La jueza no ratifica el confinamiento en Lleida y Torra insiste en que "no acepta" la decisión judicial

La Justicia ha acordado no ratificar la decisión la Generalitat de que, por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), desde las 0 horas de este lunes se prohibiera toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

La jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, afirma en un auto, recogido por Europa Press, que su decisión —que se puede recurrir— se basa en que ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo, además, "no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial" y que esta una competencia estatal.

"En todo caso, el Presidente de la Generalitat, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", añade el auto. El escrito indica que no puede argumentarse que ya hubo un confinamiento en Òdena (Barcelona) y que hay vigente un confinamiento perimetral en el Segrià (Barcelona), "pues las medidas allí contempladas, restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales, suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que lo que ahora pretende el gobierno de la Generalidad".

La jueza añade que tampoco se puede ratificar este confinamiento domiciliario "pudiendo la Generalitat de Cataluña realizar otras actuaciones tales como individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento".

Y también alega que "la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada". "Según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos", insiste.

Rechazo de los políticos catalanes

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que este lunes por la tarde aprobarán un decreto ley que incorpore un plan para poder actuar "con contundencia" ante rebrotes como los del Segrià (Lleida), que reafirma las medidas de confinamiento adoptadas en la zona, pese a de que el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, haya rechazado ratificado.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, acompañado por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha rechazado la decisión judicial: "No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas".

Según Torra, las decisiones aprobadas desde el Govern no pueden quedar encalladas en un conflicto competencial en los juzgados, y por ello ha pedido a la población del Segrià que se proteja ante el avance del coronavirus y sigan las indicaciones el Govern y no las del juzgado "por su bien".

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha pedido a primera hora de este lunes "claridad" sobre la decisión de confinar la zona por el rebrote de coronavirus y ha puesto en duda que la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida pueda "decidir sobre la situación sanitaria". "Me acosté con el espíritu del fiscal y me he levantado con la interlocutoría de la juez", ha asegurado Pueyo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Desde su punto de vista, "no hay elementos o argumentos de tipo jurídico" que lleven a una juez a no confinar el territorio, y se deberían "estar tomando decisiones sobre bases científicas o sanitarias".

En este sentido, el alcalde ha reconocido una "sensación de desorden" y de "disgusto", sumado ahora a la "incertidumbre" tras la decisión de la juez. A su juicio, son Gobierno y Generalitat los que "deben tomar un acuerdo". En esta línea, Pueyo ha recordado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reclamó públicamente que se tomasen "medidas más contundentes" en la región. "Tenemos 108 personas ingresadas, 13 en la UCI, y la edad media ha disminuido hasta los 55 años", ha alertado.

Así, el alcalde ha insistido en que necesita "seguridad, claridad" y también "medidas concretas", por lo que ha solicitado a la Generalitat catalana "más recursos" para enfrentar el brote de covid-19 y parar la transmisión comunitaria.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho no compartir el escrito de la Fiscalía ni de la jueza. En una entrevista este lunes en TV3 recogida por Europa Press, ha asegurado que la decisión de la Generalitat "no es un capricho". Asimismo, ha defendido que esta decisión está fundamentada en datos epidemiológicos y criterios sanitarios y que la Generalitat es la administración "más cualificada, es quien conoce más la realidad" del territorio.

"Deberían de respetar las decisiones técnicas basadas en datos y además este criterio de subsidiariedad", ha insistido el presidente del Parlament, que ha explicado que el Govern está reunido este lunes y pronto dará nuevos datos y hará lo necesario para preservar la salud de la ciudadanía, en sus palabras.

Demòcrates de Cataluña no sólo ha criticado la decisión de la jueza, sino que además ha exigido la intervención de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en base a las directrices de la comunidad científica, para evitar que el coronavirus se propague a Barcelona y área metropolitana. En un comunicado, consideran sorprendente que un juzgado interprete la situación "de forma libre y errónea" y no ratifique las medidas dictadas por el Govern, al que también acusan de actuar con falta de previsión y reacción. Por ello, reclaman a la Generalitat que lidere propuestas para frenar la evolución de la pandemia utilizando la tecnología basada en móviles para el rastreo de contagios, multiplicando los rastreadores hasta donde los expertos pidan y facilitando la realización de test masivos.

Estado de alarma

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el Gobierno no se va a quedar al "margen de su responsabilidad" ante la situación sanitaria en Lleida, pero ha descartado "anticipar" la declaración de un nuevo estado de alarma.

En una entrevista en RNE, Ábalos ha recordado que, actualmente, son las propias comunidades autónomas las que se encargan de la gestión frente a los rebrotes de coronavirus, una facultad que "venían exigiendo" durante las últimas semanas del estado de alarma.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha manifestado por su parte que, lejos de criticar la adecuación al derecho de este decisión judicial, lo que se debe analizar es que el Gobierno decía la verdad cuando hablaba de que no había plan b al estado de alarma. Defiende asimismo que se debe adecuar el ordenamiento jurídico a la situación creada por una situación sanitaria como es la pandemia por covid-19.

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Además, la Fiscalía Provincial de Lleida se había opuesto a que la justicia ratificara la decisión la Generalitat: el fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, alegaba en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1, y recogido por Europa Press, que "es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso".

"En todo caso, el Presidente de la Generalitat, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 'podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", argumentaba el fiscal.

Este mismo lunes, la Fiscalía ha considerado que el decreto ley anunciado por el presidente de la Generalitat "sería de nuevo ilegal y recurrible al (Tribunal) Constitucional" si aborda derechos fundamentales. "No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales", ha valorado en declaraciones a Europa Press el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné.