UGT denuncia el ERE de Deliveroo ante la Inspección y la Dirección General de Trabajo

UGT ha denunciado este viernes ante la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Deliveroo para sus oficinas de Barcelona, Valencia y Madrid, ha informado el sindicato, que denuncia que en realidad lo que quiere la compañía es deslocalizarse y llevarse la actividad a Rumanía, recoge Europa Press.

Esta "huida", critica UGT, coincide con la intención del Gobierno español de regularizar a los repartidores de las plataformas digitales y convertirlos en empleados por cuenta ajena, como ya han sentenciado diferentes tribunales nacionales. Aseguran que defenderá los puestos de trabajo de la empresa, "máxime cuando Deliveroo se ha acogido a un ERTE por causa de la crisis del coronavirus y tiene a la mayoría de sus trabajadores en casa, sin poder emplearse, y al resto teletrabajando".

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El sindicato advierte además que Deliveroo se quiere ir de España "sin pagar la deuda millonaria que tiene con la Seguridad Social". En este sentido, y citando datos de la Dirección General de Trabajo, la deuda del conjunto de las plataformas digitales, entre las que se encuentra Deliveroo, superaría los 10 millones de euros. UGT ha reclamado la necesidad de actuar contra estas plataformas por "saltarse las normas laborales" mientras se benefician de las ayudas económicas y sociales habilitadas en España por la pandemia del coronavirus.

Por ello, el sindicato también reclama a la Inspección de Trabajo que vigile y garantice la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir, libremente, a sus propios representantes. En este sentido, denuncia la "incongruencia e injusticia" que supone que el representante de los trabajadores en el último ERTE haya sido quien también se encarga de representar a la empresa en los Tribunales de Justicia.

"UGT no va a permitir que este tipo de empresas pretendan modificar la legislación vigente cuando huyen ante la obligación de cumplir con la norma. El Gobierno tiene que tener en cuenta la actitud de estas plataformas digitales y denunciarlo ante la Unión Europea. No se pueden hacer leyes a medida cuando se están infringiendo todas las normas y, además, se acumulan deudas millonarias con la Seguridad Social", avisa el sindicato.