La incorporación de 3.500 funcionarios que podrían tramitar IMV y ERTE se retrasará hasta finales de año

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social asegura que ha aprobado sólo 3.966 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (IMV) a fecha de 7 de agosto, de un total aproximado de 600.000 que ha recibido desde el 15 de junio. Es un número mínimo. Pese a que, para tramitar los expedientes, el departamento dirigido por José Luis Escrivá contrató por 6,13 millones de euros a Tragsatec. Desde mediados de julio, 500 personas empleadas por la filial de la empresa pública Tragsa ayudan a los funcionarios de la Seguridad Social, afectada por una falta crónica de personal que les impide cubrir una sobrecarga de trabajo tan brutal. Otro tanto ha ocurrido en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las solicitudes de prestaciones de los ERTE y del subsidio para empleadas domésticas. En ambos casos el Ministerio de Trabajo también ha parcheado con Tragsatec para gestionar los expedientes ante el déficit de plantilla.

Mientras tanto, casi 3.500 opositores a administrativos y auxiliares administrativos, ya aprobados, esperan para incorporarse a sus puestos. Pertenecen a los grupos C1 y C2, la categoría profesional que precisamente debería encargarse de tramitar esos expedientes tan urgentes para la vida de decenas de miles de personas. Sin embargo, no podrán empezar a trabajar hasta finales de año, según prevé el Ministerio de Función Pública, en el mejor de los casos. “Puede que incluso no se incorporen hasta 2021”, advierte Antonio González, coordinador de Acción Sindical de UGT en la Administración General del Estado (AGE).

A su juicio, semejante retraso es una “auténtica aberración”, teniendo en cuenta las necesidades de personal en muchos departamentos y organismos colapsados por la carga de trabajo. Los motivos de la demora son varios. Para empezar, el estado de alarma y el confinamiento, que implicó la interrupción de los plazos administrativos. Pero que también impidió a los funcionarios que teletrabajaban el acceso al registro central de personal y a la Comisión Superior de Personal reunirse durante las primeras semanas a falta de un sistema que la Administración considerara seguro, explica Javier Martínez, secretario de Empleo de la AGE en CCOO. Por desgracia, destaca, se trata, a excepción de los problemas derivados del confinamiento, del retraso “habitual” que llevan siempre los procesos de selección de trabajadores en la Administración. Con la agravante de que para los administrativos y auxiliares administrativos se acumularon las plazas de la Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019, precisamente para acelerar los plazos. “Aun así, la primera lleva dos años retraso”, resume Javier Martínez.

La convocatoria se publicó el 17 de junio de 2019 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un total de 8.102 plazas, un 71,5% más que el año anterior, para cubrir vacantes, tanto por el turno libre como por promoción interna, en los cuerpos de Gestión de la AGE, General Administrativo y General de Auxiliares, así como en los de Gestión de los Sistemas de Informática y de Técnicos Auxiliares de Informática. De éstos, 3.729 plazas son para administrativos –2.029 de ingreso libre, el resto de promoción interna– y 2.444 para auxiliares administrativos –1.444 de ingreso libre y 1.000 de promoción interna–.

A los exámenes, que empezaron el pasado mes de octubre y terminaron en febrero de este año, antes de la pandemia, se presentaron casi 120.000 aspirantes. Las listas de aprobados se publicaron el pasado 17 de julio en el BOE. Pero aún quedan “múltiples trámites” hasta que los 3.473 administrativos y auxiliares del turno libre puedan sentarse en sus mesas, según reconoce el propio Ministerio de Función Pública en una nota informativa a la que ha tenido acceso infoLibre. Y para llevar adelante esas gestiones a una velocidad adecuada, “los responsables de Recursos Humanos de Función Pública dicen que no tienen personal suficiente”, lamenta Antonio González. Ellos también sufren del mismo déficit “crónico y estructural” que lastra a las administraciones públicas. De acuerdo con los últimos cálculos de CCOO, hacen falta 32.000 empleados públicos, entre funcionarios y personal laboral, en toda la Administración General del Estado. Amenazada además por el envejecimiento de la plantilla: la edad media supera los 52 años, en 10 años se jubilarán la mitad de los funcionarios.

Decisiones, actuaciones, negociaciones...

Pues bien, ¿qué trámites deben completarse aún para que los 3.500 administrativos se pongan a trabajar? Primero, Función Pública deberá comprobar que los aprobados cumplen los requisitos para adquirir la condición de funcionarios. También tendrá que abrir un plazo para que éstos presenten la documentación que el ministerio no ha podido verificar accediendo a las bases de datos de que dispone. Después, se elaborará un listado con la oferta de destinos, firmada por el secretario de Estado de Política Territorial, pero que antes deberán haber negociado los distintos departamentos y organismos de la Administración.

Esta tramitación, explica el ministerio en su nota informativa, “conlleva la toma de decisiones y numerosas actuaciones por parte de diferentes órganos administrativos”. Como, además, la actual situación pospandemia, “sin precedente alguno”, impide a la Administración “basarse en la experiencia de convocatorias anteriores ya resueltas para fijar un calendario aproximado de resolución de los procesos pendientes”, el ministerio sólo se atreve a considerar “previsible” que el final del proceso para los opositores del turno libre se produzca “en el último trimestre de 2020”.

La encomienda a Tragsatec para tramitar el IMV tiene una duración de sólo cuatro meses, en principio. Es decir, acaba en octubre. La de Trabajo para gestionar las prestaciones de los ERTE es más breve aún, dos meses. La que se encarga del subsidio para empleadas de hogar, seis meses. Es decir, cuando lleguen a su fin, los administrativos pueden no haber aún ocupado sus puestos. El ministro ya ha reconocido que la mitad de las solicitudes, que se han presentado en un volumen mucho mayor del previsto, van a ser denegadas por incumplir los requisitos. Pero habrá que tramitarlas y verificarlas antes igualmente. Tras tachar de “desastre” la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha pedido que se simplifiquen los trámites de tal forma que baste con una gestión telemática que puedan hacer “las máquinas”, en lugar de los funcionarios, informa Europa Press.

A diferencia de los ERTE y el subsidio, el IMV no es una ayuda temporal, tiene vocación de permanencia. Por lo que los sindicatos piden, en lugar de “parches”, una solución definitiva y “más garantista”: incorporar interinos. “Con el mismo carácter urgente que alegó el ministerio para contratar a Tragsatec, se puede hacer una oferta pública extraordinaria para emplear a interinos en esas vacantes”, detalla Javier Martínez. Según aclara, el proceso se puede llevar a cabo con la misma rapidez con que se hizo la encomienda a la filial de Tragsa, que también tuvo que realizar sus propios procesos de selección de personal. Y lo mismo, añade, pudo haberse hecho para el SEPE, contratando interinos por acumulación de tareas, un sistema que permite emplearlos durante seis meses en el plazo de un año.

Tragsa, más cara

Además, las encomiendas a Tragsa salen mucho más caras. En el caso del IMV, los 500 trabajadores contratados por esta empresa cuestan 3.800 euros brutos al mes cada uno, mientras que un administrativo cobra unos 2.200 euros brutos. “Por el dinero que se pagó a Tragsatec se podían haber contratado 750 personas”, concluye Javier Martínez. Unos cálculos parecidos hizo el Tribunal de Cuentas en 2015 cuando fiscalizó la encomienda que el Ministerio de Empleo había firmado dos años antes con la misma filial para agilizar los expedientes que se acumulaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por culpa de la crisis. Entonces la factura fue de 3,26 millones de euros. Según el Tribunal, el coste por expediente cobrado entonces por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% 1.077% sobre el importe medio que le suponía al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

El tribunal compara el coste de esta empresa con el del Plan Especial de Actuación que el propio Fogasa comenzó a aplicar en febrero de 2013 con sus propios funcionarios. Consistía en pagar una gratificación a quienes voluntariamente accedieran a trabajar fuera de su jornada habitual. El máximo cobrado por funcionario no superó los 1.000 euros al mes. Si el plan se hubiera extendido el tiempo necesario para dar salida a los 150.000 expedientes atascados, el gasto total habría ascendido a 274.281 euros, 12 veces menos que el contrato con Tragsatec.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra siempre según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que se le hagan.

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CCOO también ha echado cuentas para saber cuántos empleados son necesarios para sacar adelante el trabajo extra que les ha caído encima a la Seguridad Social y al SEPE con las nuevas prestaciones. En el caso del IMV, no sólo hacen falta los 650 trabajadores de los que habló en sus comparecencias públicas el ministro Escrivá –Tragsatec ha empleado a 500–, sino que debería reforzarse la plantilla de técnicos medios y superiores –los grupos A1 y A2–, los únicos que pueden aprobar o denegar las solicitudes. Los contratados por Tragsatec o los administrativos sólo están capacitados para preparar los expedientes, recogiendo la documentación, digitalizándola y comprobando los requisitos. Ésa es la única fase de la gestión donde se ha aumentado el personal, pero no en la segunda fase. “El resultado es que no se están dictando resoluciones al mismo ritmo que se elaboran los expedientes”, lamenta Javier Martínez.

En el SEPE, el sindicato cifra en 800 los empleados públicos necesarios para tramitar las prestaciones de los ERTE y el subsidio para empleadas domésticas despedidas por el covid. Los contratos con Tragsatec suponen la incorporación de sólo 57 personas. Aunque aquí sí se han añadido 1.000 interinos a las labores.

No obstante, aún no se sabe cuántos de esos casi 3.500 administrativos y auxiliares van a trabajar en la Seguridad Social y el SEPE. El reparto se hará en los próximos meses, en la negociación entre departamentos previa a la resolución del secretario de Estado de Política Territorial. El representante de CCOO critica que esa distribución no se haga antes y no sea transparente. Más aún ahora, cuando hay necesidades tan urgentes como las que están perjudicando a los trabajadores sometidos a ERTE y a las personas con menos recursos. “Si se hubieran dado prisa y hubiera habido voluntad política”, reprocha Antonio González, “para el verano ya podrían haber estado trabajando los nuevos administrativos”.