Menores extranjeros no acompañados, una vergüenza injustificable

La historia que les contaré pone los pelos de punta. Y, al tiempo, da una idea del grado de indignación al que se puede llegar cuando uno lee algunas crónicas presuntamente periodísticas o asiste al uso miserable que hacen del asunto la ultraderecha patria crecida y rampante y sus compañeros de fatigas; de fatigas ajenas, se entiende. Sí, les voy a hablar de los Menores Extranjeros no Acompañados. Tal vez les suene más, porque es el término que usan esa gentuza a la que me acabo de referir y, por desgracia, muchos presuntos periodistas y medios de comunicación que cada vez tienen más olvidado algo que les enseñaron en primero de carrera: la responsabilidad social del periodismo. Son los MENAs, acrónimo perversamente sustantivado que debemos desterrar de nuestro vocabulario.

Mi punto de partida son dos informes. El primero de ellos es de abril de 2017 y lo realizó Iridia, Cen­tre per la De­fen­sa dels Drets Hu­mans. El segundo está fechado en este mismo año de 2019 y ha sido realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Los dos son trabajos rigurosos, ambos se refieren a la llamada Frontera Sur de Europa y en concreto a una de las tres rutas, la española (que, en nuestro caso, es marítima y terrestre) junto a Grecia e Italia, de acceso a Europa. Los dos llegan a conclusiones similares. Y sus autores han debido afrontar parecidas dificultades para realizarlos.

Empezaremos por ahí, por las dificultades, porque ese relato de la opacidad también define de qué hablamos. Pero antes, déjenme que les diga algo que debemos saber desde el principio: cuanto oigan o lean sobre delincuencia relacionada con estos menores, adolescentes maltratados, confusos y muy vulnerables, es mentira más allá de incidentes aislados e irrelevantes. No lo digo yo. Lo dice siempre que se le pregunta el Fiscal de Sala Coordinador de Menores: "Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales", dijo Javier Huete en el IV Congreso Interés Superior del Niño. Acogimiento familiar: hacia nuevos modelos, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) y que se celebró del 13 al 15 del pasado mes de noviembre.

La delincuencia y el coste para los servicios sociales (1.000 millones dice el bulo que hacen circular presuntos expertos que no son sino agentes de la más torpe xenofobia) son los caballos de batalla de cualquier reaccionario que se precie; por resumir: ambas cosas son falsas. La periodista María Martín lo explicaba muy bien en el diario El País hace unos días.

Estos chicos y chicas son víctimas de un sistema inmisericorde y, como dijo hace poco la diputada Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz, no hay cosa más miserable que agredir a los niños, a los débiles.

El trabajo de IRIDIA y de APDHA es ingente, sigue siéndolo, en especial porque hay que luchar contra la falta de transparencia y a veces hasta correr riesgos para la propia integridad personal de quienes se desplazan a Marruecos o a Ceuta y Melilla para recabar información sobre el terreno; o incluso si se intenta indagar tras las paredes de esos lugares indignos, vergonzantes, cárceles para quienes tienen la desfachatez de querer vivir, ni siquiera un poco mejor, vivir a secas, que son los CETI.

Las administraciones públicas, tanto la estatal como la andaluza, en el mejor de los casos arrastran los pies a la hora de entregar la información que se les pide; al cierre de esta crónica ambas organizaciones están a la espera de que se les actualicen los datos a pesar de que su insistencia es digna de mejor suerte. Ambos informes beben pues de esas informaciones obtenidas con sacacorchos de las instituciones y de las que facilitan entidades de ayuda de carácter privado tales como Save the Children, SOS Racismo, Coordinadora de Barrios, Servicio Jesuita a Migrantes, Prodeim, Andalucía Acoge, Harraga, etc., y, en menor medida, agencias como el Defensor del Pueblo Andaluz, Acnur y Unicef. Este periodista no ha tenido mejor suerte a la hora de recabar por su cuenta información de última hora. Así es que los datos disponibles corresponden a 2017 y en parte a 2018.

Si quieren tener una perspectiva como no puede ofrecer un medio escrito, es muy recomendable el reportaje dedicado a este tema por el programa Salvados de laSexta hace unas cuantas fechas, titulado "Hijos de Nadie".

Ceuta y Melilla y la propia costa meridional española forman parte de una línea no dibujada en mapa alguno que es la frontera sur de Europa, un espacio de excepción jurídica en donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Entre Melilla y Marruecos hay un paso fronterizo internacional cuyo nombre es Beni Ensar; en Ceuta hay otro bien conocido que hoy es un recuerdo de muerte e impunidad: El Tarajal. Y hay más de 500 kilómetros de costa, 14 kilómetros infernales en la ruta más corta, el Estrecho, para quien viaja en las embarcaciones precarias con las que quienes se aventuran lo arriesgan todo.

En el lado marroquí, redadas en los asentamientos, dispersión, arrestos, tortura; Marruecos es el gendarme que la Unión Europea ha designado para tratar de ponerle puertas el viento y al que paga generosamente. En el Este es Turquía, en el Sur son Marruecos y Libia; todos países inseguros para los migrantes y los tres consumados chantajistas.

En el lado español la estrella son las devoluciones en caliente, sin identificación, sin dilucidar si se trata de menores, sin asistencia jurídica, sanitaria ni de ningún tipo. En el informe de IRIDIA, hay un testimonio que lo resume todo o casi todo; es Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios: "...lo que nos ha venido diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que están bajo protección de las leyes europeas y de las leyes nacionales de cada estado cualquier persona que se encuentra bajo la directa supervisión de un agente fronterizo europeo... Puede solicitar asilo, puede reclamar cualquier situación de vulnerabilidad, puede manifestar ser menor y tiene que ser protegido". Un sarcasmo.

Dije que lo resume todo o casi todo, porque falta en este breve apunte de contexto, una referencia a esos templos de la indignidad conocidos como CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, prisiones para quien no cometió delito alguno. Todos saturados, todos en pésimas condiciones de habitabilidad, lugares en los que esconder la miseria moral y la otra, la arbitrariedad, los abusos... En España hay 8 de estos centros; si uno busca información solicitándola por los conductos oficiales, encontrará el silencio y si pretende visitar alguno, oh, sorpresa, un guardia jurado de una empresa privada le impedirá el paso sin explicación alguna. Si insiste y trata de averiguar a partir de testimonios directos de personas que estuvieron internadas o de las organizaciones humanitarias, encontrará una única respuesta: son el infierno.

Y está la calle, claro, la calle. Porque resulta que muchos de estos menores viven en la calle, duermen al final del espigón del puerto de Melilla o deambulan por los alrededores del CETI de Hortaleza en Madrid para inquietud de las gentes de orden.

Son niños.

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado (citada en el informe de APDHA) de 2017, 1.293 menores, 95 niñas y 1.198 niños figuran "en fuga". ¿Qué significa? Pues que en algún momento estuvieron en contacto con algún servicio de "protección" y lo abandonaron. Según el Informe sobre Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior correspondiente a este año 2019, "de las 12.330 denuncias por desaparición, 9.737 (un 79 %) son de menores, y de ellas el 52% son jóvenes inmigrantes, la mayoría de origen magrebí". Reitero: estos menores migrantes estuvieron en algún momento y de un modo u otro puesto que sus circunstancias como extranjeros no habían cambiado en el momento de desaparecer, bajo la tutela de la Administración española.

¿En donde están? ¿Donde están sobre todo las niñas? Pues algunos es posible que hayan salido de España, cayeron en manos de las mafias y son objeto de trata, y otros... quién sabe. Miren la información que publicaba eldiario.es en mayo del año pasado.

A destacar lo que decían en la Consejería de Igualdad de la Junta en mayo del año pasado: "El abandono voluntario responde a la consecución de un proyecto migratorio que tiene su destino más allá de Andalucía". ¿Cómo lo saben? No lo saben y, lo que es peor, el desinterés, la abulia de las autoridades, están protegidos por las leyes: el artículo 172 del Código Civil dice en el apartado quinto: "La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situación de desamparo cuando hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido". Se lavan las manos.

Se conculca con la mayor desfachatez un principio consagrado por la jurisprudencia internacional, el llamado "interés superior del menor", que en la legislación española viene recogido en el artículo 2 de Ley Orgánica de la Protección Jurídica del Menor: "Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro tipo de interés legítimo que pudiera concurrir".

Al margen de la absurda interpretación que hace la Junta de Andalucía del abandono de la tutela, lo cierto es que los menores se marchan (o quizás debiera decirse que escapan) de los centros porque en ellos no se les ofrece ninguna expectativa y a menudo son maltratados. Eso en cuanto a los que podría decirse que lo hacen por voluntad propia, pero el drama se hace mayor cuando cumplen 18 años: automáticamente pasan a un estado de vulnerabilidad insoportable; si, mal que bien, tenían un jergón y comida caliente, con la mayoría de edad, han de abandonar los centros en donde llevaban quizás años. Dejan de ser niños y ahora son sujetos de la normativa de extranjería, sin familia, sin orientación educativa, profesional, psicológica, sin ayuda de ninguna clase salvo la que puedan ofrecerles entidades privadas de cuyos recursos y capacidades son limitadas.

El Comité de los Derechos de Niño de la ONU en las observaciones finales de los informes sobre España 2018 "recomienda que el Estado intensifique las campañas de educación pública para combatir la estigmatización y la discriminación contra los niños de origen extranjero, los niños solicitantes de asilo y refugiados". El Estado español no hace nada, y donde leen nada, es absolutamente nada.

¿Cuantos menores pasan de esa pseudo protección a no tener ninguna? De nuevo no se sabe. De nuevo la opacidad. La APDHA ha hecho una estimación para el año 2018 a partir de los datos que ofrece el Observatorio de la Infancia de Andalucía; dice el Informe de APDHA: "Si a 31 de diciembre de 2017 se encontraban bajo tutela del Sistema de Protección de Menores 1.309 niños y niñas migrantes y de ellos el 33,5 % tenía 17 años, a lo largo de 2018 habrían cumplido los 18 más de 430, a los que habría que sumar los que se incorporaron al sistema desde enero de 2018 hasta el momento de hacer el cálculo y cumplieron los 18 en ese período, dato desconocido". En todo caso de nuevo formularemos la pregunta: ¿En dónde están esos más de 400 chicos y chicas? Muchos de ellos se quedan pululando alrededor de los Centros de los que han sido expulsados porque sus compañeros que permanecen dentro pueden ofrecerles algún tipo de ayuda por precaria que sea, pero la respuesta no es muy diferente de la que ofrecí en párrafos anteriores.

Podría pensarse que tanta dejadez, tal falta de atención, semejante desidia, son el resultado de la incapacidad, pero no. Para la APDHA la regularización de la situación administrativa de los menores no es sino una farsa, un marco diseñado precisamente para la exclusión. Saquen ustedes sus propias conclusiones: "La fecha de entrada en el centro de protección, el momento en que se realice la declaración de desamparo y el de la tramitación y concesión de la autorización de residencia durante su tutela tendrán efectos importantes en su vida, especialmente cuando alcance la mayoría de edad. La autorización de residencia en ninguno de los casos conlleva la autorización a trabajar. En este momento, si dispone de autorización de residencia podrá renovarla con una vigencia de dos años, siempre que acredite: medios económicos para su sostenimiento, que cuenta con un contrato o contratos de trabajo de vigencia sucesiva, que reúne los requisitos establecidos para el ejercicio de una actividad por cuenta propia". ¿Medios económicos? ¿Trabajo?

Son niños y adolescentes. Son extranjeros. Y no tienen a nadie.