SGAE y Unison se oponen ante el Ministerio de Cultura a la creación de su competidora SEDA

La creación de SEDA (Sociedad Española de Derechos de Autor), nueva entidad de gestión de derechos de autor que quiere postularse como principal competidora de la SGAE, se encuentra ante un nuevo escollo. Más de 200 músicos y 70 editoriales críticos con la entidad tratan de obtener, desde diciembre, la autorización del Ministerio de Cultura para empezar a funcionar y poder así marcharse de la SGAE teniendo una alternativa segura. A la llegada de la pandemia, que detuvo este junto a otros muchos trámites administrativos, se une la oposición de la propia SGAE y de Unison, empresa de gestión de derechos de autor, de los que SEDA sería competencia directa. Los artistas críticos temen que la participación de estas dos entidades en el proceso obstaculice la obtención de la licencia. 

La directiva de SEDA critica que Cultura haya consultado en el proceso a ambas organizaciones, que según ella se han pronunciado en contra de la autorización. La nueva entidad denuncia que esto podría ir en contra de la Ley de Propiedad Intelectual: la normativa de 1998 recogía que para que se concediera la autorización a una nueva entidad, había que contemplar, entre otros criterios, "el informe de las entidades de gestión ya autorizadas", pero esto se eliminó en la ley de 2009. "Los abogados de SEDA están estudiando el caso y van a responder legalmente en unos días", asegura a este periódico Patacho Recio, portavoz de la nueva entidad. "Nosotros consideramos que los únicos interesados en la creación de la entidad son los solicitantes, y desde nuestro punto de vista no hay motivos por los que el Ministerio tenga que contar en el proceso con la competencia".

El Ministerio de Cultura explica que SGAE y Unison "habían solicitado personarse en el procedimiento por operar en el mismo mercado que operaría SEDA". Como tanto SGAE como Unison se dedican a la gestión de derechos exclusivos de autor en la música, Cultura considera que tienen derechos "que puedan resultar afectados por la resolución de este expediente administrativo" y por lo tanto les reconoce como parte interesada. Fuentes del Ministerio explican que, aunque ya no sea necesario el informe de la competencia para conceder la licencia, en base a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sí están obligados a consultar a los interesados en el procedimiento, en este caso "a todas aquellas entidades de gestión que operen en el mismo sector que la entidad que solicita la autorización".

Este periódico ha preguntado tanto al Ministerio de Cultura como a SGAE por el contenido de las alegaciones, pero ambos han rechazado pronunciarse sobre un procedimiento administrativo en marcha. Igualmente, este periódico ha intentado, sin éxito, contar con las impresiones de Unison. 

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Las entidades de gestión de derechos de autor son organizaciones un tanto particulares: según la ley, deben ser organizaciones sin ánimo de lucro y contar con la autorización del Gobierno, que puede también revocarla. Esto había dado lugar a un sistema monopolístico de facto, con distintas entidades que se ocupaban de campos diferentes y rara vez se solapaban —como sí es el caso del audiovisual, en el que compiten SGAE y DAMA—, pero este sistema ha empezado a resquebrajarse. Desde 2018, e implantando dos años tarde una normativa europea, España permite también la actividad de los llamados "operadores de gestión independiente", empresas con ánimo de lucro y no gestionadas por los creadores —las entidades de gestión tradicionales son asociativas—, entre las que se cuenta Unison. También existe otra entidad de gestión de derechos de autor dedicada al ámbito musical, Ekki, pero como fue el Gobierno Vasco el que concedió su licencia, la actividad de la entidad debe desarrollarse primordialmente en esta comunidad. 

Para SEDA, la fecha de la concesión tiene su importancia. Después de pedir la autorización en diciembre, Cultura emitió una serie de subsanaciones; para aplicarlas, SEDA retiró la solicitud y volvió a presentarla el 12 de marzo. Con los plazos habituales, el Ministerio tendría que haber respondido positiva o negativamente antes de tres meses, esto es, el 12 de junio. Era un límite oportuno según los planes de SEDA: para abandonar la SGAE el 1 de enero, como establece la normativa de la entidad, los socios tienen que pedir la baja con seis meses de antelación, es decir, el 1 de julio. Daba tiempo a crear SEDA e, inmediatamente después, comunicar su marcha a la SGAE. Pero la pandemia retrasó los plazos, y las editoriales y músicos críticos se quedaron sin red de seguridad; si retiran sus derechos de la SGAE sin trasladarlos a otra entidad, no pueden cobrar por ellos como vienen haciéndolo. Descartado el cauce habitual de salida de la entidad, los músicos tendrán que buscar alternativas que aún están estudiando. 

En un informe de 2010, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llegó a recomendar la sustitución del sistema de autorización del Ministerio de Cultura por uno de registro. "La Ley de Propiedad Intelectual", decía el documento, "incorpora una serie de condiciones para operar como entidad de gestión que han contribuido decisivamente a configurar el actual régimen de monopolios y que dificultan la aparición de nuevos operadores que compitan con las entidades ya autorizadas". En este informe, la CNMC denunciaba también que "los contratos de gestión con los titulares se caracterizan por incluir altos periodos de permanencia y preaviso" y apostaba por una disminución de los plazos, limitando el preaviso a un máximo de tres meses. De la misma forma, la CNMC multó en 2019 a la SGAE por "abuso de posición dominante" en distintas prácticas, entre las que se incluye la "imposición" a los socios de condiciones que "restringen injustificadamente" la revocación o retirada parcial de derechos.