La pandemia empieza a cobrarse en turismo, comercio e industria sus primeras víctimas económicas

El ministro de Justicia, Juan Campo, avanzó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo un aumento de los concursos de acreedores de hasta el 246% este año y nada menos que del 619% en 2021. Es sólo uno de los datos que revelarán la intensidad del parón productivo causado por el coronavirus: “De los 7.000 presentados en 2019 a 50.000 el año próximo”, precisó. De momento, sólo se conocen los concursos inscritos en los Registros Mercantiles hasta el mes de marzo, 1.001, un 9,6% más que un año antes, pero 29 menos que en el último trimestre de 2019. En abril apenas se han inscrito 44 concursos, y 84 en mayo, debido al estado de alarma, que ha frenado las comunicaciones internas de los procedimientos concursales. Para hacerse una idea de la caída, en abril de 2019 se inscribieron 285 concursos. Habrá que esperar pues, antes de tener una imagen real de la magnitud del daño infligido por la pandemia y el confinamiento a las empresas.

No obstante, empiezan a quedar al aire las primeras heridas. Pullmantur, la única compañía de cruceros española –aunque propiedad desde 2006 de Royal Caribbean y del fondo suizo Springwater a través de sociedades radicadas en Luxemburgo y Holanda– acaba de solicitar el concurso de acreedores. “Los vientos en contra generados por la pandemia son demasiado fuertes para que Pullmantur los supere sin una reorganización”, ha lamentado la empresa en una declaración muy marinera. La naviera cerró 2019 con un aumento anual de ingresos, pero el coronavirus la obligó enseguida a cancelar todos los viajes hasta el 15 de noviembre en sus tres cruceros, Sovereign, Horizon y Monarch. Pullmantur era parte del desaparecido Grupo Marsans, propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En el aire, casi 5.000 empleos, de ellos 370 en España.

Intu Properties es la promotora británica dueña del 50% de los centros comerciales Xanadú (Madrid) y Puerto Venecia (Zaragoza). Si no alcanza este viernes un acuerdo con los bancos a los que debe dinero, tendrá que presentar concurso de acreedores en Londres. El procedimiento puede afectar al futuro del centro comercial de Arroyomolinos, cuya otra mitad pertenece al fondo estadounidense Nuveen. Ya antes de la pandemia Intu vendió su 50% de Puerto Venecia, el mayor centro comercial de Europa, a una joint venture integrada por Generali Real Estate, filial de la aseguradora italiana, y la alemana Union Investment. La otra mitad del centro zaragozano sigue en manos del fondo de pensiones público canadiense CPP. El cierre de los centros comerciales por culpa del covid-19 ha dado la puntilla a una compañía que el año pasado perdió 2.293 millones de euros y carga con una pesada deuda de 5.200 millones.

La cadena de casas de apuestas Codere y la de clínicas dentales Dentix se han salvado de momento y en el último minuto. Con unas pérdidas de 97,1 millones de euros en los tres primeros meses de este año –nada menos que 11 veces las del mismo periodo de 2019– y el cierre de sus locales tras el estado de alarma, Codere necesitaba una financiación adicional superior a los 100 millones de euros que ha encontrado en un hedge fund, según ha publicado El Confidencial. El pasado lunes presentó el acuerdo a su consejo de administración, que ha convocado junta general de accionistas para el 24 de julio. Casi al mismo tiempo, Ernst & Young ha manifestado las “dudas significativas” que tiene sobre la capacidad de la empresa de apuestas para continuar funcionando, por las tensiones de liquidez que le ha supuesto el cierre de los locales. Durante el confinamiento sólo pudo mantener abierto el canal online de apuestas y a su término, únicamente ha reanudado las operaciones sobre las carreras de caballos en Uruguay. Mientras, la junta general no se prevé pacífica: los antiguos gestores de la compañía, José Antonio y Javier Martínez Sampedro, piden la dimisión de tres consejeros, nombrados por los tres fondos que poseen la mayoría del capital, Silver Point Finance, Prudential y Abrams Capital. Al tiempo, el consejo de administración ha solicitado un aumento de 20 millones de euros en sus remuneraciones, y una reducción de capital para conseguir liquidez.

Por su parte, Dentix ha vuelto a abrir sus tiendas tras llegar a un acuerdo con otro fondo, el estadounidense KKR, que ha renunciado a que la cadena dental le devuelva los 160 millones de euros que le había prestado. Esa deuda obligó a la empresa a acogerse al preconcurso de acreedores el pasado marzo, del que aún no ha salido a la espera de firmar otro acuerdo con el resto de los bancos que financian a los pacientes.

Peor suerte ha tenido la cadena de pastelerías Mamá Framboise. Tras cerrar las seis que tenía en Madrid durante el confinamiento, ha tirado la toalla y no continuará con la actividad después de casi 10 años. La pandemia va a arrasar en el sector del consumo. Por culpa directa del parón de casi tres meses, como en Mamá Framboise, o porque éste ha dado la puntilla a negocios que ya venían tocados. Es el caso de las tiendas de ropa infantil Tuc Tuc, que presentó el concurso en mayo. También propiedad de un fondo, Endurance Partners, declara 25 millones de euros de pérdidas. Ya estaba en preconcurso antes de que se extendiera el covid-19 y en 2018 tuvo que cerrar sus tiendas en Francia. Aún cuenta con otras en Turquía, México, China, Estados Unidos y Portugal. En España peligran 250 puestos de trabajo.

Scytl, pese a pertenecer a un sector muy alejado de la distribución textil, ha acabado de forma similar. La compañía tecnológica ya estaban en preconcurso desde diciembre y ha entrado en concurso y pedido la liquidación al juez en mayo. Su deuda alcanza los 75 millones de euros. La empresa saltó a los titulares de los periódicos tras adjudicarse los contratos para el recuento de los votos en las elecciones europeas y municipales del año pasado. Era la primera vez desde 1978 que Indra no se ocupaba de un recuento electoral, que Scytl consiguió con una rebaja del 20% en el precio de licitación. pero los problemas sufridos en ambas convocatorias devolvieron a Indra el concurso en la siguiente cita electoral. Según la empresa, en cambio, “no se produjo ningún fallo en el volcado de los datos”, sino que se trató de “simples errores de transmisión de datos desde las mesas, como sucede en todos los procesos electorales”. Poseen buena parte de su capital el fondo luxemburgués Balderton Capital, los estadounidenses Industry Ventures, SAP Ventures y Vulcan Capital y el irlandés VY Capital Ireland.

Aerolíneas e industrias

El aéreo va a ser otro sector letalmente impactado por la pandemia. Pero mientras las compañías de bandera han recibido enseguida generosas ayudas de sus respectivos gobiernos, –Lufthansa, Alitalia, KLM– las más pequeñas han empezado a cerrar. Level Europe es una filial del grupo Vueling, a su vez integrado en IAG, la compañía propietaria de Iberia. Con sólo tres aviones en Austria y otros tres en Países Bajos, explotaba 16 rutas en Europa. Tras quedarse sin el 99% de su demanda estos tres meses, presentó concurso en Viena, donde tiene su sede, el pasado día 18.

También ha dejado sus aviones en tierra Flyest, una de las aerolíneas de Air Nostrum, el grupo valenciano propiedad de Carlos Bertomeu. La empresa, que operaba en Argentina, ha sufrido la prohibición de vuelos en ese país hasta el 1 de septiembre, decretada por el Gobierno de Buenos Aires. Aunque también reprocha a éste la falta de ayudas públicas al estilo de las que se han concedido en Europa.

En la industria, la pandemia ha acabado con empresas punteras que arrastraban problemas previos. Nissan en Barcelona o Alcoa en Lugo han decidido no esperar ni un minuto más para echar el cierre tras años de pérdidas, pero también de desinversiones. A la parálisis del mercado de la automoción por culpa del covid-19 ha atribuido Vauste Spain el concurso de acreedores que ha solicitado este mismo mes. La empresa, adquirida el año pasado por un grupo de Emiratos Árabes Unidos, DSA Group, es la antigua Tenneco Automotiv, una factoría de amortiguadores de Gijón que ya estuvo a punto de cerrar en 2016 y vivió un largo conflicto laboral. Ese año lo adquirió un fondo de inversión alemán, Quantum Capital Partners, que salvó la primera amenaza de desaparición. Hoy sus 130 trabajadores vuelven a encontrarse con ella.

Aunque no ha presentado el concurso, el grupo siderúrgico Gallardo Balboa ha anunciado un plan de reestructuración financiera con los bancos acreedores que incluirá la venta de la empresa. La pandemia ha perjudicado tanto su liquidez como su posición financiera, según ha aclarado el grupo extremeño, por lo que pidió un aval del ICO que le fue denegado “pese a cumplir los requirimientos”. Tiene a parte de sus 900 trabajadores acogidos a un ERTE.

Mucha más prolongada ha sido la agonía de la antigua Uralita, hoy denominada Coemac. Solicitó el concurso de acreedores el pasado enero y el juez lo declaró en mayo. Coemac, en manos de la familia Serratosa, arrastra aún el lastre de las múltiples reclamaciones judiciales derivadas del amianto que Uralita fabricó durante años y que es cancerígeno. Las indemnizaciones la han dejado sin liquidez, asegura.

Cadáveres y fondos buitre

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El camino hacia la insolvencia del grupo canario Ralons ha sido igualmente largo y nada tiene que ver con la pandemia. Es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, también dueño de Seguridad Integral Canaria y otras empresas de la seguridad privada en el punto de mira durante toda la crisis por sus cuestionables prácticas laborales. Ramírez, que fue condenado por el Tribunal Supremo por una delito urbanístico y luego indultado por el Gobierno, apareció como uno de los donantes del PP en los papeles de Bárcenas. El grupo incluye desde guarderías y servicios de limpieza hasta empresas de formación y de vigilancia. Unos 2.000 trabajadores. En estos momentos, Miguel Ángel Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, está siendo investigado por fraude fiscal y a la Seguridad Social, ya que según el fiscal, no pagó ni el IRPF ni las cuotas de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria entre 2009 y 2016. Seguridad Integral Canaria se declaró en concurso en enero de 2018 con un pasivo de 22 millones de euros.

Pero la pandemia se ha llevado por delante no sólo a empresas frágiles o ya heridas, también ha fabricado algunos cadáveres exquisitos, como las tiendas de lencería Victoria's Secrets en Reino Unido. La marca estadounidense abrió el pasado 31 de agosto su primera tienda en España, en Madrid. O la cadena de lujo de Diane von Furstenberg, que ha cerrado en Londres y en Estados Unidos sólo mantendrá abierto su local de Nueva York. También cuenta con una tienda en Madrid. Latam, la mayor línea aérea de América Latina, y Virgin Australia han seguido el mismo camino a los juzgados.

Una nota es común en casi todos estos procesos: la presencia de fondos de inversión rondando los cadáveres empresariales. Bien porque son los propietarios de las firmas en concurso ­–Pullmantur, Codere, Dentix, Tuc Tuc, Scytl,– bien porque aparecen como interesados compradores. –Codere, Tenneco–.