La amenaza del ladrillo vuelve a Valdevaqueros, la playa de Tarifa en la que los murciélagos evitaron un voraz proyecto urbanístico

Pese a ser un lugar privilegiado, donde Atlántico y Mediterráneo se dan la mano, en ese trozo de tierra solo había desolación. Hasta ahora. El Ministerio del Interior anunciaba el pasado 23 de junio el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Tarifa, vacío de internos y con una actividad nula a causa de la crisis del coronavirus. El municipio gaditano recuperará así antes de lo previsto (ya había un plan para trasladar la actividad del centro al CIE de Algeciras) un enclave que le fue arrebatado primero por el Ministerio del Ejército franquista y más tarde, ya en democracia, por el de Interior: la Isla de las Palomas o Isla de Tarifa. El punto más meridional de la Península Ibérica, el extremo sur de Europa.

Ese reconquistado islote artificialmente unido al continente, tan simbólico y tan valioso, contrasta con la amenaza que se cierne sobre otro espectacular paraje de la localidad. La playa virgen de Valdevaqueros se erige entre dos parques naturales protegidos: el del Estrecho (al que pertenece también la isla de Tarifa) y el de los Alcornocales. Dos espacios paisajísticos sin los que no se entiende la idiosincrasia del sur del sur España, más concretamente de la comarca del Campo de Gibraltar.

Valdevaqueros es una de las playas más extensas y desurbanizadas de Tarifa. Al igual que la cercana de Bolonia, cuenta con una impresionante duna. A diferencia de aquella, sin embargo, la duna de Valdevaqueros fue producto de la acción del hombre ante las intentonas por frenar los movimientos de arena que amenazaban con sepultar diversas instalaciones militares. Un paraíso que lleva años pendiente de la amenaza de la edificación. Y en este caso, al contrario de lo sucedido con la Isla de las Palomas, el coronavirus podría ser, en lugar de la causa de su recuperación, la excusa para su destrucción.

Un eterno proyecto, una lucha incansable

El primer plan de urbanización de la playa surge en 2012. La sociedad propietaria Valdevaqueros SL pretendía construir 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras en este espacio protegido. Se trataba de un proyecto promovido por la empresa GMT y diseñado por el empresario y arquitecto Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana e implicado en el caso Villarejo. El Ayuntamiento de Tarifa, por aquel entonces con Juan Andrés Gil (PP) como alcalde, avaló la iniciativa y se movilizó en su defensa. El 29 de mayo de 2012 el consistorio tarifeño aprobó la construcción de la urbanización.

Sin embargo, organizaciones como Ecologistas en Acción o la plataforma Salvemos Valdevaqueros, críticas con el inestimable impacto medioambiental de la construcción, consiguieron tumbar el llamado Plan Parcial Sector Litoral 1 Valdevaqueros. En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad del pleno en el que se dio luz verde al proyecto, una decisión que el Tribunal Supremo confirmó el pasado 2 de junio al desestimar el recurso de casación interpuesto por la Junta de Compensación del Sector SL1 Valdevaqueros del Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa.

Antonio Muñoz, uno de los portavoces de la plataforma Salvemos Valdevaqueros, explica en declaraciones a infoLibre que “la pretendida urbanización se aprueba sin estudio de impacto medioambiental”. La opacidad en el aval del proyecto por parte del Ayuntamiento de Tarifa es una de las causas por las que esta primera intentona acabó su recorrido en los juzgados, pero el motivo de mayor peso jurídico reside en el animal más temido y desacreditado del momento: el murciélago.

Inesperados aliados alados

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Supremo [ver aquí] acepta el argumento definitivo de la inviabilidad de cualquier transformación urbanística del sector de Valdevaqueros, debido a la presencia de la colonia de murciélagos amenazados del Búnker del Tufillo. Este antiguo búnker militar fue declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) en 2013, es decir, se trata de un área en la que es prioritario garantizar un estado de conservación favorable a los hábitats de las especies que protegen. El auto considera probado por las periciales practicadas que todo el sector es área de alimentación de los dos quirópteros amenazados: el murciélago ratonero mediano y el grande de herradura.

Así, el obvio impacto ambiental a un perímetro virgen necesitó de estos murciélagos para dar con un escudo legal. Ahora que ya cuenta con él, Muñoz considera que "el nuevo proyecto urbanístico, Montevaqueros, está abocado al fracaso, por más que intenten disfrazarlo de sostenible”. El también portavoz en el Campo de Gibraltar de Verdemar-Ecologistas en Acción apunta cómo “el pastizal en el que cazan los murciélagos no admite ningún cambio de uso pues hipotecaría la supervivencia de la colonia”.

Montevaqueros: ¿modelo sostenible o nueva engañifa?

Tras ocho años de lucha en la calle y los juzgados, organizaciones medioambientales, partidos políticos como Adelante Andalucía y la parte de la ciudadanía que se opone al plan parecían poder descansar con tranquilidad. Sin embargo, ha emergido un nuevo plan urbanístico que se presenta con “etiqueta verde”. El nuevo color de la Junta de Andalucía y, lo que es más llamativo aún, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, se han convertido en una oportunidad de oro para los promotores, que ven como la edificación de Valdevaqueros puede no caer en saco roto.

Montevaqueros, que así se llama, ha reducido indudablemente la densidad de edificación: de 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras a apenas 60 casas y 350 plazas de hotel. La empresa Valdevaqueros Pueblo SL cifra en un 90% la reducción de la edificabilidad. Se presentan bajo el eslogan #LaPlayaNoSeToca. En su página de Facebook dominan los tonos verdosos y azulados: campo, mar, naturaleza conviviendo en armonía. “Una iniciativa que respeta los valores medioambientales del terreno y los hace compatibles con un proyecto residencial y turístico sostenible”, manifiesta la voz que narra el vídeo de presentación del proyecto.

Sin embargo, para Muñoz este plan “ocupa el mismo espacio que el anterior, no solamente el búnker está protegido, también todo el radio que les sirve de hábitat [a los murciélagos], así que nace muerto”. Pese a ello, señala que el ayuntamiento de Tarifa (ahora en manos del socialista Francisco Ruiz) sigue “coordinando acciones con la Junta de Andalucía para llevarlo a cabo”. José Francisco Castro, cabeza de lista de Adelante Tarifa en las últimas elecciones municipales, coincide en que detrás de Montevaqueros hay “una presión sobre el entorno natural de la misma importancia que cualquier otro proyecto urbanístico, esto no es más que especulación”, comenta en declaraciones a este medio.

Castro incide además en que serán viviendas de lujo “a las que no podrá acceder el ciudadano libre”. “Detrás de esto hay una apertura a desarrollos urbanísticos diseminados, con todos los problemas que ello conlleva, enmascarados de proyectos verdes”, añade. Un modelo que sigue la línea, según Castro, del que está impulsando la Junta de Andalucía y que el PSOE de Tarifa pretende seguir también pese a no coincidir con el que “predica” públicamente.

El covid-19 como pretexto

Si un murciélago acabó con el primer proyecto de Valdevaqueros, otro podría haber proporcionado la excusa perfecta a las instituciones implicadas para llevar a cabo la construcción del plan alternativo. Este mamífero es uno de los animales más apuntados por los virólogos como portador del coronavirus a los humanos. Y la crisis social y económica provocada por la pandemia de covid-19 ha servido para que Valdevaqueros Pueblo SL aumente la presión en los trámites de aprobación del plan, solicitando prescindir de controles medioambientales bajo el pretexto de la urgente necesidad de un impulso en la actividad de la zona.

Al menos eso, y la absoluta cesión a estas reclamaciones de la Junta de Andalucía, se desprende de la queja que Salvemos Valdevaqueros y Verdemar-Ecologistas en Acción han trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz [ver aquí]. En ella se citan unas medidas recogidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fecha del 9 de junio, “dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus”. En este Decreto-Ley se modifican artículos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Unos cambios con un objetivo claro: suavizar la protección del suelo. Así, cuando hasta ahora la normativa era muy restrictiva para estas actuaciones, considerando que la actividad humana debía estar restringida a lo estrictamente “permitido”, ahora estará abierto a lo “no prohibido”.

“Actualmente, no todas normas reguladoras de nuestros parques naturales y zonas protegidas están preparadas para este cambio, pues lo no prohibido puede ser tan extenso y dar lugar a actuaciones tan variopintas como permita la imaginación humana, y pretender delimitar todas las que puedan ser perjudiciales para la naturaleza se antoja una tarea imposible”, subrayan los autores del escrito. “La normativa y el espíritu de protección de la naturaleza debe ir en el sentido contrario: blindar los espacios que deban estar preservados del desarrollo humano”. Los colectivos firmantes ponen como ejemplo a seguir “otras legislaciones autonómicas (véase, la de Baleares)”.

Concentración celebrada el pasado 6 de junio frente al Ayuntamiento de Tarifa, cuya puerta los asistentes empapelaron, contra el nuevo proyecto de edificación de Valdevaqueros. | Salvemos Valdevaqueros

Denuncian también la forma de aplicar estas modificaciones. “La disposición final de un Decreto-Ley no es el medio adecuado para un cambio de tanta relevancia, ya que cercena las posibilidades de participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de normas”, remarcan. Añaden que “no es comprensible este cambio cuando se está tramitando una nueva Ley de urbanismo (la LISTA)”. “Se aprovecha de un Decreto-Ley extraordinario y urgente y centrado en otra realidad, por lo que consideramos que esta forma de modificación vulnera la seguridad jurídica de la ciudadanía, al faltar la suficiente publicidad, y que no puede ampararse en la justificación de necesidad de impulsar el turismo o la educación”, sentencian.

Más allá de lo medioambiental: formas de entender la vida de un municipio

“La Junta de Andalucía está presionando al Ayuntamiento de Tarifa para tramitar de urgencia el expediente de urbanización Montevaqueros aprovechando el artilugio de Las incertidumbres derivadas de la crisis sanitaria provocada por el virus covid-19”, opina Antonio Muñoz. Para uno de los principales impulsores de Salvemos Valdevaqueros, intentan “hacen prever, junto al contexto global, una mayor desaceleración del crecimiento económico”. Ahora bien, y al margen de consideraciones medioambientales o incluso éticas (por lo peliagudo de impulsar un proyecto de estas características a través de un decreto que busca atajar el impacto de una enfermedad), ¿la edificación de Valdevaqueros realmente beneficiaría la actividad económica y laboral de Tarifa?

José Francisco Castro tiene claro que no: “Ni el desarrollo económico ni la estabilidad económica van ligadas al desarrollo urbanístico”. El líder de Adelante Tarifa en el municipio alude a un hecho del que puede dar constancia cualquier vecino o visitante: se trata de una localidad “eminentemente diseminada”. Con 419,7 km², constituye el quinto municipio por extensión de la Provincia de Cádiz. Sin embargo, con sus 18.162 habitantes desciende hasta el puesto 17 en cuento a población. En verano, por supuesto, estas cifras se multiplican.

La población autóctona se concentra en torno a la Punta de Tarifa, pero el término municipal engloba entidades locales menores como Facinas o Tahivilla, a 20 y 26 kilómetros, respectivamente. Entre unos núcleos y otros se encuentran las playas de Los Lances, Bolonia o Valdevaqueros. Esta distribución tan atomizada no hace más que aumentar con proyectos como Montevaqueros, según Castro, y es lo que explica que el beneficio económico de un proyecto de estas características sea limitado en los principales focos poblacionales.

El concejal hace referencia además a otros problemas derivados a este desarrollo diseminado y “eminentemente turístico” que a su juicio deberían ser prioritarios: “los residentes habituales del núcleo de Atlanterra no notan este desarrollo, ven cómo sus servicios públicos no llegan con garantías”. Tampoco el agua, por la que deben acometer “obras hidráulicas de gran envergadura”.

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Castro y Muñoz coinciden en que la opinión de la población tarifeña no es ni mucho menos unánime. “Si pones en una balanza empleo y medioambiente, en una ciudad donde más del 80% del desempleo está relacionado con el sector servicios, evidentemente poner un hotel en primera línea de playa que se publicita por todo el mundo lo ves positivo”, comenta Castro, para añadir que “cada vez más el pensamiento en la isla ve que es necesario un modelo más sostenible y concéntrico, en el que la gente haga vida en el pueblo y no solo lo visite”. “En Tarifa se nota que cada vez hay una sensibilidad mayor”, concluye.

Antonio Muñoz hace mención a las acciones de protesta de las organizaciones contrarias al proyecto y al apoyo de figuras mediáticas andaluzas y nacionales. “A nivel local, la empresa va a plantear cuestiones de puestos de trabajo, por lo que no sé cuál será la opinión general, pero sé que hay una opinión popular en Tarifa contra este y otros proyectos”, añade. “La gente quiere un nuevo modelo turístico en la zona, y una protección del litoral como la que se empezó a dilucidar”. Se muestra optimista en unos tiempos poco dados a ello, afirmando que “el proyecto no se va a hacer”. Reconoce eso sí que son unos tiempos “raros”, en los que han tenido que organizar concentraciones con un máximo de 19 asistentes, y que eso “también les da a ellos cierta ventaja, aunque esté Internet y las redes sociales, para tenernos controlados”.

Tarifa, la ciudad del viento, ha acabado hipotecando su destino al de los murciélagos que en sus noches lo atraviesan.