El último bulo de Vox: manipular el ingreso mínimo vital para alertar de un "efecto llamada" que no existe

La aprobación por parte del Gobierno del Ingreso Mínimo Vital ha sido la última excusa de Vox para volver a poner en la agenda su discurso antimigratorio. Este martes, el portavoz parlamentario del partido de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, compareció en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para criticar una medida que, a su juicio, provocará un "efecto llamada muy peligroso". "No vengan, no les podemos acoger, es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles. Si vienen, se someterán a un largo y potencialmente muy peligroso viaje. Llamarles a que vengan y someterles a ese viaje me parece una irresponsabilidad", dijo. Y volvió a insistir: "No vengan. Si lo hacen, sufrirán una enorme decepción". Para ser aún más claro, lo repitió en inglés y en francés, por si hay gente que le escuchaba, dijo, "desde el Magreb".

La misma idea la expresó también el presidente de la formación, Santiago Abascal, que habló incluso de que el Ejecutivo estaba "fomentando la invasión". "Todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta", aseguró a través de su perfil de Twitter, el mismo escenario que escogió el portavoz adjunto del grupo parlamentario del partido, Ignacio Garriga, para lanzar el mismo mensaje. "Cualquier inmigrante ilegal que llegue en patera tiene derecho [al ingreso mínimo vital]. ¡Efecto llamada!", escribió. Pero lo cierto es que los migrantes irregulares no tienen derecho a percibir la prestación. Todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las fuentes expertas en migraciones consultadas por infoLibre coinciden en señalar que afirmar tal cosa no es más que crear un bulo. Y en cualquier caso, si fuera verdad, difícilmente se podría hablar de "efecto llamada". No existe, rebaten. Menos ahora. "En estos momentos no hay efecto llamada posible. Las fronteras están cerradas. Es un efecto absolutamente ficticio", afirma Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

La llegada de la pandemia dejó "fuera de juego" el discurso tradicional de Vox. Con todos los ojos puestos en la crisis sanitaria, el partido de extrema derecha vio que el hueco en el que podía introducir su discurso y sus mensajes se hacía cada vez más pequeño. Poco a poco ha ido consiguiendo ganar terreno y ensancharlo. Primero, agitando las calles y convocando manifestaciones en distintas capitales de provincia contra el Gobierno y "por España". Segundo, retomando su ofensiva contra el feminismo y, en especial, contra la marcha del 8 de marzo, vinculada este mismo miércoles en el Congreso por Abascal con la "enfermedad" y con "la muerte". Y ahora, tercero, volviendo a abanderar el discurso xenófobo y antimigratorio que les ha caracterizado desde que llegaron a las instituciones. 

"Ahora la excusa del efecto llamada es la renta mínima, pero en otras épocas lo que provocaba el efecto llamada era cualquier otra cosa. He llegado a escuchar que si se salvaba a la gente de morir ahogada en el mar se estaba generando un efecto llamada". La que habla es Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España. No hace demasiado de lo que dice. Estamos a pocos días de que se cumplan dos años desde que el recién llegado a la Moncloa Gobierno de Pedro Sánchez decidiera acoger a los 629 migrantes que viajaban a bordo del Aquarius. En ese momento, Vox también calificó el ofrecimiento de puerto seguro de "efecto llamada". Pero no solo ellos. El por aquel entonces portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, también se sumó a ese discurso. "Esto no contribuye a solucionar el problema, sino al contrario", señaló. 

Lo que ocurre es que ahora hay una diferencia: las afirmaciones de los miembros de Vox que afirman que cualquier migrante irregular tiene acceso a la ayuda son, directamente, falsas. "Es mentira, han cometido una irresponsabilidad política tremenda", denuncia Paula Schmid, abogada de extranjería y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla. Se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge la norma aprobada por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes. O en la guía que ha publicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su página web. Según recoge, el primer requisito básico para poder solicitar la prestación es "tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el año inmediatamente anterior". Una persona que atraviesa la frontera de manera irregular no lo cumple. Y tampoco el requisito número cinco: "Figurar inscrito como demandante de empleo". 

"Un inmigrante irregular no recibe ningún tipo de prestación social en España"

No obstante, lo que ocurre con el ingreso mínimo vital es lo que ocurre con el resto de ayudas. "Un inmigrante irregular no recibe ningún tipo de prestación social en España", insiste Schmid. Puede llegar a hacerlo, pero el periodo es largo. Tal y como explica la abogada, una persona que atraviesa la frontera en una patera —por tomar el ejemplo que utiliza Vox— tiene que estar tres años en España de manera irregular, "en clandestinidad", antes de poder regularizar su situación a través de algún tipo de arraigo. Una vez pasado ese tiempo, necesita acreditar un contrato de al menos un año y 30 horas semanales. En caso del ingreso mínimo vital, además, necesitaría esperar un cuarto año para cumplir con el primer requisito que ha impuesto el Ejecutivo para solicitar la prestación. "Tienen que estar 4 años en clandestinidad para intentar conseguirla. La ley es clara, pero el problema es que Vox tiene un profundo desconocimiento de las leyes de extranjería españolas", critica.

Este es el motivo por el cual distintas organizaciones se agruparon en la plataforma #RegularizaciónYa para solicitar que todas las personas que ya están en España puedan acceder a la ayuda. "Junto a cientos de colectivos y organizaciones estamos reclamando una regularización extraordinaria de personas migrantes y el cambio de la actual Ley de Extranjería", explicó Liliana Marcos, experta en políticas públicas y desigualdad de Oxfam Intermón, en una nota de prensa enviada por la organización. "Mientras esto ocurre, debemos al menos garantizar que hogares con menores, solicitantes de asilo o víctimas de trata puedan percibir" la ayuda, añadió.

Esto último sí se ha conseguido. Tal y como anunció el Ministerio de Igualdad el pasado 21 de abril, las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, así como los casos "de extrema vulnerabilidad de mujeres en contexto de prostitución", podrán solicitar la renta mínima. El objetivo, señalaron, es "garantizar las condiciones mínimas de subsistencia" de estos colectivos. Pero tal y como recuerda Schmid, en 2018 tan solo se identificaron 128 víctimas de trata, un número escaso que, dice, puede tener que ver con que el reconocimiento de estas personas supone riesgos para ellas.

El resto de personas en situación irregular sigue estando fuera. Por eso, tal y como coincide Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "el efecto llamada en el sentido que lo usan ellos [los dirigentes de Vox] no existe". "Los migrantes se desplazan a aquellos lugares donde consideran que van a poder trabajar y mejorar su calidad de vida. El ingreso mínimo vital no les aporta nada. No están recogidos y, si lo estuvieran, solo se aplicaría a aquellos que ya se encontrasen en territorio español, no a los que llegasen por primera vez", añade.

"Lo que nos muestra esta construcción de bulos a los que nos están acostumbrando los miembros de Vox responde a una desinformación absoluta. No hay nada más lejos de la realidad. La norma [de la renta mínima] exime a todas las personas que no tengan un año de residencia legal en España. Eso no genera ningún efecto llamada. El colectivo de migrantes tiene como objetivo la búsqueda de empleo, no vienen en busca de ninguna ayuda ni de ningún recurso, más bien de oportunidades laborales", añade Galán, que señala también que "no es realista hacer alusión al efecto llamada cuando se ponen en marcha medidas sociales que en países avanzados están más que consolidados y han demostrado que no generan esa llamada". 

El peligro del concepto: "Exacerbar los sentimientos xenófobos"

Para Álvarez, el verdadero peligro de las afirmaciones de los dirigentes del partido de extrema derecha es que pueden calar en la sociedad. Y eso es peligroso por lo que podría provocar. "Es preocupante porque estas personas atentan contra el principio de no discriminación y lanzan mensajes que exacerban los sentimientos xenófobos e incrementan estereotipos de las personas migrantes completamente falsos", dice. Eso, añade, deja en una "situación de vulnerabilidad" a todas aquellas personas de origen extranjero. "Lo que hacen es focalizarse contra un determinado grupo de personas con información falsa, y eso puede tener repercusión. Las personas migrantes pueden llegar a sentirse más cuestionadas frente a los ataques", lamenta. 

Por tanto, hay que hacer valer el discurso contrario. Galán expresa, en este sentido, que "cuando hay índices de migración es que la economía de un país funciona". Por eso "deberíamos alegrarnos y no tanto rechazar esa llegada de migrantes", puesto que además son muchos los empresarios que están reclamando "mano de obra". 

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Según los datos del Ministerio del Interior, el número de llegadas de migrantes irregulares entre el 1 de enero y el 31 de mayo ha descendido un 28,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por vía marítima y terrestre, en los primeros cinco meses de 2019 atravesaron la frontera 10.383 personas; ahora lo han hecho 7.402. Por la primera vía han llegado 6.152 migrantes, un 22,9% menos de los 7.981 del año pasado; por la segunda, es decir, por Ceuta y Melilla, 1.250, un 48% de las 2.402 del mismo periodo de 2019. Galán lo achaca al cierre de fronteras, algo que impide, a su juicio, hablar de "efecto llamada". 

No obstante, la utilización del concepto es rechazado por todas las expertas en cualquier situación. "Vox tan solo está utilizando el sota, caballo y rey del argumentario de la extrema derecha europea a toda costa", señala Schmid. "Yo creo que el efecto llamada solo puede utilizarse cuando hay un incremento de la economía sumergida, cuando las normas de contratación de las personas migrantes no se equiparan a las de la población local. Ese es el efecto llamada de la economía clandestina, lo que hay que atacar reforzando la inspección de trabajo para evitar que existan efectivamente esclavistas modernos que pagan a mal a ciertas personas por el mero hecho de no tener arreglada su situación administrativa", opina Ferrero Turrión. 

Álvarez, además, recuerda no existe un "efecto llamada", sino un "efecto salida". Los migrantes no migran por lo que les ofrece el país de acogida, sino por las situaciones a las que les somete el de procedencia. "La clase política no asume que la migración es un hecho estructural y no coyuntural, sino que es algo con lo que hay que vivir", sentencia Ferrero Turrión. Cerrar fronteras, dice, no es una solución, puesto que se utilizarán otras. En este sentido, y según un informe que publicó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en el año 2013 –el mismo año que el PP reforzó las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla–, las entradas de migrantes irregulares a través del salto a las vallas de las ciudades autónomas solo supusieron un 15,75% del total. En cambio, al año siguiente, en 2014, y según los datos que publicó el Ministerio del Interior, llegaron por vía marítima 4.552 personas, un 40,6% más que en 2013.