Sánchez firma con los agentes sociales un pacto por el empleo entre críticas de la CEOE a subir impuestos

El Pacto por la Reactivación Económica y por el Empleo firmado este viernes en los jardines del Palacio de la Moncloa por el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme contempla catorce compromisos sobre los que alcanzar acuerdos para acelerar la creación de puestos de trabajo e impulsar la economía española a través de la intensificación, "de manera inmediata", de las distintas mesas de diálogo social.

En el pacto, que consta en total de diez puntos y ha sido recogido por Europa Press, las partes se comprometen a impulsar desde las empresas la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis sanitaria, siempre que las circunstancias lo permitan y potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida.

Al mismo tiempo, se comprometen a impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la crisis del covid-19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos.

Gobierno y agentes sociales apuestan también en el pacto por desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico. El objetivo es acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el coronavirus.

Asimismo, se comprometen a establecer un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, y para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, buscando mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y una mayor contribución a la estabilidad económica.

Modernizar el mercado laboral

Igualmente, las partes se comprometen a modernizar el marco laboral para minimizar el impacto sobre el empleo de futuras crisis futuras y las políticas activas con el fin de reorientar los recursos hacia un sistema de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores, desplegando mecanismos para alinear la oferta y la demanda en el mercado laboral.

Gobierno y sindicatos muestran su apoyo al desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados, así como al colectivo de los autónomos, "tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales".

Se comprometen además a asegurar el reforzamiento de los servicios públicos, especialmente el sanitario y el sistema de dependencia, así como el servicio público de empleo (SEPE), mejorando la calidad de los empleos y los mecanismos de coordinación y de colaboración público-privada existentes.

En materia de pensiones, apuestan por abordar las adaptaciones que sean necesarias para reforzar y garantizar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo su poder adquisitivo.

Y en materia fiscal, se comprometen a impulsar medidas para aflorar la economía sumergida, "luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal".

Pacto por la industria

El acuerdo contempla la puesta en marcha de un Pacto por la industria que permita la "imprescindible reindustrialización" de España, que "diversifique, equilibre y modernice su estructura productiva", e impulse sectores estratégicos.

El Gobierno y los interlocutores sociales abogan además por fomentar la transición "verde" del conjunto de sectores productivos y la economía circular, apostando por la colaboración público-privada y la inversión en la industria, la agricultura y en servicios competitivos.

También apuestan por impulsar la digitalización de la economía, el despliegue de capacidades digitales a lo largo de toda la vida laboral y la incorporación a las empresas de las nuevas tecnologías, en particular las pymes.

Para conseguir todos estos objetivos, el Ejecutivo y los interlocutores sociales acuerdan reactivar, con carácter inmediato, las mesas de diálogo social ya constituidas y abordar los compromisos recogidos en el pacto en los foros correspondientes.

"El Gobierno y los interlocutores sociales comparten la urgente necesidad de impulsar la reactivación económica y la creación de empleo tras la desescalada de las medidas de contención adoptadas ante la emergencia sanitaria causada por el covid-19. Las circunstancias excepcionales actuales exigen llegar a acuerdos amplios de país que proporcionen la necesaria estabilidad y permitan sentar las bases de un crecimiento económico más sostenible e inclusivo", sostienen en el acuerdo.

CEOE y Cepyme piden no subir impuestos

Los presidentes de CEOE y Cepyme han aprovechado sus respectivas intervenciones para expresar su rechazo a los planes fiscales del Gobierno, ya que podrían perjudicar el crecimiento económico, según informa Europa Press.

En este sentido, Cuerva ha advertido a Sánchez de que subir los impuestos a las grandes empresas sería un "error". "La subida a las grandes empresas también repercute en las pequeñas y puede lastrar el crecimiento económico y la inversión", ha dicho Cuerva, que ha insistido en que ahora es el momento de "creer en la empresa y de apostar por ella" porque así también se apostará por el empleo.

Desde CEOE, Garamendi ha afirmado que ahora no es el momento de abrir el debate fiscal y ha subrayado que lo que hay que hacer es combatir la economía sumergida, porque de allí saldrían "un montón de millones".

El empuje de Iglesias por el impuesto a las grandes fortunas

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que va a seguir intentando convencer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la necesidad de aprobar el impuesto a las grandes fortunas que defiende Unidas Podemos, y que el jefe del Ejecutivo volvió a descartar este jueves, describiéndolo como un "fetiche".

"Lo voy a intentar convencer. Lógicamente en el Gobierno tenemos discusiones y yo represento a 35 diputados. Con 35 diputados creo que hemos conseguido muchas cosas, más de las que muchos pensábamos, pero no todas", ha reconocido el líder de Podemos en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

El vicepresidente segundo ha asegurado que dentro del Gobierno de coalición están de acuerdo en que se tienen que reducir los "siete puntos de desventaja en términos de justicia fiscal" que tiene España con los países de su entorno; es decir, en la necesidad de hacer una reforma fiscal con subidas de impuestos a rentas altas, tal y como aseguró ayer Sánchez en una entrevista en La Sexta.

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A este respecto, el líder de Podemos ha celebrado que "ese es un excelente punto de partida", pero ha reconocido que, en lo que se refiere al impuesto a las grandes fortunas, "todavía" no ha logrado convencer al presidente de la necesidad de aprobarlo. "Pero lo voy a seguir intentando", ha asegurado.

"No sería la primera vez que hemos partido desde posiciones distintas y dialogando y negociando hemos llegado finalmente a lugares, a mi juicio, más interesantes", ha afirmado, tras defender que este impuesto que propone su formación "sería un instrumento no sólo de justicia fiscal sino de eficiencia económica", y que "la minoría que goza de una situación de privilegio estaría encantada de arrimar el hombro".