Las organizaciones "provida" pasan de puntillas por la exclusión sanitaria de mayores en Madrid

La "defensa de la vida" y de su "dignidad" plena, desde la concepción hasta la muerte: esa es la idea central del pujante movimiento ultracatólico español, que vive la pandemia con agitación y en campaña contra el Gobierno. ¿Por qué? Los motivos son variados, desde la óptica del movimiento. La persecución religiosa. La discriminación de la educación concertada. El autoritarismo. El recorte de libertades. Pero sobresalen dos razones: el aborto y la eutanasia, las dos causas básicas del lobby integrista. El rechazo a la interrupción del embarazo y a la intervención para poner fin a la vida de un paciente que sufre sin perspectiva de cura, incluso contando con su voluntad, son el combustible de las organizaciones "en defensa de la vida". En cambio, han pasado de puntillas por un asunto de máxima actualidad que podría entrar en la esfera de sus preocupaciones vitales: la decisión de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), de prohibir el traslado de pacientes de residencias de mayores a hospitales, poniendo por escrito "criterios de exclusión", una medida política inédita que supone una discriminación expresa de enfermos por criterios de edad en situaciones de riesgo vital [ver aquí el dosier de la investigación de infoLibre]. En la Comunidad de Madrid han muerto en torno a 6.000 personas en residencias con coronavirus o síntomas compatibles.

¿Y qué dicen de esto las organizaciones "provida"? Poco. Muy poco. Este periódico ha examinado los posicionamientos de 22 organizaciones, sin identificar posicionamientos críticos con esta "exclusión" sanitaria. En siete casos ha habido manifestaciones públicas a través de portavoces o canales, por iniciativa propia, sobre las residencias de mayores, y en tres a posibles discriminaciones, pero siempre en general, no expresamente a los "criterios de exclusión" desvelados por este periódico. infoLibre se ha dirigido a estas 22 entidades, de las que 16 o no han respondido o han afirmado carecer de elementos para una valoración. De las siete restantes, tres introducen algún elemento de crítica a la medida madrileña, pero siempre extendiendo la responsabilidad a otras administraciones. El dedo acusador suele apuntar al Gobierno y singularmente al vicepresidente Pablo Iglesias.

De Sí a la Vida a los propagandistas

El movimiento celebraba este sábado una manifestación virtual por el Día Internacional de la Vida, convocada por la Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de una treintena de organizaciones integradas o adheridas, entre ellas la Asociación Católica de Propagandistas, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, el Foro de la Familia, la Fundación Jérôme Lejeune, Derecho a Vivir, One of Us, Hazte Oír... Es decir, la plana mayor de un efervescente movimiento "provida". Esta plataforma "proclama" que "toda vida humana es valiosa, única e irrepetible y tiene una dignidad que no pierde con la edad, la enfermedad o las circunstancias adversas". El manifiesto del que se extrae la frase, firmado en marzo de 2019, estaba pensado para un contexto de debate en torno a la eutanasia y el aborto, con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el punto de mira, no para los protocolos de "exclusión" de Madrid.

infoLibre ha traslado a la Plataforma Sí a la Vida la siguiente solicitud de posicionamiento sobre la exclusión sanitaria de mayores en Madrid:

"Como organización en 'defensa de la vida', ¿qué valoración realiza de una medida así? ¿Considera política, moral o éticamente reprobable la actuación de la Comunidad de Madrid? ¿Tiene previsto su organización adoptar algún tipo de medida? ¿Ha realizado su organización algún pronunciamiento público sobre la cuestión? ¿Se ha debatido internamente de algún modo?".

No ha habido respuesta de la plataforma. Y no es un caso extraño. Tampoco ha respondido a la misma solicitud One of Us, un titán del movimiento ultracatólico de ámbito europeo, en el que aparece como presidente Jaime Mayor Oreja. En su seno hay puntales del movimiento como Hazte Oír y el Foro de la Familia. ¿De qué se ocupa One of Us estos días? De difundir la convocatoria del Día Internacional de la Vida. Celebra que tres universidades de Estados Unidos dejen de promover el Planned Parenthood, un programa de salud sexual, por la presión de un colectivo de estudiantes católicos. Hay un seguimiento constante del debate sobre la eutanasia. One of Us alaba además el "reconocimiento y protección del no nacido" del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su presidente, Jaime Mayor Oreja, que lo es también de la Fundación Valores y Sociedad, reclama durante la pandemia una "alternativa cultural" ante el Frente Popular, alertando del "desorden y el caos", así como del "riesgo del colectivismo y de una España tan subsidiada que no haya iniciativa". De la exclusión sanitaria de mayores en Madrid, no aparece nada. Valores y Sociedad tampoco responde.

El Foro de la Familia, otro clásico en "defensa de la vida", presidido por Ignacio García Juliá, da testimonio de sus preocupaciones en sus canales de difusión. El Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, es motivo de alerta porque puede "alentar el fraude y el pesebrismo". Inquietan los "ataques a la libertad de educación" de la Ley Celaá, objeto prioritario de las críticas. Es una ley "sectaria y discriminatoria", según el Foro, que mantiene su preocupación por la eutanasia y el aborto, claves de lo que en el movimiento se conoce como "cultura de la muerte". Sobre residencias, hay comentarios genéricos en la cuenta de Twitter, sin señalar en ningún caso a la Comunidad de Madrid. "La tragedia de las residencias de ancianos va mucho más allá del oportunismo político. Por supuesto que es necesario que se depuren responsabilidades, pero hay que ir más allá. Debemos reflexionar sobre lo ocurrido como sociedad, sin excusas". Y añade: "Hay mucho que explicar sobre lo ocurrido en las residencias. TODOS. Lo único seguro es que miles de personas han perdido la vida solos y abandonados, sin poder siquiera despedirse de sus seres queridos". El Foro no respondió a las preguntas de este periódico. Tampoco contesta Red Madre, otra organización provida sin posicionamiento conocido sobre el caso de Madrid.

La falta de alusiones al caso madrileño y el silencio ante las preguntas de infoLibre son una tónica frecuente entre el abanico de asociaciones repasadas. Así es el caso del Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, de la Fundación Más Vida y de E-Cristians, que ha difundido un artículo de ForumLibertas, Un estado que nos alarma, que acusa al Gobierno de querer "aprobar una ley para matar". E-Cristians centra sus mensajes en el recurso pendiente en el Constitucional sobre la ley del aborto o las "peligrosas" leyes de educación, eutanasia, Lgtbi y trans. Tiene una campaña contra el uso de pornografía, otra contra la eutanasia... Nada, al menos a la vista, sobre la exclusión sanitaria de los mayores en residencias en Madrid

Derecho a Vivir, que impulsa campañas como "Stop aborto en casa" y "Eutanasia: matarte por 'compasión'", no se ha referido específicamente a la exclusión sanitaria en Madrid, ni tampoco responde a este periódico. Su presidenta, Rosana Ribera, ha afirmado como consideración general que "el abandono y el triaje podrían considerarse prácticas eutanásicas", como recogió Europa Press. La instrucción de "exclusión" de la Comunidad de Madrid no es un "triaje", que es una práctica sanitaria homologada y habitual.

La Asociación Católica de Propagandistas, antiabortista y antieutanasia, tampoco responde a este periódico. Su mensaje más repetido estos días es contra la reforma educativa. "Si queremos evitar el triunfo de una izquierda totalitaria que nos lleve al desastre, sólo cabe mirar a la derecha", proclamó en un debate durante la pandemia su presidente, Alfonso Bullón de Mendoza. No constan pronunciamientos sobre la exclusión sanitaria en Madrid.

La Fundación Villacisneros, una organización dedicada a "promover los principios y valores que emanan de la dignidad de la persona y constituyen la esencia de la civilización occidental", combina el rechazo al aborto y la eutanasia con un enfoque ultraliberal de la economía. Su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, sugirió en un debate durante la pandemia quitar el derecho al voto "a todo aquel que está subvencionado por el Estado". Tampoco hay rastro de ocupación en el caso de los protocolos sanitarios de Madrid, ni respuesta a las preguntas de infoLibre, alegando los problemas derivados de la pandemia.

De Cidevida a Abogados Cristianos

Hay organizaciones que responden que no tienen nada que responder." No conocemos el tema suficientemente ni hemos debatido el asunto. "Estamos más centrados en la lucha contra el aborto y las casas de acogida", señala un miembro de la directiva de Cidevida, que también se posiciona contra la "banalización de la eutanasia". infoLibre no ha localizado pronunciamientos sobre los "criterios de exclusión" de mayores en Madrid.

La Fundación Jérome Lejeune, con un enfoque católico de la bioética, contrario al aborto y la eutanasia, responde: "Lamentamos no poder responder. No hemos estudiado en detalle lo sucedido ni somos expertos en el tema".

Los posicionamientos sobre residencias son en su mayoría genéricos, lamentando la tragedia, con un enfoque moralizante. Es claro el contraste con el apocalíptico discurso sobre aborto y eutanasia, o sobre educación y sexualidad. Ciencia, Vida y Cultura, ante las preguntas de este periódico, se remite a una declaración de 4 de junio que dice: "Algunos médicos se vieron desbordados por falta de respiradores u otros medios, y no pudieron atender a algunos enfermos –caso especial de los ancianos en las residencias de mayores-, con consecuencias de fallecimiento de muchos de ellos. Este hecho no debe pesar en la conciencia de los médicos o sanitarios o quienes tomaran las decisiones de a quién atender, sino en la de las autoridades sanitarias [...]".

La Federación Española de Asociaciones Provida, con motivo del estado de alarma, lanzó una alerta contra la "cultura de la muerte" por la apertura de las clínicas abortistas, "como si fueran servicios de primera necesidad". La federación, que está en guardia por la "aceleración" de la ley de eutanasia, difunde la campaña "Ningún descarte" contra este proyecto. ¿Y sobre residencias? Tiene una comunicación que, sin aludir a Madrid, apunta al problema "de que, en algunos hospitales y residencias, hay personas que, por su edad o discapacidad, están siendo deliberadamente apartadas de cualquier tipo de tratamiento y dejadas literalmente morir y además completamente solas". "Es cierto que no es algo general, que ante la escasez de recursos y medios personales hay que seguir algún criterio y priorizar, que la situación es desesperada en muchos lugares", expone la federación, que no responde a las preguntas de infoLibre. No hay alusión directa al caso de Madrid y su exclusión sanitaria de mayores.

Otras organizaciones no han hecho manifestaciones sobre el caso, pero, consultadas por este periódico, responden introduciendo algún tipo de cuestionamiento, aunque siempre muy matizado y sin hacer hincapié en el caso madrileño. La Asociación Nacional de Objeción de Conciencia de Personal Biosanitario (Andoc), contra el aborto y la eutanasia, responde a través de su coordinador general, José Antonio Díez: "Por desgracia, como ha recogido la prensa y ha manifestado también la Patronal de Residencias de Mayores y otras muchas instancias, no ha sido Madrid la única comunidad que ha adoptado medidas rechazables, también Cataluña y otras comunidades autónomas y el propio Estado. Afrontar este gravísimo tema sólo en clave política, no hace sino camuflar el problema y diluir las soluciones, introduciendo en una cuestión ética, médica y social, intereses poco claros". "La dignidad humana no admite gradualidad", añade. Andoc no ha hecho ningún pronunciamiento oficial sobre el tema por iniciativa propia.

Aún diluye más la responsabilidad José Castro Velarde, presidente de Enraizados, para quien "el trato realizado a los mayores por el Gobierno de la nación, especialmente por el vicepresidente Iglesias, y seguido en muchas comunidades autónomas, ha sido una de las decisiones más injustas que hayamos podido vivir". ¿Y la exclusión sanitaria de mayores en Madrid, con los protocolos desvelados por este periódico? "No tenemos elementos de juicio para posicionarnos. No ha sido en cualquier caso un problema circunscrito a la Comunidad de Madrid, sino generalizado. En Cataluña también hemos visto situaciones injustas, por poner un ejemplo. [...] Si alguien dice ser el miembro del Gobierno que atiende la agenda social, parece una contradicción que no vele por la salud de los mayores. Pero sabemos que a Iglesias los mayores lo votan menos que los jóvenes", señala el presidente de Enraizados, que durante la pandemia ha lanzado la campaña "No a la demolición de la cruz de los Caídos", al considerar que "en medio de esta crisis sanitaria por el covid-19, están decididos a demolerla" como una forma de "persecución hacia nuestra fe cristiana".

La Asociación Española de Abogados Cristianos es de las más activas durante la pandemia. A base de denuncias públicas y querellas judiciales, carga contra un "Gobierno totalitario" que quiere "cerrar iglesias" por "odio laicista". También contraria al aborto y la eutanasia, Abogados Cristianos se querelló contra Pedro Sánchez por "omisión del deber de socorro" y solicitó "medidas cautelares por la vía urgente para que se administre material para la prevención y medicinas para el tratamiento de la enfermedad en residencias de mayores". “A las residencias no se les está administrando medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación", denunciaba su presidenta, Polonia Castellanos, antes de destaparse los protocolos de Madrid. ¿Qué dice ahora? "Cualquier acto de cualquier administración (local, autonómica o gubernamental) que colabore o incite a la muerte o al suicidio de cualquier persona es reprobable y debe ser castigado para que no vuelva a pasar", responde a este periódico Polonia Castellanos, que en términos genéricos rechaza el "descarte" de personas mayores por obedecer a una "mentalidad eugenésica". Pero el conjunto de la respuesta se dirige no contra la Comunidad de Madrid, sino contra la "izquierda radical". "Desde un comienzo entendimos que se estaba aprovechando el estado de excepción (revestido de estado de alarma) para avanzar hacia ideologías de izquierda radical", añade Castellanos, que alerta de una tendencia del Gobierno a coartar la libertad de expresión que "nos asemeja" a "Venezuela y Corea del Norte". Castellanos planea "más de una decena" de nuevas querellas, pero no aclara si alguna será contra la Comunidad de Madrid.

Hazte Oír ha ignorado hasta la fecha la exclusión sanitaria de mayores en Madrid. Sus energías han estado puestas durante la pandemia en rechazar el estado de alarma y la "ley educativa totalitaria" de un gobierno que, según sus denuncias, vulnera día a día libertades básicas. Hazte Oír, un puntal del ala más dura de las organizaciones "provida", tiene campañas contra la "criminalización" del cardenal Antonio Cañizares, contra el "orgullo gay" en los colegios andaluces, por la salida de Podemos del Gobierno y por el premio Príncipe de Asturias para Amancio Ortega, entre otras. El tema de las residencias se ha abordado sólo para apuntar contra Pablo Iglesias. A preguntas de infoLibre sobre su posición sobre la exclusión sanitaria en Madrid, la respuesta es: "Es evidente que la responsabilidad de los sucedido en las residencias de ancianos es del Gobierno de España, y más concretamente del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. De hecho, Iglesias es uno de los miembros del Gobierno contra quien Hazte Oír ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo por seis delitos, entre ellos el de homicidio imprudente".

Hay un pronunciamiento público por iniciativa propia sobre el caso de la discriminación de mayores en la Comunidad de Madrid, a cargo de Profesionales por la Ética, aunque sin referirse al caso de la exclusión de pacientes de residencias. ¿En qué consiste? En su cuenta de Twitter, Profesionales por la Ética da las "gracias" a la diputada de Vox Gádor Joya y a la Asociación Bioética de Madrid "por cuidar la vida de nuestros mayores", compartiendo a su vez un tuit de Joya que decía: "En la Comunidad de Madrid sigue vigente un protocolo para atención primaria que discrimina a los mayores. [...] Por favor, procedan a modificarlo o tendremos que creer que las vidas de nuestros mayores no les importan".

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Profesionales por la Ética, que ahora centra sus mensajes en la "libertad educativa" y en el rechazo a la eutanasia –de la que se pregunta si no sirve para "ahorrar pensiones"–, no responde a las preguntas de este periódico sobre la exclusión sanitaria de mayores en Madrid. Antes de que estallara el caso de Madrid, acusaba al Gobierno de "mentalidad eutanásica" y se sumaba a la denuncia de la diputada de Vox Macarena Olona, según la cual el Ejecutivo estaba impulsando la eutanasia en residencias "por la vía de los hechos".

Tampoco responde a este periódico Vox, partido "defensor de la vida" y principal referente político del lobby integrista, sobre su posición acerca de los protocolos excluyentes en Madrid. El partido de Rocío Monasterio pone la carga de responsabilidad en el Gobierno, al que hace directamente responsable de los muertos en las residencias.

Tampoco responde sobre la exclusión sanitaria en Madrid la Conferencia Episcopal Española (CEE), siempre atenta en los casos del aborto y la eutanasia, que ha convocado rezos por los afectados por la pandemia, en especial en las residencias.