El 26,8% de indultos concedidos en los dos últimos años contaban con la opinión en contra de jueces o fiscales

Aclamada por las cofradías como una tradición asentada y criticada socialmente por su descarado uso político. Entre esas dos aguas se mueve año tras año la figura del indulto, una prerrogativa cuyo uso ha ido perdiendo fuerza con el del tiempo. Según los últimos datos del Ministerio de Justicia, entre 2018 y 2019 se concedieron en España 56 indultos –17 y 39, respectivamente–, de los cuales la mayoría fueron a parar a condenados por delitos contra el patrimonio o la salud pública. Sin embargo, su aprobación no siempre ha contado con el visto bueno de todas las partes implicadas en el proceso de evaluación. En un 26,8% de los casos, la medida de gracia se concedió a pesar del rechazo expresado por jueces o fiscales. Cifra que, no obstante, queda lejos de la que se llegó a registrar en periodos anteriores. Entre 2012 y 2017, con Mariano Rajoy al frente de La Moncloa, un 53,8% del total de los concedidos contaban con informes en contra. De hecho, hubo años en los que incluso ese dato llegó a situarse en el 60%. Seis de cada diez.

El indulto, que se recoge en el artículo 62 de la Constitución como una de las prerrogativas del rey, está regulado jurídicamente a través de una norma que data de 1870. El expediente se inicia en el Ministerio de Justicia, desde donde se remite al tribunal sentenciador para recabar tanto su opinión como la de la Fiscalía. Pero la posición de ambos órganos no es vinculante. De hecho, no es raro toparse con la aprobación sin el beneplácito las dos partes. En los dos últimos años, según un informe del departamento que dirige Juan Carlos Campo, un 26,8% de los indultos –15 de un total de 56– se concedieron a pesar de contar con informes desfavorables del Ministerio Público o del tribunal sentenciador. Una cifra que varía en función del ejercicio. Así, en 2018, de los 17 otorgados, seis eran vistos con malos ojos por parte de los fiscales –el 35%–, la mayoría de ellos durante el primer semestre, cuando Rafael Catalá estaba al frente de la cartera. En 2019, nueve de los 39 concedidos –el 23%– habían sido rechazados por la Fiscalía (5), por el tribunal sentenciador (2) o por ambos órganos al mismo tiempo (2).

Estos datos, no obstante, reflejan una mejora respecto a los registrados en años anteriores, sobre todo si se comparan con los de los primeros compases de la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. De hecho, con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, llegaron a concederse más indultos con posiciones en contra que con el visto bueno de todas las partes consultadas. En 2012, nada menos que el 60% de las medidas de gracia acordadas presentaban esta particularidad: de los 501 indultos, 215 tenían un informe desfavorable del Ministerio Público, 61 de la Sala sentenciadora y 25 de ambos. Una proporción similar se registró en 2013. Durante aquel año, el último completo de Gallardón en el Ejecutivo conservador, el 59% de los concedidos no contaban en su expediente con el visto bueno de todas las partes implicadas en el proceso. De los 301 acordados, el 45% tenían el rechazo de los fiscales, el 6% del tribunal y el 8% una posición desfavorable de los dos.

Aquellos fueron los polémicos años del perdón. De los escándalos alrededor de una figura que ya forma parte de la tradición española. Sólo hay que recordar el indulto concedido al kamikaze de la autopista de Polinyà del Xúquer (València), que saltó a la palestra después de descubrirse que su abogado era hermano de un exalto cargo del PP y trabajaba en el mismo bufete que el hijo del ministro. También el de los cuatro mossos d’Esquadra que habían sido condenados por torturar a un hombre detenido por error y cuya pena fue conmutada por una multa de 10 euros al mes durante dos años. O los de los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez o Miguel Ángel Sáez, que fueron condenados por la Audiencia Nacional a 18 meses de prisión por la desastrosa identificación de las víctimas del Yak-42. Una medida de gracia esta última que fue duramente criticada por los familiares de los fallecidos. “Para una persona a la que han matado a su hijo, esto es intolerable”, dijo entonces el padre de uno de los militares.

Con el paso del tiempo, estas cifras se fueron reduciendo poco a poco. En 2014, el porcentaje de perdones con algún informe desfavorable se situó 39%, cayendo un año después hasta el 31%. Mucho más bajos fueron los registros de 2016 –el 18% contaba con la posición en contra de una de las partes–, si bien es cierto que buena parte de esos doce meses discurrieron con un Ejecutivo en funciones. Sin embargo, estos datos volvieron a repuntar en el último año completo de Rajoy al frente de La Moncloa. En 2017, de los 26 indultos, el 27% se otorgaron con el rechazo del fiscal y casi el 8% con la posición en contra tanto del Ministerio Público como del tribunal sentenciador. Durante este periodo, probablemente la medida de gracia más polémica fue la concedida a un guardia civil que había sido condenado por grabar una agresión sexual en la Renfe de Gijón. El indultado, que pudo conservar la plaza de funcionario a cambio de una multa de 500 euros, era hijo de un concejal de la formación conservadora en el Ayuntamiento de la ciudad asturiana, según desveló Público.

Si se hace balance conjunto de los seis años completos (2012-2017), puede decirse que el 53,8% de los indultos concedidos –889 en total– por el Ejecutivo conservador a lo largo de ese periodo habían sido rechazados por alguna de las partes implicadas en la revisión del expediente. El 39,6% sólo por la Fiscalía. El 8,9% sólo por la sala que en su día se encargó de la sentencia condenatoria. Y el 5,3% por las dos partes.

Los perdones se mantienen al mínimo

La decimonónica ley para el ejercicio de la gracia del indulto contempla, desde el año 2015, la obligación del Gobierno de turno de remitir semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre esta cuestión. Sin embargo, es una de esas cosas de las que suelen olvidarse. El de Mariano Rajoy no puso sobre la mesa datos concretos hasta julio de 2017. Y el de Pedro Sánchez ha aguantado hasta esta misma semana para presentar resultados. El documento hecho público por el Ministerio de Justicia recoge un total de 39 indultos en 2019 y 17 en 2018. Algo más de seis de cada diez fueron otorgados a condenados por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública. El resto, se movieron entre los delitos contra la libertad, contra la integridad física, contra la Administración Pública y de Justicia o de orden público y falsedad. No hubo ni un solo perdón a castigados por violencia machista, y eso que hubo más de un millar de peticiones. Ni tampoco a condenados por un delito contra la Hacienda Pública, a pesar de haberse abierto algo más de 200 expedientes de este estilo.

Entre los concedidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez hay algún que afecta a políticos. Es el caso, como desveló la periodista Eva Belmonte, del exalcalde socialista de Alburquerque (Badajoz), que fue condenado por obstrucción a la justicia y amenazas a una vecina que había recurrido la construcción de un edificio que le tapaba las vistas. Tras la sentencia firme, el PSOE decidió darle de baja, aunque continuó en el cargo gracias al respaldo de los concejales de su antiguo partido. Un indultoque también se concedió a un par de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fueron condenados por haber falsificado documentos oficiales. Uno de ellos lo hizo para encubrir a su hermano después de que éste se diera a la fuga al recibir el alto de una patrulla de Tráfico. El otro, para poner una multa falsa al exmarido de su mujer.

Los datos confirman la tendencia a la baja en el uso de la medida de gracia. En los últimos cuatro años, sólo se ha concedido en menos del 1% de los casos analizados. En 2016, únicamente el 0,72% de los expedientes tramitados llegó a buen puerto, una cifra que cayó hasta el 0,61% de 2017 y el 0,39% de 2018. No obstante, en los últimos doce meses ha experimentado un repunte. Y eso que el Ejecutivo ha estado en funciones prácticamente durante todo ese tiempo como consecuencia del bloqueo político. Así, en 2019, se concedió el indulto en el 0,94% de los casos. No obstante, todavía está lejos de alcanzar los niveles registrados en otras épocas. En 2007 –primer año del que Justicia ofrece información sobre la tramitación de expedientes–, se daba el visto bueno a más del 11% de las peticiones. Luego, durante el segundo Gobierno de Zapatero, ese dato osciló entre el 7,8% y el 5,7%. Y con Mariano Rajoy y su mayoría absoluta al frente de La Moncloa, se movió entre el 6,7% de máxima en 2012 y el 1,1% de mínima en 2014.

El problema del uso político

Según El indultómetro, elaborado por la Fundación Ciudadana Civio, los diferentes Ejecutivos han concedido desde 1996 más de 10.000 indultos. Los dos años más prósperos en esta materia corresponden a la primera legislatura de José María Aznar. En 1998, se alcanzó el pico de los 1.582, de los que se beneficiaron tanto el exministro del Interior José Barrionuevo como el ex secretario de Estado Rafael Vera, condenados por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL. Sin embargo, habría que esperar dos años más para llegar a la cima. En el 2000, con Margarita Mariscal de Gante primero y Ángel Acebes después como ministros de Justicia, se otorgaron 1.744. De hecho, el segundo de ellos llegó a conceder en un mismo día –el 1 de diciembre– la friolera de 1.328. Una lista descomunal en la que, de nuevo, se escondían más de siete decenas de condenados por delitos de corrupción.

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De hecho, el uso de este instrumento para conmutar la pena a personajes condenados por cohecho, malversación de caudales públicos o prevaricación, entre otros, ha sido bastante habitual. A uno y otro lado del espectro político. Civio calcula que con Aznar al frente del Ejecutivo se indultó a 139 personas castigadas por delitos de corrupción, mientras que a José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy les atribuye 62 y 16, respectivamente. Durante el mandato del socialista, por ejemplo, se concedió la medida de gracia al expresidente cántabro Juan Hormaechea, condenado por prevaricación y malversación. Y durante el del conservador, se conmutó la pena, entre otros, a un ex alto cargo de CiU condenado por desviar dinero público en el caso Treball o a un exalcalde y tres ediles conservadores de Abdalajís (Málaga) por delitos continuados de prevaricación urbanística. Y todo ello mientras Gallardón no tenía reparos en asegurar en público que su Gobierno “no había concedido un solo indulto en casos de corrupción”.

No han sido pocas las veces en las que se ha llevado al Congreso una propuesta para reformar la decimonónica ley. Lo hizo el PSOE en 2016, con una iniciativa que buscaba incluir en el texto normativo la imposibilidad de otorgar la medida de gracia tanto para cargos públicos que han utilizado su condición para beneficiarse económicamente como para aquellos delitos relacionados con la violencia machista. Y lo intentó también el PP hace justo un año, aunque centrando el tiro en los delitos de sedición y rebelión tras la condena del Tribunal Supremo a los líderes del procés. Un caso por el que, según confirmó esta semana el subsecretario de Justicia, ya se han registrado algunas peticiones de perdón que, por el momento, no han comenzado a tramitarse.