Miniestado de alarma o autorización judicial, las dos únicas vías para confinar ante los nuevos brotes de covid-19

La proliferación de rebrotes no ha pillado por sorpresa a ningún experto en epidemiología. Con el levantamiento de las restricciones, era más que esperable. Al fin y al cabo, el coronavirus sigue ahí, al acecho. En Huesca, Valladolid, Lleida. Mientras los casos se detecten a tiempo, el problema estará bajo control. Otra cosa es que no se consigan trazar correctamente las transmisiones y se extienda de forma descontrolada por una zona o territorio determinado. Llegados a ese punto, probablemente sea necesario volver a pensar en un confinamiento para controlar la epidemia. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas tienen cierto margen para hacerlo. Bien sea a través de una reactivación del estado de alarma focalizado territorialmente o con una interpretación extensiva de la legislación sanitaria ordinaria. El primero permitiría un cerrojazo de forma generalizada con grandes grupos de población. El segundo, sin embargo, quedaría limitado a operaciones quirúrgicas muy concretas.

Los juristas consultados insisten en que el instrumento normativo adecuado a la hora de restringir la libertad de movimientos es a través del estado de alarma. No obstante, la activación de este estado excepcional no tiene por qué afectar a todo el territorio nacional, como ha sucedido hasta hace una semana. La ley que lo regula contempla la posibilidad de que dicha realidad se pueda declarar exclusivamente en una parte muy concreta del territorio a petición del presidente de dicha comunidad autónoma, aunque las prórrogas deberían pasar necesariamente por el Congreso. Un líder del Ejecutivo regional que, además, podría ostentar la autoridad única. “Yo creo que es la estrategia que se seguiría en caso de que se produjera un rebrote muy grande, por ejemplo, en una provincia o en varias”, opina Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura.

No es la única opción. Sobre la mesa también está la legislación ordinaria en materia de sanidad. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo tercero establece que “la autoridad sanitaria”, a fin de controlar las enfermedades transmisibles, podrá adoptar “las medidas oportunas” para “el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. Es una de las normas en las que se apoyó el titular del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Barcelona cuando dio el visto bueno a la decisión de la Generalitat de Cataluña de imponer el cerrojazo en los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena el pasado 12 de marzo. “Es público y notorio la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública que precisa de medidas que impidan el avance y propagación”, señaló en su auto.

Los juristas consultados, no obstante, consideran que la aplicación de esta ley tiene sus limitaciones. Miguel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, entiende que la norma sólo permite “acordar el confinamiento de personas contagiadas o sospechosas de serlo”. Con esta interpretación coincide también Moreno. Y la Abogacía del Estado, que en uno de los informes que durante el estado de alarma remitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez avisaba de que dicho texto no habilitaba a las autoridades sanitarias para adoptar medidas que afecten “de manera potencial a la totalidad de la población (no a personas determinadas o a grupos concretos de ellas)”. En este sentido, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insistía este martes en rueda de prensa en que la legislación ordinaria “permite limitar la movilidad para grupos muy reducidos en entornos muy reducidos”. En línea con lo que pocas horas antes había dejado caer el ministro de Sanidad, Salvador Illa: las restricciones serán “mucho más quirúrgicas”.

Autorización judicial

A ojos de los expertos, la norma está pensada para controlar, por ejemplo, a aquellos trabajadores de una fábrica en la que se ha detectado un brote. O a sus contactos. No obstante, Moreno cree que podría recurrirse a ella para imponer cierres a nivel municipal con una interpretación extensiva. Como ya se hizo en Igualada o en el municipio extremeño de Arroyo de la Luz. “Si el brote es muy concreto y no se ha generalizado tanto como para haber alcanzado un nivel supramunicipal, no haría falta la aprobación de un estado de alarma. Ante situaciones excepcionales, a veces es necesario tomar soluciones excepcionales. Debe primar el derecho a la salud”, comenta Moreno. Eso sí, las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes e impliquen “privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental” deberán contar con “autorización o ratificación judicial”, tal y como fija la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Presno Linera, sin embargo, no lo tiene tan claro: “No creo que se pueda decretar un confinamiento generalizado aunque sea muy localizado”.

Para los dos juristas, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de actualizar el marco legislativo. “No creo que esté pensado para algo con la potencialidad que tiene el coronavirus”, señala Presno Linera. “Han pasado tres meses y a nivel legislativo no se ha hecho nada. Y ahora parece que todo nos vuelve a pillar por sorpresa”, lamenta el profesor de la Universidad de Extremadura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a finales de mayo su intención de “negociar la modificación” de las leyes sanitarias para “garantizar la correcta gobernanza” una vez fuera levantado el estado de alarma. A día de hoy, no hay novedades en este frente. En la rueda de prensa de este martes, se preguntó a la ministra portavoz por las leyes que se retocarían, en qué dirección y con qué plazos estaban trabajando desde el Ejecutivo. Sin embargo, Montero se limitó a decir que “las reformas legislativas” que se pudieran plantear en este sentido serían “limitadas” y con un “alcance bastante restringido”.

Mientras, el líder del PP, Pablo Casado, sigue insistiendo en la necesidad de elaborar de forma “urgente” un “plan jurídico” para que no sea necesario tener que volver a recurrir al estado excepcional si la cosa se complica. Y menos durante el periodo estival. “No sería eficaz tener que convocar al Congreso en pleno verano para aprobar un estado de alarma”, señaló el presidente de los conservadores tras la reunión mantenida con los máximos representantes de la Organización Médico Colegial (OMC). Por eso, y aunque consideró que con la legislación vigente es suficiente para controlar un repunte de los casos, tendió la mano al Gobierno para modificar alguna norma si se considera necesario “concretar más las medidas amparadas” por el marco normativo en vigor.

Más de una decena de brotes

Desde que comenzó la desescalada, Sanidad ha detectado 37 brotes. A día de hoy, hay activos 11, que se reparten por toda la geografía española. En Fuerteventura, se han localizado positivos entre los migrantes que en los últimos días han llegado a la isla. En la comarca de A Barbanza (A Coruña), nueve contagios han puesto el foco sobre un vecino que viajó recientemente a Brasil. Algo similar ocurre en Murcia, donde se investiga si un caso importado desde Bolivia puede ser el origen de un rebrote que ha afectado ya a 17 personas. También se han detectado focos en Bizkaia y Vitoria alrededor de dos centros hospitalarios. En Valladolid, ya son 39 los casos localizados, 21 de ellos en el Hospital Río Hortega y otros 18 en dos residencias. También en otro centro de ancianos de Lleida se ha registrado un repunte de contagios. Y a un par de horas de allí, en La Garrotxa (Girona), más de una treintena de personas se encuentran a la espera de resultados. En este caso, la lupa se centra sobre los trabajadores de una empresa cárnica.

Montero aclara que no se prevé otro estado de alarma en el corto o medio plazo salvo un cambio drástico

Ver más

Pero el brote que más preocupa a Sanidad es el de la provincia de Huesca, que tuvo su origen entre los trabajadores de una empresa frutícola de Zaidín. Las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca, La Litera y Caspe, donde en las últimas veinticuatro horas se han detectado más de una cuarentena de casos, ya han regresado a las restricciones contempladas durante la fase 2 de la desescalada. “Es una zona en la que hay que tener muchísimo cuidado ahora”, avisaba hace unas horas en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ponía sobre la mesa la “alta sospecha” de “transmisión no detectada”. A pesar de ello, el Ejecutivo no cree que sea necesario reactivar el estado de alarma “ni en el corto ni en el medio plazo”. “En este momento la pandemia está controlada, sigue la evolución prevista y cada vez el número de contagios es menor”, explicó Montero en rueda de prensa con la intención de precisar las declaraciones que horas antes había realizado en una entrevista televisiva la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Según explica en conversación con infoLibre Salvador Macip, médico e investigador de la UOC, los rebrotes durante lo que ha venido a llamarse nueva normalidad son algo “esperable e inevitable”. Sin embargo, en opinión del experto ahora estamos mucho mejor preparados para hacer frente a ellos que hace tres meses, cuando la epidemia pilló a medio mundo con el pie cambiado. “Por un lado, porque se han reforzado los hospitales. Y, por otro, porque se ha incrementado la eficacia a la hora de hacer test, de detectar casos y de actuar rápidamente”, señala el médico. Sin embargo, recuerda que buena parte del éxito en la lucha contra el coronavirus está en manos de todos y cada uno de los ciudadanos. De que sigan cumpliendo a rajatabla las recomendaciones sanitarias. Y de que no se relajen con la llegada del verano. “Es necesario que todo el mundo continúe estando en alerta. Lavándose las manos. Utilizando las mascarillas”, insiste una y otra vez.

El médico recuerda que el virus sigue al acecho. Y que la pandemia está en uno de sus momentos álgidos. Así, pone como ejemplo el repunte de casos en Oriente Próximo y Asia, donde en la ciudad de Pekín se han vuelto a reinstaurar algunas medidas de confinamiento a fin de frenar la propagación masiva de uno de los brotes detectados. Lo mismo ha ocurrido en Alemania, donde las autoridades decidieron este martes volver a imponer restricciones a más de medio millón de personas tras registrarse más de un millar de casos alrededor de una planta cárnica, o en Portugal. “Estamos viendo algunos altibajos, pero no hay suficientes casos subiendo en un espacio corto de tiempo como para hablar de una segunda ola”, explica Macip. En principio, todo el mundo asumía que el nuevo varapalo podría llegar en otoño. Pero el médico no descarta que pueda ser antes. “En principio se asume que las altas temperaturas dificultan la propagación, pero no lo eliminan. Pero en verano se producen muchos comportamientos de riesgo, por lo que no hay que descartarla por completo en este periodo. Hay que tratar de evitar esa sensación de tranquilidad”, sentencia.