La ley que amplía el plazo para las investigaciones judiciales amenaza con empeorar la situación del PP en 'Púnica'

La complicada situación del PP de Madrid en el caso Púnica, una de cuyas piezas gira en torno a si se financió ilegalmente, amenaza con empeorar. Este miércoles entra en vigor la reforma legal que, al ampliar a 12 meses el plazo inicial de instrucción, concede un año más para proseguir las pesquisas en aquellas causas que a día de hoy ya se están tramitando en los juzgados. Es decir, para seguir atando cabos que en el caso del PP madrileño afectan de manera prioritaria a Esperanza Aguirre. Y ese año adicional se concede sea cual sea el momento exacto en que con la anterior legislación en la mano debieran archivarse unas determinadas diligencias judiciales. 

Con esa normativa previa, aprobada por el Gobierno del PP en 2015 y ahora modificada, el cerrojazo definitivo a la instrucción en Púnica tenía ya una fecha fija: el 27 de agosto. Ahora, es a partir de esta mañana cuando comienzan a contarse desde cero los 12 meses de más previstos por la nueva ley. La mayor parte de los penalistas consultados por este periódico coinciden en su diagnóstico: el texto aprobado resulta inequívoco y el año adicional es siempre aplicable. La nueva norma incluye el párrafo que sigue: "La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél". 

Pero no todo está claro y el caso Púnica puede convertirse en el termómetro de la efectividad real de una reforma aprobada con el voto en contra del PP. Las fricciones entre el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción auguran que el cambio legislativo puede abrir una nueva brecha.  El juez, que a comienzos de año abrió la puerta a enterrar por prescripción una parte del caso –la de los manejos urbanísticos en el municipio de Valdemoro– para luego verse obligado a dar marcha atrás, es partidario de seguir bajando la persiana el 27 de agosto para pasar a la fase siguiente; es decir, a la fase que abre la recta final hacia el juicio de un macrocaso abierto en 2014 y donde el número de imputados en alguna de sus 16 piezas roza los 200. ¿La clave de su planteamiento? Un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia que hace más de un año ordenó al magistrado concluir la instrucción en junio de 2020. La pandemia explica que la fecha límite pasara a ser luego el 27 de agosto. Cuando aquella resolución fue dictada, la reforma legal que da más margen para la investigación judicial ni siquiera se estaba debatiendo en el Parlamento.

Frente a la posición del juez, todo apunta a que las acusaciones pedirán la aplicación de la nueva norma que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) y rompe el tope máximo impuesto a cualquier instrucción. Las acusaciones populares que ejercen la asociación de abogados Adade y el PSOE lo solicitarán con rapidez. La distancia que separa del juez a Adade y el PSOE también ha ido creciendo. Hace una semana, pidieron que García Castellón se aparte de la pieza del urbanismo de Valdemoro porque afecta a un antiguo directivo de El Corte Inglés recién imputado. Y el magistrado, subraya el escrito de petición, imparte clases en el centro universitario de la cadena de distribución.

La Fiscalía Anticorrupción no ha desvelado aún oficialmente qué hará con la que ya se conoce como la reforma del artículo 324 de la LEC. Pero las nuevas revelaciones hechas, por ejemplo, por un exalcalde del PP así como la cantidad de puntos oscuros que aún requieren nuevas diligencias indican que también la Fiscalía especializada que dirige Alejandro Luzón defenderá la continuidad de la instrucción.

Hace menos de 20 días y como publicó infoLibre, el exalcalde del PP Guillermo Ortega entregó a la Audiencia un demoledor documento y prestó declaración ante García Castellón. Ortega incriminó a Esperanza Aguirre en conductas que entrañan un grave riesgo para Esperanza Aguirre. "Ella era conocedora de todo y manejaba todos los hilos del Gobierno y el partido en Madrid", escribió y ratificó luego ante el juez. Según sus palabras, la financiación ilegal, el desvío de fondos y la compra de favores "de periodistas y medios" mediante campañas institucionales eran la tónica.

Regidor del municipio de Majadahonda hasta que en 2005 se vio forzado a dimitir por un escándalo de poca resonancia pero que ya anunciaba el caso Gürtel, Ortega fue recolocado como presidente de Mercado de Toledo SA, una de las empresas dependientes del Imade. O, lo que es lo mismo, de uno de los gigantescos organismos de la Comunidad de Madrid que supuestamente fueron utilizados para financiar al partido. En la declaración se ofreció a identificar las facturas de Mercado de Toledo SA que fueron infladas en beneficio del PP regional.

Para Aguirre, el tiempo corre en su contra: cuanto más tiempo tengan la Fiscalía y las acusaciones populares, peor para su futuro procesal. La mujer que más poder acumuló en Madrid durante una década confía en verse arropada por la misma argumentación que ha permitido librarse en este caso al expresidente de Indra y ahora presidente del Grupo Prisa, Javier Monzón. La tesis exculpatoria podría resumirse así: el jefe no tiene por qué saber lo que ocurre en los niveles inferiores. Aguirre siempre ha negado todo conocimiento de las finanzas de su partido.