El primer pacto: dejar de utilizar a los muertos como arma política

Tras escuchar a Cayetana Álvarez de Toledo este miércoles en el Congreso, las palabras de Pablo Casado en las que parece dar a entender su predisposición a llegar a posibles pactos con el Gobierno pierden mucha credibilidad. Ojalá sea cierto y el PP de verdad estuviera abierto a alcanzar acuerdos transversales con el resto de las fuerzas políticas. La siempre polémica portavoz popular volvió a utilizar a los fallecidos por causa del coronavirus como objeto de la discusión política. Si el PP está sinceramente dispuesto a buscar un consenso con el Gobierno, debería empezar por dejar de intentar servirse de los fallecidos como estrategia de oposición política.

El lunes pasado, eldiario.es publicaba los argumentarios del PP en los que pide a sus portavoces que usen las cifras de los muertos contra el Gobierno en la campaña de Euskadi y Galicia. Prácticamente, no hay una intervención pública de los líderes populares en la que no intenten convertir el tema de las víctimas en centro de la discusión partidista.

Con el comienzo de la emergencia sanitaria, el Partido Popular decidió colocar la batalla de todo el país contra el coronavirus en el centro de su política de oposición. Desde el primer momento, optaron por centrar su estrategia en culpar al gobierno central de todo lo negativo que pudiera suceder. Fue una decisión política arriesgada, puesto que suponía renunciar a crear un frente unido, junto al Gobierno, hasta superar la emergencia sanitaria. Nunca sabremos qué hubiera ocurrido en sus expectativas electorales de haber asumido una postura constructiva y solidaria.

A medida que el estado de alarma ha servido para frenar la extensión del virus y reducir ostensiblemente el número de contagios y de víctimas, la fuerza argumental de la oposición conservadora ha ido perdiendo fuerza. Con las cifras de hoy en la mano, el nivel de contagio en España supone alrededor del 2,5% de los más de 9 millones de infectados en todo el mundo. Ese porcentaje se reduce día a día debido a la tremenda expansión que la enfermedad está teniendo en África, América y Asia.

Sin embargo, tanto Vox como el PP repiten día a día el mismo argumento relativo a que el Gobierno intenta ocultar la cifra oficial de muertos en España por causa del coronavirus. El número de hombres y mujeres cuya causa de fallecimiento por el covid-19 ha sido certificada por las comunidades autonómas supera en la actualidad los 28.300. La derecha puede afirmar con razón que esa cifra no refleja con exactitud el número real de muertos causados por la pandemia. Lo llamativo es que para apoyarlo se basan en las cifras oficiales aportadas por los registros de defunciones y por la comparativa de fallecidos el año pasado en estas mismas fechas de otros organismos oficiales, como el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística). En decir, son todas cifras oficiales. La afirmación de que las cifras oficiales esconden la verdad carece de sentido.

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Parece evidente que, en España, el covid-19 ha acabado con la vida, como mínimo, de al menos 28.300 contagiados y que hay un número mayor de fallecidos imposible de fijar con exactitud, aunque es más que probable que supere en conjunto los 40.000. Nadie ha ocultado nada. Ya a principios del mes de abril, Raquel Yotti, la directora de otro centro oficial, el Instituto Carlos III, responsable de la gestión del MoMo (Sistema de Monitorización de la mortalidad diaria), explicaba públicamente que las cifras oficiales que se daban no incluían por ejemplo conceptos como la muerte adelantada o la indirecta. Por muerte adelantada, se entiende aquellas personas afectadas de gravísimas enfermedades que al contraer el virus fallecían antes de lo previsto. El caso de las indirectas hace referencia a los casos de enfermos de otras serias dolencias que en los períodos de colapso hospitalario no pudieron ser asistidos adecuadamente. A esto hay que sumar las cifras de muertos, por ejemplo, en residencias, cuya causa de fallecimiento no fue certificada con una prueba PCR por parte de algunas comunidades autónomas. En la comparativa de este año, tampoco es fácil de determinar la cifra de víctimas de accidentes laborales o de tráfico que se han evitado con el confinamiento. Al final, establecer con una única cifra exacta y certificada el número de fallecidos a causa del coronavirus es imposible aquí y en cualquier país del mundo. La determinación de la cifra real de muertos preocupa en todas partes, pero en ningún país democrático y civilizado se culpa al gobierno central de falsearlo intencionadamente. Sobre todo, teniendo en cuenta la clave principal: son las comunidades autónomas las que aportan los informes cuya suma es la que comunica el ministerio de Sanidad. Jamás se ha producido una sola queja de alguna comunidad autónoma de que las cifras que aporta se hayan escondido o cambiado.

Defender que las cifras oficiales que el Gobierno hace públicas ocultan malévolamente la verdad es falso. La mezquindad de la acusación equivaldría a quien pudiera decir que hay en España partidos políticos interesados en que el número de fallecidos fuera el mayor posible. Tan miserable sería el que oculta interesadamente a víctimas para no ser criticado, como el que infla intencionadamente esa cifra para sacar beneficio partidista. Acabaríamos en el disparate de pensar que hay quien puede desear que haya menos muertos para sacar rédito electoral y en el de creer que hay quien desea que mueran más compatriotas para poder echarle la culpa al Gobierno. Si llegamos hasta aquí, es que algunos han enloquecido.

La mejor manera de evitar insanas interpretaciones parece bastante sencilla. Los partidos deberían dejar de utilizar la contabilidad de los fallecidos como arma de ataque a los rivales políticos. Este acuerdo debería por supuesto alcanzar a la responsabilidad municipal, autonómica y estatal. Otra cuestión diferente y trascendente será la de analizar y determinar cuáles son las causas que han producido una mortandad especialmente alta en España.