Castilla y León oculta los datos de muertes para "no perjudicar los intereses económicos" de las empresas

El Gobierno de Castilla y León considera que “los intereses económicos y comerciales” de las empresas de residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió durante la pandemia en los geriátricos de la región. Así consta en una orden del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP), firmada el pasado 3 de junio, en la que se deniega el acceso a la información sobre número de fallecidos en los geriátricos privados de la región, solicitada al amparo de la Ley de Transparencia [puedes ver la resolución íntegra de la Junta al final del texto].

Dicha norma, aprobada en 2013 con el objeto de “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública”, reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. En su artículo 14 establece, no obstante, una serie de límites a ese derecho de forma que una Administración puede negar los datos que le solicitan cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la investigación de ilícitos penales o la protección del medio ambiente, entre otros asuntos detallados en una larga lista. Una de esas cuestiones, recogida en el artículo 14.1.h), es que se cause un perjuicio a “los intereses económicos y comerciales”.

A ese artículo es precisamente al que se agarra la Junta de Castilla y León para negar los datos de fallecimientos en las residencias privadas. Entre el 14 de marzo y el 14 de junio, murieron en dicha región 2.587 residentes con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad.

En la orden del Gobierno de Fernández Mañueco se explica que los Servicios Jurídicos de la Junta emitieron un informe analizando qué datos sobre fallecimientos en residencias pueden difundirse. Ese dictamen se apoya en el citado artículo 14.1.h), que limita el derecho de acceso a la información para proteger “los intereses económicos y comerciales”, a pesar de que en la misma norma se determina que la aplicación de cualquier límite “será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

Pese a que el informe no es vinculante, el Ejecutivo de Fernández Mañueco lo hace suyo y asume las dos conclusiones básicas del mismo:

– La Junta puede proporcionar datos numéricos de personas fallecidas en centros residenciales de titularidad autonómica, con la desagregación que considere oportuna, incluyendo el nivel de cada residencia o centro individualmente considerado.

– Sobre el resto de centros que no sean de su titularidad, incluidos los intervenidos públicamente, sólo podría trasladar la información de fallecimientos de forma agregada, de tal modo que impida una relación de vinculación entre un número de fallecidos y la identificación y localización individual de cada residencia.

De esta forma, para proteger los "intereses económicos y comerciales" de las empresas de residencias, la Junta de Castilla y León no sólo oculta los datos de muertes en geriátricos privados. Tampoco ofrece información sobre la residencias de titularidad pública de las Diputaciones –hay en total 20 en las nueve provincias– o de los Ayuntamientos –existen 158–, ni de aquellas que siendo privadas reciben dinero público para la concertación de plazas, ni siquiera de las que han tenido que ser intervenidas durante la pandemia por el Gobierno autonómico ante la caótica situación que se vivía en ellas.

En realidad, ni siquiera facilita datos desagregados de los 21 geriátricos de titularidad autonómica que operan en la comunidad. Cinco de ellos están gestionados por empresas privadas y, en esos casos, tampoco publica el dato de decesos por centro. Su protección de los "intereses económicos y comerciales" de las empresas llega hasta ese extremo.

Pero, ¿qué intereses son exactamente los que está protegiendo el Gobierno autonómico del PP? Para saberlo, infoLibre explica a continuación quiénes son las principales empresas de residencias que operan en Castilla y León y quiénes son los propietarios de dichas compañías. 

Los "intereses comerciales" que protege Mañueco

Castilla y León es la región más extensa de España y una de las más envejecidas. Una situación que se refleja en el número de residencias: con una población de 2,4 millones de personas, cuenta con 700 geriátricos (sin contar otros centros asistenciales, como por ejemplo los de salud mental). Por establecer una comparación: la Comunidad de Madrid tiene 6,6 millones de habitantes y dispone de 474 residencias. 

De esos 700 centros, 199 son de titularidad pública (el 28,4% del total) y 501 son privados. Pero ese porcentaje es engañoso a la hora de analizar quién gestiona los centros: 135 de esas residencias de titularidad pública –cinco de la Comunidad, una de la Diputación de Soria y 129 de ayuntamientos–, son explotadas por empresas privadas, tras recibir la correspondiente concesión. El resultado es que sólo hay 64 geriátricos que son de titularidad y gestión públicas, lo que supone el 9,1% del total.

La principal empresa del sector en Castilla y León, con amplia diferencia respecto al resto, es Clece. Filial de ACS, cuyo principal accionista es Florentino Pérez, gestiona 29 residencias. Está presente en todas las provincias, salvo Ávila y Zamora. Es especialmente fuerte en León, donde tiene 10 centros. El dato más llamativo es que 17 de los 29 geriátricos los explota gracias a concesiones públicas: una de la Junta en Burgos, otra de la Diputación de Soria y 15 de corporaciones municipales. 

Como explicó infoLibre en un reportaje sobre el sector residencial en España, Clece es la segunda compañía más importante de España, con 61 centros en total. En cuanto a su propiedad, Florentino Pérez es dueño del 12,52% del grupo ACS, propietario único de Clece. Los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer controlan el 5,07% del capital y el fondo de inversión Blackrock el 5,05%.

La segunda empresa con más centros en Castilla y León es Colisée, que explota la inmensa mayoría bajo la marca comercial La Saleta. Dispone en total de 11 geriátricos, pero su presencia se concentra en Salamanca, donde tiene ocho centros. Además gestiona dos en Burgos y uno en Valladolid. Una de las residencias es de titularidad pública: la de Macotera, que pertenece al ayuntamiento de la localidad salmantina. infoLibre desveló la semana pasada la decisión de Colisée de cobrar 85 euros mensuales, desde ahora hasta diciembre, a los residentes de los 50 centros que tiene en España. Un hecho que se supo precisamente gracias a la denuncia de los familiares de mayores que viven en Macotera. Con esa medida, pretendía recaudar tres millones de euros. Tras publicarse la noticia, Colisée dio marcha atrás y afirmó que esa especie de tasa covid pasaba a ser "voluntaria".

Colisée es el cuarto grupo que más residencias acumula en España. Desde junio de 2017, su accionista principal es el fondo de inversión IK Investment, que opera desde un territorio fiscalmente opaco: la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Como ocurre siempre con este tipo de fondos, resulta prácticamente imposible conocer quiénes son las personas que han puesto el dinero para realizar una inversión concreta, y por tanto no se sabe quiénes son los verdaderos dueños de la compañía. En este caso de Colisée.

La tercera empresa más relevante en Castilla y León es DomusVi, que cuenta con nueve geriátricos, repartidos por seis provincias (tres en Zamora, dos en Burgos y uno en Ávila, León, Palencia y Valladolid). Ninguno de ellos es de titularidad pública, aunque varios reciben dinero de la Junta para la concertación de plazas (la Administración paga una cantidad para que se atienda a un residente en el centro).

DomusVi es la empresa líder del sector en España, con 138 geriátricos. Su principal accionista es otro fondo de inversión, Intermediate Capital Group (ICG), en este caso con sede en Londres.

La cuarta empresa más relevante en Castilla y León es Aralia, controlada por José Luis Ulibarri, un empresario burgalés doblemente procesado en el caso Gürtelcaso Gürtel, uno de los principales escándalos de corrupción de las últimas décadas. Aralia explota siete residencias: cinco de ellas en León, una en Burgos y otra en Valladolid. Llama la atención que cinco de esos siete centros son de titularidad pública y fueron adjudicados mediante concesión a la compañía de Ulibarri: dos por la Junta autonómica –uno en Burgos y otro en León–, dos por corporaciones locales y otro por una junta vecinal.

Aralia, con 20 geriátricos repartidos por cuatro comunidades, está también entre los principales grupos del sector en España. Ulibarri y su familia controlan al menos el 63% de su capital. El empresario burgalés está procesado en dos piezas de Gürtel por pagar dinero a cambio de adjudicaciones y fue detenido en la operación Enredadera.

Otros grupos empresariales que tienen una posición hegemómica en el sector en España cuentan con escasa presencia en Castilla y León. Es el caso de Vitalia Home (tiene cuatro geriátricos), Orpea (cuatro), Ballesol (tres), Sanitas (dos), Caser (dos) y Amavir (uno).

Más allá de las sociedades mercantiles, hay que destacar la relevancia que tienen en Castilla y León entidades de la Iglesia católica, que gestionan decenas de residencias. Destacan especialmente dos: las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y Cáritas. Las primeras gestionan 13 centros, muy repartidos por la región, de forma que tienen presencia en todas las provincias menos en Segovia. Cáritas se encarga de 12 geriátricos, seis de ellos en Zamora.

Mayor presencia aún tiene Mensajeros de la Paz, que no es una entidad de la Iglesia, pero que está presidida por un sacerdote: Ángel García, conocido como el padre Ángel. Dicha asociación dispone de 15 residencias en la comunidad autónoma, siete de ellas en León y cuatro en Palencia. Una parte significativa –el 40%– son concesiones públicas municipales: en concreto, cuatro en León y dos en Palencia.

Más allá de los grupos con presencia nacional y de las entidades vinculadas a la Iglesia católica, también hay empresas locales que tienen una implicación relevante: el Grupo Matellanes 48 gestiona seis residencias (cinco en Zamora), la sociedad El Niño Jesús explota otras seis (todas en Zamora) y Las Encinas cuenta con cinco centros (todos en León).

Comisionado de Transparencia

La orden denegando los datos de fallecimientos por residencias que fue dictada por la Consejería de Familia –cuya titular es María Isabel Blanco (PP)– no es firme en vía administrativa. La legislación establece que cabe una reclamación potestativa ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León. El periodista de infoLibre que realizó la solicitud presentó ya dicho recurso, que fue admitido a trámite por el Comisionado el 19 de junio. Este órgano tiene ahora tres meses para resolver. En última instancia, un ciudadano puede acudir a la jurisdicción contenciosa cuando considere que una Administración ha cercenado su derecho de acceso a la información pública.

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En el texto de la reclamación se recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a interpretar de forma "restrictiva" cualquier limitación al derecho de acceso a la información pública (ver STS 3530/2017, de 16 de octubre), se argumenta que la transparencia en un tema de salud pública debe prevalecer frente a los "intereses económicos y comerciales" de las empresas y se denuncia la "discriminación" que supone ofrecer los datos de ciertas residencias de titularidad pública mientras que se ocultan los de aquellos geriátricos de gestión privada.

También se destaca la paradoja de que la Junta asuma que desvelar un alto número de fallecidos en una residencia puede causar un perjuicio a los "intereses económicos y comerciales" de una empresa y no tenga en cuenta su corolario –que la inexistencia de muertes en un centro puede conllevar un beneficio para éste–, lo que permite concluir que la Junta está en realidad velando por los intereses de unas empresas (las que tienen un alto número de fallecidos) frente a otras (las que no sufrieron decesos).