Génova ordena a sus alcaldes que renuncien al fondo de 5.000 millones de su propio superávit y lanza una ofensiva contra el Gobierno

En España hay 8.131 ayuntamientos según el Instituto Nacional de Estadística (INE)Instituto Nacional de Estadística (INE). El Partido Popular gobierna en 2.860 de ellos tal y como se están encargando de recordar los conservadores en los últimos días, cuando se han puesto a la cabecera de las protestas de los consistorios contra el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda para que los consistorios puedan acceder a 5.000 millones de euros  para relanzar la economía tras el covid-19 si entregan sus remanentes –unos 15.000 millones–. La iniciativa recibió luz verde el martes pasado, en el último Consejo de Ministros previo al parón estival. Lo hizo en forma de real decreto ley, por lo que tendrá que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados en un mes. De momento, los apoyos están el aire. Y la forma en la que salió aprobado de la junta de la FEMP, teniendo que recurrirse al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero, lleva a pensar que no será más fácil en la Cámara Baja. 

"Nos vamos a oponer y llamamos al resto de partidos políticos para hacerlo con nosotros", destacó este lunes desde Almuñecar (Granada) el vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol. El principal partido de la oposición busca capitalizar el malestar de los consistorios ante lo que creen un "chantaje" del Gobierno central. Los alcaldes del PP, defendió, no ingresarán a las arcas de la Administración General del Estado "los ahorros de sus vecinos para financiar la hoja de ruta socialista del Ejecutivo de coalición", lo que dejaría a estos ayuntamientos sin opción a optar a estos fondos si el real decreto pasa el trámite parlamentario. Horas después de este acto, a las 20.00 horas, este dirigente ser reunía por videoconferencia con alcaldes y portavoces del PP en ciudades más de 50.000 habitantes para trasladarles que el partido votará en contra de la medida y que, en todo caso, los consistorios con remanentes gobernados por regidores del PP no se acogerán a ella.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por infoLibre subrayan que "nadie" ha trasladado una propuesta alternativa a la aprobada por el Consejo de Ministros de la semana pasada. Tanto en el departamento que dirige María Jesús Montero como en la FEMP destacan que estos días se está negociando con la Dirección General del Tesoro para perfilar las condiciones del préstamo.

La estrategia del PP se completa con mociones en todos los ayuntamientos contra lo que consideran una "incautación" de 15.000 millones de euros, un "hurto", peticiones de reprobación de Abel Caballero, de la comparecencia de la ministra Montero y la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

De forma paralela, Jorge Azcón (PP), alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en el Federación de Municipios y Provincias, anunció que había remitido una carta a la ministra de Hacienda para solicitar una reunión en la que solicita una reunión para renegociar el real decreto que deja fuera a aquellos ayuntamientos "que no disponen de remante de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado". El PP cifra en 3.000 los consistorios que están en esta situación.

Azcón pide ese encuentro, explican las fuentes consultadas, en representación de los diez alcaldes de ocho formaciones diferentes que el viernes firmaron una declaración en la que rechazan el acuerdo entre Hacienda y FEMP que sólo contó con el voto a favor del PSOE. IU-Podemos se abstuvo. Esos ocho alcaldes son los de Zaragoza –el propio Azcón–, Madrid y Murcia, los tres del PP; Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Ciudadanos), Lleida (ERC), Pontevedra (BNG), Reus (PdeCat), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Valencia (Compromís).

Estos alcaldes consideran, según Azcón, que el hecho de que se excluya a los ayuntamientos sin remanentes es injusto e insolidario y acaba perjudicando a "cientos de miles de habitantes" de muchos municipios creando una "incaceptable situación de agravio entre unos y otros municipios".

En las filas socialistas están convencidos de que habrá cierre de filas y que ninguno de sus regidores se sumará a este grupo de alcaldes críticos.

En el equipo de la ministra Montero aseguraron a este diario que este lunes no había recibido la carta todavía.

Se complican los apoyos en el Congreso

Será en el mes de septiembre cuando el Congreso acoja la votación de este real decreto ley que, a día de hoy, tiene complicado seguir adelante porque represententes de PP, Vox, Cs, ERC, Junts, CC, Compromís, PdeCat, BNG, EH Bildu y la CUP ya se han mostrado en contra. Dado que todavía hay negociaciones entre el Tesoro y la FEMP para perfilar las condiciones del préstamo que los consistorios harían a la Administración General del Estado, los opositores a esta iniciativa creen que todavía hay tiempo para cambiar las cuestiones que consideran más lesivas. Pero en Hacienda destacan que el acuerdo con la Femp está cerrado y aprobado.

 En todo caso, el Gobierno siempre tiene en su mano la baza de que el real decreto ley se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría la inclusión de enmiendas. Por esta vía, podría negociar el apoyo de algunos de los grupos, sobre todo de los que le han permitido ir sacando adelante iniciativas en los últimos meses.

Este mismo lunes, desde EH Bildu y la CUP se criticaron los términos del real decreto argumentando que supone un ataque frontal a la autonomía municipal.

Los ejes del documento aprobado

El acuerdo prevé un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros de forma proporcional para los gobiernos locales que, con carácter voluntario, hayan puesto sus remanentes de tesorería a disposición de la Administración General del Estado. Los remanentes se devolverán en su integridad en un plazo de diez años, insisten desde la FEMP.

El Gobierno decide ahora suspender la regla de gasto para que los ayuntamientos usen su superávit

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"Prevé igualmente mecanismos de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, exención de la regla de gasto en 2020, uso del superávit de 2019 para financiar gastos de 2020, prórroga de la exención de la regla de gasto y de la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, entregas a cuenta de 2019 y liquidación de 2018", añaden las mismas fuentes. En la carta remitida por Azcón se pide que la regla de gasto y los conceptos de déficit y estabilidad se eliminen, al menos, "durante el año 2021".

Los remanentes en forma de transferencias con carácter finalista sólo podrán ir destinados a tres áreas: "Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura", según constaba ya en el primero de los documentos intercambiados entre Hacienda y la FEMP. Entre los usos posibles está el refuerzo de los centros de día, el aumento de la vivienda de alquiler a precios asequibles, la rehabilitación de inmuebles, la peatonalización de calles o de carriles bici, la lucha contra la violencia de género o la promoción cultural. Unas finalidades que, para el PP, tratan de imponer la agenda ideológica de la izquierda y dan la espalda al mundo rural. La adhesión a este fondo es de carácter voluntario.

Adicionalmente, la iniciativa contiene un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el periodo del estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por el covid-19. Este fondo podrá ampliarse a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.