Los empresarios aprietan al Gobierno con la vista puesta en los fondos millonarios que llegarán de la Unión Europea

Antonio Garamendi adelantó que cada uno de los más de 100 empresarios invitados a la megacumbre que la CEOE celebra estos días iba a expresar “su opinión” sobre el futuro inmediato de España tras la pandemia. “Van a plantear qué habría que hacer y cómo habría que trabajar para poner en marcha el país”, precisó. Pero han hecho mucho más. A lo largo de cinco días –y aún faltan cuatro jornadas– un reparto de lujo integrado por los más significados líderes corporativos del país ha exhibido su catálogo de vetos al mismo tiempo que reclamaba su trozo del pastel de las milmillonarias ayudas que se espera lluevan desde Europa. Garamendi también avanzó que, al término de la cumbre, trasladará al Gobierno el mensaje. Como parte de su “trabajo” habitual con el Ejecutivo, con el que mantiene –y lo repitió– una relación “muy buena”.

Opiniones las están dando los grandes empresarios, y también van sumando presión. “Son los que generan efecto tractor en el resto de las empresas”, explicó el responsable de la patronal cuando presentó el elenco de la cumbre. Pablo Isla, el presidente de Inditex, uno de los mayores grupos textiles del mundo, abrió las intervenciones y cerrará el acontecimiento el próximo jueves junto con el propio Garamendi. Ana Patricia Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Sánchez Galán (Iberdrola), Jordi Gual e Isidro Fainé (Caixabank) ya han hecho sus aportaciones. La semana que viene es el turno de Víctor del Pozo, (El Corte Inglés), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Fernando Abril-Martorell (Indra) y de los presidentes en España de las cuatro grandes (Big Four) auditoras mundiales Ernst & Young, PwC, Accenture y Deloitte. También intervendrán las responsables nacionales de Netflix y Facebook. Todo un cartel aderezado con un puñado de exministros: Josep Piqué, Javier Solana, Fátima Báñez, Cristina Garmendia, Eduardo Serra o Beatriz Corredor.

Aunque el tono ha sido, en general, bastante conciliador, muchos de ellos han aprovechado para dejar claro dónde marcan los límites. Ni subidas de impuestos, ni nuevos tributos; en todo caso, rebajas en el IVA –superreducido para todas las actividades turísticas, reclamó el presidente del grupo Barceló, y para los productos pesqueros, exigió el secretario general de los armadores, Javier Garat– y exenciones fiscales –a las socimis, las pidió el consejero delegado de Merlin Properties, la mayor socimi de España–. Goirigolzarri advirtió de que aplicar nuevos impuestos a la banca es “contraproducente” por la baja rentabilidad de las entidades debido a los tipos de interés en mínimos históricos.

También se repitieron las apelaciones a una mayor seguridad jurídica y a la reducción de la burocracia, al tiempo que se subrayó el rechazo a la derogación de la reforma laboral. Aunque casi no se la mencionó por su nombre, sí se recurrió al eufemismo sobre los perjuicios de “revertir las reformas eficaces” y “desmontar lo que está funcionando”. “No hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, apremió el presidente de Inditex. Porque todos se reivindicaron como creadores de puestos de trabajo, pero sólo uno, Antonio Catalán, el dueño de AC Hoteles, abogó por un turismo pospandemia con “salarios justos”. Cierto que Goirigolzarri destacó la importancia del “capital humano” y de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales– para mejorar la empleabilidad e incluso “reducir las desigualdades sociales”.

Por el contrario, el presidente de Acerinox, Bernardo Velázquez Herreros, planteó una disyuntiva poco halagüeña: “O contamos con un precio competitivo de la energía o tendremos que compensarlo con mano de obra más barata y, como España ya no es un país de salarios bajos, al menos en la industria, afrontamos el riesgo de que las inversiones busquen otros entornos regulatoriamente más favorables”. No mencionó a Alcoa, la factoría de aluminio del norte de Lugo que ha presentado un ERE para 534 de sus trabajadores, pero no hizo falta.

Fue más unánime incluso la solicitud de ayudas al Gobierno. El sector turístico reclamó la prórroga de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que les garantizan los ERTE, mientras que el presidente de Iberia, Luis Gallego, pidió un Plan Renove que bonifique la sustitución de aviones viejos por otros nuevos y ecológicos. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa, fue más melodramático: “Estamos secos. No tenemos dinero. No sé cómo vamos a aguantar. Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario”, lamentó, “ahora creo que es imposible quitarnos esta losa que nos está aplastando”. Tomás Pascual, que preside el grupo alimentario que lleva su apellido, pidió moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos; Ignacio Osborne, una campaña de imagen en el exterior.

Inversiones millonarias para negocios sostenibles

Otro término recurrente fue la colaboración público-privada. El maná millonario que se está negociando en Bruselas es un poderoso incentivo para las empresas. Así que muchos de ellos fueron a la cumbre para hablar de lo suyo. Manuel Manrique (Sacyr), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona) defendieron la inversión en infraestructuras, desde carreteras hasta instalaciones de tratamiento de agua y residuos, o centros sanitarios y educativos. Mientras que las energéticas instaron al Gobierno a adelantar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos están fijados en principio para 2030. Ignacio Sánchez Galán quiere que se “acelere” a 2025, puesto que las inversiones previstas en ese programa tendrían “un efecto inmediato en la economía”: aumentarían la competitividad, reducirían la dependencia energética exterior, mejorarían la balanza de pagos, recortarían emisiones, explicó. Todo ellos sin presionar las cuentas públicas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, tiene más prisa y reclamó que se adelante un 30% del plan a 2021 y 2022. Y Beatriz Corredor, flamante presidenta de Red Eléctrica (REE), se apresuró a asegurar que su empresa tiene capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias y funcionar como “tractor” para otras.

Sánchez Galán llegó cargado de cifras para apoyar los beneficios múltiples de aprovechar esas inversiones: 32.000 millones de euros, que generarán, aseguró, 90.000 empleos. Además, la electrificación creará 12 puestos de trabajo en otros sectores, desde la construcción hasta los servicios de ingeniería, por cada empleo interno. Si, además, se eliminara el límite máximo de inversión del 0,13% en redes de distribución eléctrica, fijado por ley, se generarían 40.000 puestos de trabajo más. Otros 5.000 millones de euros dedicados al bombeo hidráulico o las baterías para almacenar energía crearán 14.000 empleos en la España vaciada. Los 40.000 millones necesarios para climatización y bombas de calor son 110.000 puestos de trabajo más, según las cuentas del presidente de Iberdrola. Para descarbonizar hidrógeno industrial harían falta 4.000 millones de euros, que se convertirían en 11.000 nuevos empleos.

José María Entrecanales, José Bogas, Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) y Antonio Llardén (Enagás) se encomendaron a los negocios sostenibles como el “vector de crecimiento más importante de la economía”: rehabilitación energética de edificios, transporte limpio, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Descarbonización y transición ecológica son ahora los motores que pueden sacar al país de la crisis, subrayaron. Ángel Simón (Agbar) destacó la necesidad de construir “infraestructuras resilientes” que hagan frente a sequías e inundaciones.

Y es que las millonarias ayudas que se negocian en Bruselas estarán condicionadas a que las inversiones que se acometan vayan dirigidas a la transición ecológica –y digital–. Además, son objetivos estratégicos anteriores a la pandemia. El Green Deal que Ursula von der Leyen presentó en diciembre del año pasado pretende transformar la economía comunitaria convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para echar mano a esas cantidades, pues, los proyectos en España tendrán que llevar la etiqueta verde. Así que Brufau pidió un plan para reactivar el automóvil, aunque no sólo el eléctrico; Reynés, un Plan Renove energético para el turismo; Llardés habló de gases renovables “verdes” como el hidrógeno o el biometano, verdaderos “vectores de la recuperación”. Luis Gallego también enfocó la renovación de la flota de Iberia hacia la compra de “aviones menos contaminantes”.

Invitaciones a la concordia y reproches al dogmatismo del Gobierno

Como queda dicho, el tono general de las intervenciones fue conciliador y las llamadas al consenso, la concordia y la unidad de las fuerzas políticas y sociales, continuas. Las hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que pidió “políticas de Estado”, o el de Caixabank, Jordi Gual, a favor de un “gran acuerdo” para conseguir una “España más productiva y con una economía sostenible”. Juan Roig, el dueño de Mercadona, invitó a “trabajar todos juntos por la recuperación económica”. “Concordia social e institucional” fue la petición de Francisco Reynés.

Pero también se oyeron reproches a los “intereses ideológicos” que algunos empresarios advierten en los políticos. Los más duros, los expresados por el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien dijo que la pandemia había revelado la “visión más ideologizada y dogmática nunca vista sobre los empresarios de algunos responsables políticos”, que han hecho declaraciones propias de personas “que, con algunas excepciones, no han visto una empresa en su vida ni la entienden”. “La realidad”, les reprendió, “les demostrará que el dogmatismo no crea empleo ni lo mantiene”.

Sólo un par de días antes el secretario general de los armadores de pesca, Javier Garat, había pedido al Gobierno que “aparque la ideología y la propaganda, y actúe con humildad”.

Otros tres empresarios atacaron además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Para el presidente del grupo alimentario Ebro, Antonio Hernández Callejas, ese tipo de medidas, si son permanentes, “hacen clientelismo, adoctrinan a gente para que se acostumbre a la ociosidad y no a la generación”. “Creo que eso debe estar muy meditado, la dignidad de las personas necesita un trabajo, y no un subsidio o un cheque, que crean dependencia y falta de libertad”, sostiene. A continuación, abogó por una reforma fiscal “justa”, pero no “confiscatoria”. En parecidos términos se expresó la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, quien aseguró que este tipo de medidas “no propician el interés por un trabajo formal”. “Sería fundamental”, recomendó, “hacer compatibles las ayudas a los más desfavorecidos con el estímulo para encontrar un puesto de trabajo”.

Javier Tebas, el presidente de La Liga, abundó en esa línea: “No es mejor la famosa renta vital que un puesto de trabajo”. Después se quejó del trato fiscal que, según dijo, se les da en España a los futbolistas de élite y que provoca la huida de ese “talento” a otros países. “Con sólo dos puntos más de IRPF a estos jugadores, perdemos un talento muy importante”, advirtió. Tebas también fue de los que insistió en que no se derogue la reforma laboral, no sin antes presumir de que el fútbol es el principal sector exportador neto del país, puesto que repatría 1.350 millones de euros vendiendo fuera “un producto fabricado íntegramente aquí”. “Los 42 empresas/clubes producen el 1,4% del PIB y generan 180.000 empleos directos e indirectos”, resaltó.

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De ricos y pobres

De ricos y pobres se ocupó igualmente el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La globalización, admitió, está ensanchando las brechas sociales. Y recordó que, según la definición al uso de pobreza severa, en España quien ingresa menos del 30% de la renta mediana anual está incluido en esa categoría. Pero a continuación apuntó que si se aplica ese porcentaje incluso a países como Suiza, “con ese cálculo siempre habrá pobres”. Quien fue presidente de Caixabank hasta 2016 protestó por la petición que ha hecho el BCE a la banca para que no reparta dividendos por la pandemia. Aunque él se refirió a la directriz como “esa política que ahora está de moda”. “Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos; protesto, como os podéis imaginar”, recalcó, porque esos beneficios “los necesita la gente para complementar su pensión”, y los bancos “para hacer obra social”.

El viernes abrió las intervenciones la exministra de Empleo Fátima Báñez, que fue fichada por Garamendi el pasado abril para coordinar el proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE. La responsable del ministerio que elaboró la reforma laboral no la mencionó en su discurso, pese a haber sido reivindicada por los empresarios durante tantos días. Báñez se limitó a repetir el argumentario del PP a lo largo de la crisis: “La mejor política social es el empleo”. Y Garamendi la secundó después: “La que no crea empleo es la Seguridad Social, por muchas fórmulas mágicas que tenga, lo generan las empresas, especialmente las privadas”.