La pandemia facilita la llegada del cuarto pilar del Estado del bienestar: todo lo que necesitas saber sobre la nueva prestación

El ingreso mínimo vital ya está aquí. La profundidad de la crisis económica desatada por la pandemia ha acelerado la entrada en vigor del principal instrumento que tendrá el Gobierno a partir de ahora para luchar contra la pobreza extrema en España, uno de los países con peores registros en la materia en todo el continente.

La prestación, que viene a completar los pilares del Estado del bienestar en España —de los que ya formaban parte la sanidad, las pensiones y la dependencia—, entrará en vigor en cuanto el real decreto ley correspondiente se publique en el Boletín Oficial del Estado. El Congreso deberá dar su visto buen en el plazo de un mes, pero todo indica que la medida saldrá adelante por amplia mayoría.

La profundidad de la crisis económica y social que atraviesa España se convertirá en el mejor aliado del Gobierno para validar una medida que ya formaba parte de su programa pero que no estaba previsto implementar en tan breve espacio de tiempo. Por esa razón, al respaldo más que probable de la mayoría de la investidura su sumarán casi con toda seguridad formaciones independentistas como Esquerra, Junts y EH Bildu y todo indica que ni siquiera los partidos de la derecha van a votar en contra, incluido Vox.

¿En qué consiste?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social para hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales. En cada hogar habrá un titular que solicitará la prestación. Si el hogar está formado por una sola persona el titular tendrá entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Si el hogar tiene dos o más miembros, de manera general la edad del titular estará entre 23 y 65 años salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Estos hogares deberán llevar constituidos al menos un año. Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

El IMV parte de 14 tipologías de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales.

¿Quién la pueda pedir?

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, para certificar que el Ingreso Mínimo Vital llegue a los hogares más vulnerables, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

¿Cómo se pagará?

La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 pagas. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.

¿Dónde se solicita?

La solicitud será multicanal. Se podrá presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público. Para facilitar información a los posibles beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual.

¿Quién la gestionará?

El Ministerio de Inclusion y Seguridad Social, salvo en el caso del País Vasco y de Navarra, que al tener su propia hacienda se ocuparán directamente. No obstante, el Gobierno ha previsto negociar con cada Comunidad Autónoma la posibilidad de establecer mecanismos de cogesión a parttir de 2021.

¿Es sólo una paga mensual?

El Gobierno quiere que el Ingreso Mínimo Vital sea toda una política social alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria, incluya estrategias de inclusión en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar a una situación mejor. Los beneficiarios contarán con incentivos a la contratación y también se creará un Sello Social para las empresas que les ofrezcan formación y empleo.

¿Qué pasará con las rentas mínimas autonómicas?

Las rentas mínimas autonómicas con las que muchas comunidades tratan de luchar contra la pobreza desde hace años no serán incompatibles con el IMV estatal. Lo que hace el Gobierno es establecer unos mínimos. A partir de ahí, cada Gobierno autonómico decidirá si complementa la prestación o la suprime para dedicar esos recursos a otros fines.

¿Se puede trabajar y cobrar el IMV?

Sí, pero se descontará la diferencia. La prestación está diseñada de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales. El Gobierno estima que costará 3.000 millones de euros al año.

Además, para fomentar la participación en el mercado laboral el Gobierno se ha propuesto poner en marcha ciertos incentivos. Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente del cálculo de la prestación, para que perderla no pese en contra de empezar a trabajar. En el caso de que ya tenga empleo y su salario se incremente, la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior. La inscripción como demandante de empleo será condición sin qua non para el acceso a la prestación.

¿Puedo pedirlo si me acabo de quedar sin ingresos?

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia del covid-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año. Si un hogar se da cuenta de que está teniendo una caída de ingresos muy intensa, puede hacer una declaración responsable, presentar sus ingresos del año 2020 y si esa caída supera el 50% de la renta que se tuvo en 2019 y se tiene un patrimonio particularmente pequeño, se recibirá el ingreso mínimo vital.

¿Cómo sabremos si el IMV tiene éxito contra la pobreza?

El resultado del Ingreso Mínimo Vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de su correspondiente opinión. Y el Gobierno se propone someterlo además a examen por parte de entidades sociales ajenas al Ejecutivo.

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El Ingreso Mínimo Vital llegará a 850.000 hogares que se encuentran entre el 17% más pobre de la población, con una renta disponible media que no llega a los 310 euros mensuales. Su finalidad es no dejar ciudadanos desprotegidos y se espera que prácticamente erradique la pobreza extrema en España. Aspira a la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica a través de una prestación diseñada de forma innovadora, al poner en marcha una política social focalizada, evaluable y coordinada.

¿Alcanzará el dinero para todos los que lo necesitan?

La nueva prestación se constituye como un derecho, de manera que el Estado se obliga a satisfacerla. En cualquier caso, los ministerios de Seguridad Social y Derecho Sociales aseguran haber hecho una previsión de máximos a partir del conocimiento que tienen de hogares, ingresos y patrimonio de ltoda España.