El futuro esencial del agua

Las consecuencias de la pandemia que afrontamos revelan realidades que no percibíamos. Hemos empezado a redefinir prioridades, a considerar la utilidad real de la ciencia, a hablar en términos de probabilidad, no de certezas; a trabajar en base a escenarios, no en plazos; a demandar datos, indicadores y gráficos, no consignas; a actuar con flexibilidad, no con dogmas; a comprender la necesidad de la resiliencia frente a la optimización mal entendida; a conjugar la responsabilidad individual con la corresponsabilidad colectiva; a descubrir el poder de la colaboración frente a la polarización. Ahora, los pasos atrás son tan importantes como los pasos hacia adelante y las rectificaciones pueden ser actos de responsabilidad y no solo las dimisiones. 

Uno de los primeros conceptos que hemos aprendido en esta etapa es el concepto de servicios esenciales. Mientras discutíamos si las peluquerías y las tintorerías eran o no servicios esenciales, el Real Decreto del 14 de marzo, que declaraba el estado de alarma para hacer frente a la crisis del covid-19, no recogía el reconocimiento expreso de los servicios de abastecimiento y el saneamiento de agua como esenciales. Esto fue subsanado rápidamente el 22 de marzo con la publicación de una nueva Orden, no a petición de partidos políticos en su labor de control al Gobierno, sino gracias a la colaboración de agentes del sector que mostraron su responsabilidad para garantizar la prestación de esos servicios.

Mientras nos abalanzamos durante los primeros días de confinamiento a adquirir productos de primera necesidad y descubríamos nuestra, a veces irracional, composición de la cesta de la compra, todos los días hemos realizado decenas de actos inconscientes que implican el consumo de agua: lavarnos las manos, los dientes y tirar de la cadena, ducharnos, cocinar alimentos con agua, lavar ropa y platos, fregar suelos o adquirir fruta, verduras, carnes, etcétera, alimentos que a su vez han requerido grandes cantidades de agua.

Detrás de cada grifo y de cada inodoro hay una gran cantidad de trabajadores esenciales (más de 27.000 empleos directos solo en el ciclo urbano del agua) que trabajan para que a todos nos llegue todo el agua necesaria con una alta calidad. A los que se suman los empleos procedentes de laboratorios, fabricantes, servicios asociados y todos aquellos trabajadores que suministran a industrias y al sector agrario, consumidores de más del 70% del total. 

El agua ha sido uno de los servicios esenciales que ha desarrollado su labor de forma más silenciosa, un sector que ha adoptado medidas adicionales de protección y cuya comisión de seguimiento semanal —en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con los principales actores— no ha generado ruedas de prensa posteriores ni atención mediática. Además, estamos ante uno de los sectores que más aportan a la innovación, como muestran los avances realizados para que las aguas residuales sean una vía para la evaluación y detección precoz de este virus e incluso de futuras pandemias.

Todos tenemos claro que hay cuestiones que deben cambiar tras la pandemia, ¿y el agua? ¿Nos hemos preguntado algo sobre el agua? Desde los cortes de suministro causados por las sequías de la década de los noventa y su politización con motivo del trasvase del Ebro, el sector ha procurado mantenerse fuera del foco mediático. Esto, unido a su éxito a la hora de ofrecer un servicio ininterrumpido de alta calidad a precio asequible, ha convertido al agua en un sector silencioso, no exento de retos de futuro que deberíamos entender y atender.

Los distintos escenarios climáticos nos indican que, a pesar de los esfuerzos para aplanar la curva, el cambio del clima ya está aquí y aún no hemos preparado a nuestra sociedad para los riesgos y cambios que vamos a vivir. El cambio climático va a generar en nuestro país un incremento de las temperaturas medias, un alargamiento de los veranos, de las noches tórridas, de las olas de calor, un aumento de la temperatura del agua marina, del nivel medio del mar, una disminución de las precipitaciones, de los caudales medios de los ríos y de la recarga de los acuíferos; además de una expansión del clima de tipo semiárido, un incremento de las sequías y de los sucesos de lluvias torrenciales e inundaciones.

Esto provocará numerosas consecuencias, entre las cuales destaca la disminución de los recursos hídricos, en cantidad y en calidad, lo que va a tener implicaciones para la agricultura y la ganadería, el abastecimiento urbano, la producción hidroeléctrica, la industria, el turismo y la salud de nuestros ecosistemas. El recientemente publicado Informe Peseta IV (Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of the UE based on bottom-up Analysis) señala a España como uno de los países de la UE que más sufrirá las consecuencias de la crisis climática. Más de 29 millones de españoles vivirán en áreas con estrés hídrico.

Los retos del agua

El agua es clave en este cambio climático, pero, ¿hemos previsto cómo adaptarnos a él? Aquí tenemos una buena noticia: existe un plan de desescalada para una nueva normalidad climática. En el mes de mayo se publicaron dos nuevos borradores de planes de adaptación al cambio climático, uno europeo y otro estatal, donde el agua cobra especial protagonismo. España fue pionera en publicar un plan estatal de adaptación al cambio climático en 2006, pero nunca ha existido un ambiente social más propicio para comprenderlo que el actual, marcado por el covid-19. El cambio climático y la crisis del virus comparten similitudes y lecciones que mejorarán nuestra lucha frente a los riesgos climáticos. 

Además, al igual que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Estado cuenta con la Oficina Española de Cambio Climático y, al igual que el Instituto de Salud de Carlos III, existe la Agencia Estatal de Meteorología, entre otros. Pero, ¿dónde reside la mala noticia? Simplemente en un temor: ¿Haremos caso en la toma de decisiones a la Oficina Española de Cambio Climático como ahora lo hacemos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias o seguiremos relegando sus consideraciones como hacíamos con ambos antes de esta crisis sanitaria, o quizá solo lo hagamos cuando ya la amenaza tenga un impacto desbordante?

Son muchos los desafíos del agua. La planificación hidrológica sigue siendo esencial, si bien no puede basarse en el pasado. Lo que antes ocurría, ya no va a suceder. Se debe trabajar con la incertidumbre de los modelos climáticos y sus escenarios, apostar por el trabajo científico y técnico para actualizar el conocimiento sobre el impacto del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos. Resulta necesario, asimismo, crear para cada cuenca hidrográfica una estrategia de adaptación a largo plazo, que además atienda a nuestra asignatura pendiente, alcanzar una adecuada calidad de las masas de agua. 

El sector que más hay que atender es el agrícola, con un consumo de agua en España estimado superior al 70%. La agricultura debe mejorar su corresponsabilidad. Ya no solo sirve la modernización de regadíos, sino que, además de acabar de desarrollar la reutilización y la desalación, también debe adoptar planes ante la sequía y planes de adaptación que transformen sus modelos de explotación de acuerdo a las exigencias climáticas. Esto requiere también apoyo a la producción local, a su comercialización e incentivar a los agricultores. 

Encrucijada económica

Si hemos visto la importancia de la capacidad del sistema sanitario y la necesidad de generar sistemas resilientes ante situaciones fluctuantes, sería necesario conocer la situación de nuestras infraestructuras del agua. Según un estudio de la Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED y AEAS, solo para el ciclo urbano del agua, se estima que España posee un valor aproximado de estas infraestructuras de 207.492 millones de euros (redes y plantas de tratamiento de agua potable y depuradoras de aguas residuales, entre otras infraestructuras). 

En la renovación de este patrimonio se invierten 585 millones de euros anuales, entre un 70% y un 80% menos de lo necesario. Esto está provocando un envejecimiento del sistema. Si no se mantiene y se fortalece, como ha pasado con el sistema sanitario, puede sufrir problemas reales operativos, especialmente cuando se tenga que hacer frente a sucesos extraordinarios.

Otro gran reto es la gobernanza. Nuestro intricado desarrollo normativo y nuestra compleja estructura administrativa, en un recurso que reúne a actores e intereses contrapuestos, ha generado una forma de organización que requiere cambios, como demuestra la próxima publicación del Libro Verde de la Gobernanza del Agua. Este informe tiene como objetivo avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de gobernanza del agua que permita afrontar todos estos restos presentes y futuros.  

Esta pandemia puede cambiar nuestra forma de pensar, permitir que comprendamos mejor estos fenómenos globales para realizar una gestión más preventiva y adaptativa que minimice riesgos, sitúe como prioridad la salud y no deje a nadie atrás. Pero, no nos engañemos, nos encontramos en una encrucijada representada por dos maneras de proceder.

Por un lado, se encuentran aquellos que consideran necesario reactivar la economía de la forma más rápida posible, incluyendo la desregularización de las normativas fiscales y ambientales, consideradas como lastres para la economía. Este es el camino que parece que ya han emprendido Gobiernos autonómicos como Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia o Madrid, relajando las exigencias ambientales a nuevos proyectos o ampliaciones, facilitando la ocupación del dominio público hidráulico o anunciando modificaciones de leyes para liberar aún más suelo, vieja receta con viejas consecuencias. 

En segundo lugar, están quienes consideran, ahora más que nunca, que esta situación supone una oportunidad para activar la economía bajo el enfoque de un pacto verde europeo o Green New Deal, que incluya una mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo de la economía circular y conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Este último es el camino expresado el pasado 9 de abril, cuando más de una decena de ministros de Medioambiente de la UE pidieron que los programas de reconstrucción se alineasen con los planes para atajar la crisis climática y la pérdida global de biodiversidad, utilizando el Green New Deal europeo como marco para impulsar esta recuperación.

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Por supuesto, elegiría el segundo camino. No obstante, se generarán transformaciones reales cuando surja lo que los epidemiólogos denominan inmunidad de rebaño, cuando más de un 60% de la población tenga anticuerpos, es decir, hayan cambiado de forma de pensar. Tampoco sabemos si estos anticuerpos durarán el tiempo que requiere estas transformaciones o serán doblegados por la necesidad de una subida inmediata de un indicador miope y cortoplacista como el PIB.

Para conseguir que este pacto verde europeo y sus planes de desarrollo, como el Plan de Acción de Economía Circular o la nueva Estrategia Industrial Europea, impregnen a la sociedad, es necesario que permee a través de procesos de diálogo, espacios de trabajo y acciones participativas. Es necesario, ahora que todos vamos a tener que realizar un gran esfuerzo de recuperación, que al menos aprovechemos esta oportunidad para activar cambios.

* Este artículo está publicado en el número de junio de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes acceder a todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí o suscribirte aquí.aquí