Sanz Roldán renuncia a los 6.800 euros de pensión al mes para asesorar a Iberdrola

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no seguirá percibiendo los casi 7.000 euros mensuales de pensión que le correspondían por ley hasta julio del año que viene tras su fichaje por Iberdrola en pleno caso Villarejo. Según confirman a infoLibre desde el Ministerio de Presidencia y Política Territorial, en el que se encuentra integrado la Oficina de Conflictos de Intereses, el jefe de los espías “dejó de cobrar la cesantía”, que en su caso gestiona Presidencia, en el momento en el que accedió como asesor a la empresa energética. “Como pasa con todos los que cobran la cesantía, que solo la cobran si no tienen otra actividad durante el periodo que establece la ley”, completan desde el departamento dirigido por Carolina Darias. Es decir, durante los dos años de enfriamiento que establece la normativa reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

La Ley 3/2015, que es la que rige también para todos aquellos miembros destacados de la inteligencia española, recoge que a lo largo de este periodo los altos cargos “no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, una prohibición que se extiende tanto a estas como a todas aquellas que pertenezcan al mismo grupo societario. En este caso, se entiende que ha sido parte de una decisión de estas características cuando haya suscrito cualquier informe o resolución relacionada con la firma a la que quiera dar el salto o cuando hubiera intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad. Por esa razón, durante los dos años están obligados a informar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las actividades privadas en las que se vayan a embarcar. Y es este órgano el que debe dar el visto bueno.

No obstante, esa norma también establece que el salto a la privada también lleva aparejada, en la mayoría de los casos, la pérdida de las pensiones públicas que pudieran corresponderles. El artículo 7 establece que “las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese de cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público” son incompatibles con “cualquier retribución que provenga de una actividad privada”. Con excepción, eso sí, de aquellas relacionadas con la “mera administración del patrimonio personal o familiar”, con la “producción y creación literaria, artística, científica o técnica”, con la “asistencia ocasional y excepcional como ponente” a congresos siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o con la participación en entidades o fundaciones siempre que no se perciba “ningún tipo de retribución”.

En el caso del exdirector del CNI, su nueva actividad no se enmarca dentro de ninguna de estas excepciones. Por eso, su fichaje por Iberdrola le ha llevado a perder la compensación por cese de actividad. Una pensión pública por casi una década de servicio al frente de La Casa que, según constaba hasta hace algunos días en el Portal de Transparencia –ahora mismo ya no figura–, ascendía a 6.848,98 euros mensuales, a percibir desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 1 de agosto de 2021.

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El que fuera jefe de los espías formará parte del conocido como International Advisory Panel, un consejo externo que se encarga de prestar asesoramiento al presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, en la toma de decisiones estratégicas y geopolíticas. La compañía no hace público ni el tamaño ni la composición de este órgano, si bien en las últimas horas se ha conocido que forman parte de él personalidades como el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, el excomisario europeo Jonathan Hill, el exministro de Exteriores alemán Joschka Fischer, el exembajador español Ramón de Miguel o el ex secretario de Interior estadounidense Ken Salazar. La eléctrica señaló al diario El Mundo que no existirá relación contractual con Sanz Roldán y que este no formará parte de la plantilla. De hecho, los miembros del órgano, que se reúne de forma periódica, sólo cobran dietas y gastos de desplazamiento, algo que no se incluye expresamente en los artículos de la norma ligados a la incompatibilidad de las prestaciones públicas por cese de alto cargo.

El exdirector del CNI llega a la eléctrica en uno de sus momentos más delicados. La justicia lleva meses analizando los trabajos que el expolicía realizó para la firma presidida por Ignacio Sánchez Galán a través de sus empresas. Todo se empezó a torcer hace algo menos de un año, cuando la Audiencia Nacional localizó en la investigación de Tándem un archivo en el que se recopilaban algunos de los clientes secretos del exagente. La presencia de Iberdrola en esa lista era un secreto a voces. El diario Público ya había puesto en junio de 2018 sobre la mesa la relación que había existido entre la compañía y Villarejo. Ahora, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía calcula que la empresa pagó entre 2004 y 2017 al comisario jubilado 1,13 millones por una decena de operaciones encubiertas. Entre ellas, sitúan un pago de 232.000 euros para espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez. De hecho, en pleno intento de la constructora de desembarcar en el consejo de la energética, Villarejo consiguió establecer contacto con Manuel Delgado Solís, uno de los consejeros del también presidente del Real Madrid.

A nadie se le escapa la enorme enemistad existente entre el excomisario encarcelado y el exjefe de los servicios secretos. “Mientras no se vaya el mierda del Troll me van a oír. Por eso no me traigo ya los canutos (teléfonos), prácticamente no los uso, me vuelvo loco limpiando los whatsapp”, sostenía Villarejo sobre Sanz Roldán en una de sus famosas grabaciones, en la que mostraba su interés por que Manuel Moix fuera nombrado fiscal Anticorrupción. Por activa y por pasiva, Villarejo ha acusado al exespía de estar detrás de su caída en desgracia. Incluso ha intentado sin éxito llevarle ante los tribunales. Sin embargo, será el propio comisario jubilado el que tendrá que sentarse el próximo mes de septiembre en el banquillo de los acusados por todas las ofensivas lanzadas contra el exdirector del CNI.