El Gobierno aumenta la presión para que el PP pacte unos Presupuestos contra la “catástrofe” económica

El Gobierno no se conforma. Después de una semana que consiguió cerrar con el apoyo del PP para regular la nueva normalidad, con el pacto entre sindicatos y empresarios para extender los ERTE y del clima creado en el seno de la Comisión de Reconstrucción del Congreso para intentar sacar adelante un gran acuerdo de impulso la sanidad pública, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere más. Y no está pensando sólo en un acuerdo genérico en la Cámara Baja para impulsar la reconstrucción económica y social sino en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sánchez no está solo en esa estrategia que trata de presionar a Pablo Casado. Ciudadanos, que lleva toda la pandemia ensayando y consolidando negociaciones con el Gobierno, insistió el lunes en la misma idea: instar al Partido Popular a mostrar “coherencia” y abrirse a negociar los próximos Presupuestos, en su caso con el argumento de que así no dependerán de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y EH Bildu. No son los únicos. También sindicatos y empresarios, dadas las circunstancias económicas extraordinaria que vivimos, preferirían unas cuentas públicas con un amplio respaldo parlamentario.

La ministra Portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se aplicó este martes a la tarea. “No es el momento para nuestro país de los vetos cruzados” sino de “la altura de miras”. Como la de Ciudadanos, agradeció expresamente, predispuesto —dijo— a “llegar a acuerdos con el Gobierno en materias tan importantes como las presupuestarias”.

Pero el Gobierno es más ambicioso, al menos en su discurso público, y no le basta con la formación naranja. “Seguimos aspirando a que la totalidad de las fuerzas políticas, incluido el principal partido de la oposición, participen de esa de reconstrucción y también de unos Presupuestos públicos” para que en 2021 “podamos empezar con fuerza”. Los ciudadanos piden “que en este momento todos arrimemos el hombro, que aparquemos diferencias históricas”.

Los Presupuestos de 2021 todavía no tienen apoyo —salvo PSOE y de Unidas Podemos— “más allá de una disposición, que agradecemos, de fuerza políticas que entienden que la realidad del país. Una realidad tremenda en términos económicos y sociales”, subrayó. “Este país ha tenido una catástrofe que requiere una operación de salvamento en toda regla”, enfatizó. Y para eso “los Presupuestos son claves. Es la herramienta más efectiva” que tienen el Gobierno y el Congreso para “cristalizar” los acuerdos de reconstrucción.

“Vamos a hablar con todas las fuerzas que no se autoexcluyan, y espero y deseo que el PP no lo haga”. Y que “no ponga líneas rojas que no son las adecuadas”, advirtió en referencia a la resistencia de los conservadores a aumentar determinados impuestos, algo que “no hicieron en la crisis financiera”. En aquella ocasión, recordó la titular de Hacienda, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno llevó a cabo “una subida masiva e indiscriminada de impuestos” que afectó “prácticamente” a “todas las figuras fiscales. Cuando Casado habla de eso no lo recuerda”, recriminó.

Dos meses por delante

En cualquier caso, el Gobierno no empezará a hablar con los grupos parlamentarios hasta que se cierre la ayuda de la Unión Europea y España sepa cuánto dinero va a recibir y en qué condiciones. El Gobierno ya está trabajando en las cuentas, reconoció Montero, pero para avanzar necesita también saber con más precisión cuales son las previsiones de recesión, déficit y deuda para este año. Son “elementos imprescindibles” para construir “el esqueleto” presupuestario y poder empezar a hablar con los partidos, algo que previsiblemente se llevará a cabo durante los meses de julio y agosto con la intención de enviar el proyecto al Congreso en el mes de septiembre.

“Ojalá tengamos una cuentas con el consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas, incluido el PP”, insistió. “Seguimos pidiendo que aparquen las diferencia ideológicas” para aprobar “unas cuentas de la reconstrucción. Si no es ahora, ¿cuándo piensa el PP que tiene que arrimar el hombro?”, se preguntó la ministra.

Lo que es “impensable”, subrayó Montero, es “que podamos seguir con las cuentas de 2018 [las últimas aprobadas en el Congreso, diseñadas por el exministro conservador Cristóbal Montoro]. Eso lo sabe todo el mundo, incluido el PP. No se puede afrontar la reconstrucción con cuentas de 2018”.

De momento, al menos, no habrá una reunión al más alto nivel entre Sánchez y Casado para conseguir que el PP negocie unos Presupuestos de reconstrucción. La voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo “es inequívoca” y la “invitación a que el PP participe de los acuerdos de reconstrucción y de los Presupuestos la ha expresado el presidente en múltiples ocasiones, nadie puede no darse por enterado”, advirtió Montero. “Gobierno y oposición tiene la obligación de que las cuentas públicas representan a la gran mayoría de los españoles. Tenemos”, remarcó, “la obligación de ponernos de acuerdo. Esa oferta está encima de la mesa y no requiere de ninguna intermediación añadida. Ojalá el PP, a través de una llamada, por escrito o públicamente, como prefiera, se pronuncie en términos positivos porque el país necesita que las principales fuerzas políticas arrimemos el hombro”.

A pesar de los llamamientos que hace en público, y las constantes apelaciones a la responsabilidad del PP, las expectativas de que la crisis económica y social que afronta España tenga una respuesta política unitaria siguen siendo remotas. El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en ello en todas las oportunidades que se le presentan, pero hace ya tiempo que perdió la esperanza de que Casado vaya a cambiar de actitud, según las fuentes consultadas por infoLibre.

El retrato que Moncloa hace del PP es compartido por parte del PSOE y de Unidas Podemos. Y no es nada favorecedor. Los socios de la coalición de Gobierno creen que Casado sigue la estela que le marca la ultraderecha de Vox en todos los asuntos públicos y le disputa desde la voluntad de judicializar la política a la negativa a abrir espacios de diálogo sobre diferentes materias, así como una estrategia de deslegitimación del Ejecutivo y de polarización social.

Achicar el espacio

Para contrarrestar al PP, Sánchez no sólo mantiene verbalmente las ofertas de diálogo, consciente de que Casado ni siquiera quiere hablar de la renovación de órganos constitucionales cada vez más instalados en el limbo de la interinidad, como el Consejo General del poder Judicial o el Consejo de Administración de CRTVE, sin olvidar la renovación parcial del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, sino que trata de poner en evidencia a los conservadores achicando su espacio político mediante acuerdos con Ciudadanos y con la patronal y estableciendo distinciones entre la los dirigentes conservadores de la calle Génova y los presidentes autonómicos más moderados de su partido, como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o Alfonso Fernández Mañueco.

El acercamiento al partido de Inés Arrimadas es evidente. Ha facilitado a Sánchez sacar adelante todas las prórrogas del estado de alarma durante la pandemia en contraste con la posición del PP, dispuesto —igual que Vox— a forzar el levantamiento de las medidas de confinamiento que permitieron poner la covid-19 bajo control. Y aunque está por ver su verdadero potencial, que se pondrá a prueba estos días en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso y, sobre todo, cuando toque tramitar el proyecto de Presupuestos , ya está teniendo consecuencias dentro de los naranjas, en cuyas filas la inquietud de los más intransigentes busca constantemente visibilidad.

La estrategia envolvente de Sánchez se combina además con la búsqueda de acuerdos con la patronal CEOE y Cepyme. En Moncloa están convencidos de que negociar y pactar una ruta compartida para salir de la crisis de común acuerdo con los empresarios y con Ciudadanos dejará en evidencia al PP y a la bandera de la crispación.

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Mantener a la patronal en el diálogo no es sencillo, sobre todo cuando están pendientes reformas tan ambiciosas como las que afectan a las normas que rigen los contratos y que tanto PSOE como Unidas Podemos se han comprometido a cambiar para corregir los excesos de la era Rajoy. Pero el Ministerio de Trabajo cuenta con un arma a su favor: la ingente cantidad de recursos que hay que poner en juego en los próximos meses para reactivar la economía y sobre cuyo reparto, prioridades y naturaleza los empresarios quieren tener la oportunidad de influir.

La estrategia de Moncloa para aislar al PP y desnudar la intención de Casado de forzar una situación límite que haga caer el Gobierno de coalición culminará el día en el que el gabinete bicolor sea capaz de sacar adelante los Presupuestos y cuente por fin con la herramienta política que necesita para desarrollar su programa. La legislatura, de eso son muy conscientes en Moncloa, sólo se asentará definitivamente en el momento en el que haya Presupuestos, lo que de paso acabará por poner entredicho, esperan, la estrategia “cortoplacista” y “desestabilizadora” del PP de Casado.

Mientras Sánchez trata de situar a Casado frente al espejo de la intransigencia de Vox, la incertidumbre en el campo de los partidos que hicieron posible la investidura crece cada día. Los socios preferentes del Gobierno no entienden el acercamiento a Ciudadanos, temen el precio de un entendimiento con la patronal y cuestionan la falta de interlocución con el Ejecutivo, de la que se quejan a diario. No sólo Esquerra o Compromís, dos ejemplos muy significativos porque el primero es clave en la búsqueda de una solución al conflicto catalán y el segundo comparte tareas de gobierno con el PSOE en la Comunitat Valenciana, sino con el PNV, al que las posiciones de la formación naranja levantan sarpullidos.