La nueva ley de seguridad, ya en vigor en Hong Kong, es tan imprecisa que corre el riesgo de ser aplicada de forma "arbitraria"

“En el arte, como en el régimen comunista chino, todo es cuestión de interpretación”, resume el artista de Hong Kong Kacey Wong. El 1 de julio, la tinta de la ley de seguridad nacional aún no se había secado cuando el artista caminaba con ostentosidad frente a los antidisturbios durante una manifestación no autorizada, con los brazos llenos de bolsas con lemas secuestrados.

“Copié en cada bolsa palabras de la ley, ‘terrorismo’, ‘seguridad’, ‘nación’, ‘libertades’, y según el orden en que las ponga, estas palabras tienen diferentes significados. Esto es todo el poder del arte, es desafortunadamente también el poder del Partido Comunista Chino, que ahora puede culpar a cualquiera invocando esta ley demoníaca, que puede interpretar como le parezca”.

La muy rígida sociedad de Hong Kong se sumió de un día a otro en lo desconocido con esta ley deliberadamente imprecisa. La ley decidida por Pekín a finales de mayo tiene por objeto “restaurar la estabilidad” en la antigua colonia británica, donde desde junio de 2019 se vive una contestación antirégimen inédita.

Frente a la magnitud de los alegatos a favor del sufragio universal y, sobre todo, la difusión de las ideas independentistas y el riesgo de contagio al resto del país, el régimen central redactó una ley para tener vía libre. El texto incluye cuatro cargos (subversión, secesión, terrorismo y colusión con un estado extranjero o fuerzas externas).

Se promulgó pasando por alto a las autoridades locales y sin consultar a los 7,5 millones de habitantes, que por lo tanto no pudieron familiarizarse con los principios del texto antes de su entrada en vigor. Publicado en chino sólo en los primeros tiempos, no era accesible a los extranjeros a los que también se aplicaba, incluso para actividades que tenían lugar fuera de Hong Kong.

Incluso una semana después de su entrada en vigor es, según el diputado de la oposición Dennis Kwok, “muy difícil dar asesoramiento jurídico sobre esta ley a los ciudadanos o activistas, porque el texto no se basa en el derecho consuetudinario británico", fundamento del sistema jurídico de Hong Kong heredado de la época colonial y que sigue vigente gracias al principio de “un país, dos sistemas” que se supone que durará hasta 2047.

“Esto no es lo que conocemos como principios legales normales que se aplican en una situación normal”, resume. “Pero el único consejo que puedo dar es no dejarse vencer por el miedo, porque eso es exactamente lo que están tratando de hacer, infundir miedo en los corazones de la gente de Hong Kong que quiere libertad y democracia”. Muchos ciudadanos han hecho limpieza del contenido de sus publicaciones en las redes sociales o están usando la aplicación Signal por temor a que lo que digan sea castigado por la ley.

El artículo 4 establece que “el pueblo de Hong Kong debe poder seguir disfrutando de la libertad de expresión, de prensa, de publicación, de manifestación, etc.”, garantizadas en la Ley fundamental de Hong Kong, según explicó la jefa ejecutiva Carrie Lam. En su opinión, “criticar no será un delito” a menos que “por supuesto que la persona que lo haga tenga 'motivos ocultos' y esté involucrada en una organización o colusión”. También es difícil definir si la conducta supone una violación de la ley porque lo que cuenta es la “intención”, preciso a modo de aclaración.

Los primeros actos de censura no tienen como objetivo tranquilizar. El eslogan Hong Kong libre, la revolución de nuestro tiempo ha sido declarado ilegal por el Ejecutivo, y la canción "Gloria a Hong Kong", una especie de himno adoptado por los opositores, ha sido prohibida en las escuelas. Y, en lo que el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo llamó un “acto orwelliano”, los libros de los opositores fueron retirados de las bibliotecas públicas, incluidos dos de Joshua Wong, una figura del movimiento paraguas de 2014.

La extraterritorialidad del texto también es motivo de preocupación. La ley establece que en situaciones “graves” o de “amenaza importante e inminente” para la seguridad del Estado, se puede impartir Justicia en China.

“Los responsables han subrayado que sólo un pequeño número de casos excepcionales se tratarán en el continente y no en Hong Kong, pero se necesita más claridad”, escribió Cliff Buddle, editorialista del diario de Hong Kong South China Morning Post, propiedad del grupo chino Alibaba. “¿Cómo se considerará un caso complejo que involucre a un país extranjero o una "situación grave" fuera del control de Hong Kong? Los tribunales de la ciudad no tienen ningún papel que desempeñar a la hora de decidir qué casos se tratarán en el continente", añadió.

El Colegio de Abogados también ha manifestado su preocupación por un texto que se define en “términos vagos” y que “corre el riesgo de ser aplicado arbitrariamente”. “Socava la independencia del sistema judicial”, en particular porque los jueces específicos para los casos de seguridad nacional serán nombrados por el Ejecutivo.

En cuanto a las acusaciones contempladas en la ley, la secesión se puede cometer “con o sin violencia”, lo que hace temer que “se pueda utilizar para prohibir cualquier discurso o alegato pacífico”. Así pues, los medios de comunicación podrían ser acusados de “incitación al odio” y enjuiciados por “subversión” o “colusión con fuerzas extranjeras”, al igual que las ONG.

“El objetivo del Partido Comunista Chino es silenciar a los críticos” en todos los sectores, gracias en particular a los “poderes extremadamente amplios" otorgados a la policía, que ahora puede registrar sin orden judicial y vigilar las comunicaciones, según el abogado de Hong Kong Craig Choy.

Las miles de empresas que realizan operaciones cotidianas con entidades extranjeras también están expuestas a la ley y los datos financieros que algunas de ellas manejan pueden ser considerados “secretos nacionales” por Pekín y pueden, de hecho, estar sujetos a la ley, recuerda el abogado. “Este poder existe ahora, está consagrado en la ley y puede aplicársele a cualquiera”, subraya Craig Choy.

Google, Twitter y el resto de gigantes de internet han suspendido la cooperación con las autoridades en materia de transmisión de datos personales de los usuarios hasta analizar el alcance las repercusiones de la ley sobre la libertad de expresión. Pero los hongkoneses parecen decididos a seguir expresándose. El eslogan prohibido se reproduce en código. Los llamados “Lennon Wall”, esos mensajes políticos escritos en notas Post-it que solían cubrir las paredes de los restaurantes comprometidos o de la región, han sido reemplazados por Post-it en blanco.

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Traducción: Mariola Moreno

Texto en francés: