Las cuentas del Gobierno para su plan de reconstrucción: sin el PP y con el respaldo alternativo de ERC y Cs

Todavía hay margen, porque el viernes se volverá a reunir la comisión y la votación final en el Pleno del Congreso no tendrá lugar hasta después de las elecciones gallegas y vascas, pero el Gobierno está aún lejos de sumar al PP a los Pactos de Reconstrucción Económica y Social con los que el presidente Pedro Sánchez quiere inaugurar la era poscovid.

El PP se abstuvo en los grupos de trabajo que desde hace semanas trabajan en la preparación de medidas para reforzar la sanidad pública y en el que intenta fijar una posición de consenso en torno a lo que España espera conseguir de la Unión Europea y votó directamente en contra en los grupos de trabajo encargados de las medidas económicas y sociales.

La Comisión de Reconstrucción que preside el socialista Patxi López se dividió en cuatro grupos de trabajo para organizar su tarea. Cada uno de ellos se reunió este jueves para aprobar sus respectivos documentos de conclusiones, que serán elevados el viernes para su debate y votación en comisión y que llegarán al Pleno en la segunda quincena de julio para su ratificación.

La redacción deliberadamente vaga que PSOE y Unidas Podemos dieron a sus propuestas para facilitar un acuerdo y la aceptación de centenares de enmiendas del millar que han presentado los grupos políticos de la oposición no han sido suficientes para atraer al ‘sí’ a los de Pablo Casado, ni siquiera en el grupo de trabajo sobre sanidad, que es en el que las posiciones se han acercado más.

No obstante, tanto el PP como los grupos que apoyan al Gobierno, a los que se ha sumado Ciudadanos en la votación sanitaria, confían en avanzar en los próximos días en algún acuerdo que facilite a los conservadores pasar de la abstención al sí en un asunto decisivo después de que la pandemia haya demostrado no sólo la importancia de un sistema sanitario público sino sus debilidades. El Partido Popular optó por la abstención porque considera que “hay aspectos clave que aún no han sido introducidos”, como la creación de una agencia de salud pública y de calidad asistencial “y todo lo relativo a la financiación de las medidas para garantizar la mejora del sistema”.

Los conservadores tampoco encontraron moagunastivos suficientes para apoyar el plan de reconstrucción en relación con la Unión Europa pero sí hallaron razones de fondo para oponerse a la hoja de ruta que proponen PSOE y Unidas Podemos en relación con las política sociales y economía. En el primer caso, porque quieren que cualquier esfuerzo en materia educativa se extienda a la enseñanza privada. Y en el segundo, porque insisten en la necesidad de bajar impuestos.

El debate fiscal, más allá del escollo creado en torno al modelo educativo, sigue siendo el principal obstáculo para que el PP se sume al Plan de Reconstrucción. Sin la participación de los de Casado, reconocen fuentes de la Moncloa, la potencia del acuerdo, inicialmente pensado para varias legislaturas, pierde fuerza, sobre todo a la hora de negociar en Bruselas ayudas no condicionadas porque añade incertidumbre en relación con las grandes líneas que regirán la política económica y social en España en los próximos años.

Los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no sólo no lograron atraer al sí al PP sino que tuvieron que apoyarse en tres casos en Ciudadanos —sanidad, Unión Europea y economía— y recurrir a Esquerra para sacar adelante el acuerdo en materias sociales, salvando así la oposición cerrada de la derecha (PP, Cs, PNV y Junts) a que el esfuerzo financiero se concentre en la enseñanza pública.

El PNV, tradicionalmente alineado con el Gobierno, acabó votando en contra de todas las propuestas apadrinadas por PSOE y Unidas Podemos. Lo hizo porque sostiene que comparten un espíritu “recentralizador”, no respetan las competencias autonómicas y no van acompañadas de financiación ni de planes rigurosos para su aplicación. Bildu, por su parte, abstuvo en los grupos en los que ha podido participar en las votaciones finales —algunas de ellas se solaparon en el tiempo y los grupos pequeños no han podido votar en todas—.

Lejos de un consenso amplio

A la espera del esfuerzo que los partidos puedan hacer en los próximos días, el Plan de Reconstrucción Económica y Social sigue sin suscitar el consenso que el Gobierno pretendía para compartir entre todos los partidos las bases políticas de la salida de la crisis.

Esquerra volvió a exhibir su desconfianza en el Gobierno a la vista de su interés en llegar a acuerdos con el PP, no sólo en relación con los planes de reconstrucción sino también en lo que se refiere al proyecto de Presupuestos para 2021. Y aunque avaló al Gobierno en las conclusiones para la reconstrucción social, rechazó las de sanidad y economía y se abstuvo en la relativa a la Unión Europea. Junts per Catalunya, por su parte, rechazó las conclusiones en materia social y sanitaria y se abstuvo en la de la UE. 

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El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, pidió después a Esquerra que distinguiese entre los Presupuestos y los programas de gobierno, que contienen medidas y leyes concretas, de la necesidad de cristalizar un acuerdo “amplio” sobre el que edificar la reconstrucción social y económica del país. Lo hizo a pesar de que la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, fue quien el martes expresó el deseo del Ejecutivo de pactar las cuentas del año que viene con el partido de Pablo Casado. “No podemos excluir a nadie”, aseguró.

También el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defendió el esfuerzo —de momento fallido— para que el PP se sume a los pactos porque eso “facilitará”, asegura, la llegada de fondos comunitarios y, por tanto, el diseño de “unos Presupuestos progresistas”.

Lo apretado de las votaciones y una jornada maratoniana facilitaron la aprobación de una enmienda de EH Bildu que pedía la reforma laboral del PP de 2012, que en su día ya provocó el enfado de la patronal y a punto estuvo de poner fin al diálogo social. Esta vez el PSOE corrigió su error con la ayuda del PP forzando una nueva votación —de dudosa legalidad, a la vista de la reacción del letrado de la Cámara que supervisaba las votaciones— que borró la propuesta de los abertzales.