabra defiende cambiar las actuales subastas de potencia por las llamadas "subastas de energía", en las que cada productor fije con el Estado cómo va a ser retribuida la electricidad que ponga en el sistema. La Ley de Cambio Climático no detalla si esta será la opción finalmente escogida por el Gobierno, pero según sus defensoresacerca al sistema eléctrico a un cambio que le acerque a la sostenibilidad tras años de estancamiento. 

La polémica del diésel y la gasolina

Por otro lado, el Gobierno ha mantenido en el texto uno de los puntos más polémicos de la Ley de Cambio Climático, por lo que implica en una de las industrias automovilísticas más grandes del continente: la española. Al igual que ya se reflejaba en el borrador de febrero, el Ejecutivo adoptará "las medidas necesarias (...) para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos (...) reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km". No se trata de una prohibición expresa de las tecnologías de diésel y gasolina, al menos tal y como se recogía en las líneas maestras de la ley que difundió el Ministerio en noviembre de 2018.

Aseguraba por entonces el gabinete de Ribera que "a partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España" de este tipo de vehículos. La noticia levantó muchas críticas hacia la ministra durante muchísimo tiempo, sobre todo provenientes de la patronal del coche. En febrero se cambió la redacción para no prohibir, sino incentivar la tecnología sostenible y establecer como objetivo y no como veto la limpieza del parque móvil. Y así se ha quedado.

Otras medidas mantenidas o mejoradas

Otras medidas contenidas en la anterior versión se mantienen o incluso se amplían. El Gobierno blinda por ley las zonas de bajas emisiones como Madrid Central, imponiendo que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que implantar áreas similares antes de 2023, sin posibilidad de dar marcha atrás sin el visto bueno del Ministerio. Además, el Ejecutivo pretende subsanar el gran inconveniente de los vehículos eléctricos, con muy poco impacto en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero: la falta de una red de estaciones de recarga. 

El Gobierno ha detallado la obligación ya anunciada de que las gasolineras que vendan más de 5 millones de litros de gasolina y gasóleo deberán instalar bases de recarga para vehículos eléctricos. Se trata del 10% del total de las estaciones de repostaje, lo que garantiza que se podrá viajar en coche eléctrico por el país sin el temor a quedarse sin combustible (siempre y cuando la desescalada lo permita, claro). Según el nuevo texto, las gasolineras que vendan más de 10 millones de litros tendrán que instalar los enchufes en los 22 meses siguientes a la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, frente a los 27 meses de margen de las más pequeñas. Tendrán todas la obligación de comunicar a la administración sus avances, de cara a que el Ministerio pueda elaborar un mapa oficial de electrolineras para facilitar los viajes largos.

La Ley de Cambio Climático introduce, ya de manera oficial, la creación del Comité de Expertos de Cambio Climático "como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas". Será paritario y emitirá un informe anual que se debatirá en el Congreso. Incluye también, entre otros pequeños cambios, la obligación de que las universidades introduzcan el cambio climático como materia en los títulos en los que sea "coherente" hacerlo: una buena noticia para los educadores ambientales, que llevan años lamentando la desidia gubernamental a la hora de introducir en la escuela los grandes desafíos verdes que afronta la Humanidad.

La "neutralidad climática" está de moda

Los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que se marcó el Gobierno al principio del proceso legislativo no han cambiado: un 20% menos de emisión de CO2 y otros gases dañinos para 2030 con respecto a 1990. Transición Ecológica ha modificado el texto para dejar claro que se trata de un esfuerzo a corto plazo mayor que el que exige la Unión Europea. La tarea es ardua, aunque no suficiente para los grupos ecologistas, que consideran que el esfuerzo debe ser mucho mayor para contribuir a dejar el planeta en los 1,5 grados de calentamiento global para 2100. Es la meta del Acuerdo de París, aunque cada vez parece más inalcanzable: a cada minuto que pasa se reduce la ventana de oportunidad para actuar.

El objetivo a 2050 sigue siendo exactamente el mismo, pero ha cambiado de nombre. En la primera versión de la ley, Transición Ecológica propuso una reducción del 90% de los niveles de GEI utilizando como referencia los datos de 1990. Ahora, el texto defiende la "neutralidad climática", un término de moda pero que es, en esencia, lo mismo. No significa no emitir en absoluto CO2: implica que el CO2 que se emita será absorbido por la tierra, los bosques y otros sumideros de carbono. El Gobierno ya proponía este escenario con la cifra del 90%. Pero tras la Cumbre del Clima de Madrid y los nuevos objetivos de la Comisión Europea, la neutralidad climática se ha convertido en la expresión fetiche, el objetivo final al que toda institución comprometida quiere llegar a mediados de siglo.

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Una ley largamente esperada y largamente atrasada

Hace años que la acción climática española reclama una Ley de Cambio Climático que ponga orden en la descarbonización, garantice una transición justa, establezca unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y ponga al país en la vanguardia de la lucha contra la emergencia. El Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Rajoy, dirigido por Isabel García Tejerina, aseguraba que la tenía ya casi lista cuando fue depuesto por la moción de censura de Sánchez, en junio de 2018. Afirmaba por entonces Ribera, que relevó a Tejerina al frente de sus responsabilidades, que se encontraron con muy poco trabajo hecho, así que tuvieron que empezar prácticamente de cero. Y terminaron en febrero de 2019, sin tiempo ya para presentar la norma en el Parlamento. 

Tras mucho tiempo en un cajón y dos comicios consecutivos, la formación de Gobierno en enero de este año por fin dio vía libre a la ley. Transición Ecológica prometió que vería la luz en los primeros 100 días, pero entonces llegó una terrible pandemia global para eclipsarlo y aplazarlo todo. Se publicará (si todo sigue lo estimado) en el Boletín Oficial del Estado en una época en la que pocos le harán caso. Pero sigue siendo exactamente igual de necesaria.