Los sucesivos 'planes B' de Casado: medidas supuestamente alternativas que ya se están aplicando

El PP acumula documentos alternativos a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez desde que su secretario general, Teodoro García Egea, declaró a principios de mayo: “Si Sánchez no tiene plan B, los españoles sí lo tienen y se llama Pablo Casado”.

Sin embargo, la práctica totalidad de las propuestas que la formación conservadora ha ido presentando en los ámbitos jurídico, económico, sanitario y educativo difieren muy poco de las políticas que el Gobierno está aplicando para luchar contra la pandemia de coronavirus y sus consecuencias.

El 12 de mayo, todavía en el inicio de la desescalada, Casado presentó a bombo y platillo bajo el título Sí hay plan B un conjunto de propuestas con el que se podía evitar el "rescate" de la economía española, que según él estaba a punto de producirse.

Con la desescalada organizada por el Ministerio de Sanidad ya en marcha —en aquellos días todas las comunidades menos Madrid habían entrado total o parcialmente en la Fase 1— el presidente del PP argumentaba que el confinamiento no podía “ser eterno”. Fue entonces cuando anunció por primera vez el plan de medidas sanitarias que bautizó con el nombre de Plan Cajal en honor del Premio Nobel de Medicina de 1906 y con el que se adaptaría el sistema de salud con financiación suficiente, se potenciaría “la industria nacional” y se crearía una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial. Medidas todas ellas que acabaron siendo aprobadas por el Congreso de los Diputados sin el apoyo del PP.

Casado propuso entonces el uso obligatorio de mascarillas en la calle, algo que ya han decidido todas las Comunidades Autónomas. De aquellas propuestas lo que no se ha puesto en marcha es la creación de un pasaporte epidemiológico y de una aplicación con código QR para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimientos, dos medidas que, al margen de su legalidad, los epidemiólogos rechazan. El PP pedía también test masivos, sin fijar una cuantía. En la actualidad en España se realizan más de 80.000 pruebas PCR diarias, muy cerca del límite de capacidad de análisis de los laboratorios. Y eso sin contar con que los expertos consideran inútil la realización de pruebas generalizadas que no se localicen sobre grupos sospechosos de haber estado en contacto con el virus.

Aquel plan B defendía también extender los ERTE hasta el 31 de diciembre —el Gobierno ha ido extendiendo la medida de común acuerdo con sindicatos y empresarios y ahora se dispone a prorrogarla hasta final de año—. Pedía también añadir al extenso catálogo de ayudas puesto en marcha por el Ejecutivo en el marco del escudo social contra la pandemia otras iniciativas que, en este caso, sí que no están en vigor: exonerar del pago de impuestos la apertura de nuevas empresas, tarifa plana de autónomos de 50 euros, contratos bonificados para la reincorporación al mercado laboral y bajadas de impuestos. Según Casado, España estaba a tiempo de evitar un "rescate" económico de la UE sin subir impuestos eliminando únicamente “gastos superfluos” de lo que el PP, que gobernaba hasta hace apenas dos años, considera una estructura burocrática “hipertrofiada” del Gobierno.

Proponía también el presidente del PP a mediados de mayo otras muchas medidas que ya están en marcha o en el programa del Gobierno: en especial adaptar la economía “a los nuevos tiempos potenciando la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo”.

Por aquellos días el Plan B de Casado enfatizaba la necesidad de poner fin al Estado de Alarma, una previsión constitucional que, según Casado, no garantiza derechos y libertades pese a que obligatoriamente debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados. El PP clamaba entonces contra el confinamiento domiciliario y general de la población —la verdadera razón de ser del Estado de Alarma— y exigía una hoja de ruta transparente para la desescalada que es precisamente lo que hizo el Ejecutivo: guiar el paso de una fase a otra siguiendo entre otros criterios de capacidad asistencial y capacidad de detección masiva.

A la vista de que aquellas medidas ya estaban en marcha, Casado recuperó su plan B el 27 de julio. Propuso esta vez reformar el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de manera que se limiten derechos fundamentales sin necesidad de acudir al Estado de Alarma. Y hacer así posible adoptar medidas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, “con la posibilidad de sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública o a cuarentena, así como otras medidas sanitarias para las personas sospechosas, aislamiento o tratamiento y localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas”. Actuaciones todas ellas que ya están llevando a cabo las comunidades autoras sin necesidad de la reforma propuesta por el PP.

Incluido controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada, algo que también se está realizando, previa autorización judicial. Eso sí, Casado creía que con esa reforma sería posible “controlar o limitar” también “el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas”, así como al derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas. Sobre esto el Gobierno siempre ha discrepado, con el respaldo de la Abogacía del Estado, según la cual el confinamiento domiciliario no es posible con legislación ordinaria.

La crisis turística

A la vista de la grave situación en la que ya se encontraba el turismo en aquellos momentos, Casado añadió a su plan B medida específicas para este sector. Como por ejemplo que el Gobierno financiase las pruebas covid-19 que obligatoriamente tuviesen que hacerse los turistas que visitasen España para evitar la cuarentena obligatoria en su país de origen. Una propuesta impracticable mientras los países de origen exijan cuarentenas y recomienden no viajar a España.

Y, de nuevo, una receta de reducción de impuestos: un plan de choque a corto plazo con medidas fiscales específicas con exenciones, bonificaciones y aplazamientos de impuestos estatales, como el de sociedades para empresas turísticas, con la reducción de los tipos del IVA de forma temporal. IVA súper reducido al sector durante 2020 y 2021, bajada de tasas aeroportuarias del 25% durante 2020 y 2021, la eliminación de las tasas que gravan pernoctaciones; e incentivos fiscales para reactivar el consumo en España en actividades turísticas.

El sector turístico ha sido objeto de un plan específico del Gobierno dotado con 4.262 millones de euros. Con esta cantidad se eleva a 19.535 millones de euros el apoyo que el Ejecutivo ha venido prestando al sector en el marco de las medidas generales para la economía española y que han supuesto una inyección de 15.273 millones de euros para el turismo de nuestro país y que han beneficiado tanto a trabajadores como a empresas.

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Un apoyo que se está vehiculizando a través de mecanismos que, pese a estar en vigor, el PP incluyó en su segundo plan B: mejoras en los canales de liquidez, ampliación de las líneas ICO y plazos de carencia vinculados a la reactivación de la actividad.

Y, a la vista de que la parte más sustancial de su Plan Cajal estaba ya incluido en el programa de actuación del Gobierno, el PP añadió la reforma de siete leyes para dotar al Ministerio de Sanidad de instrumentos para la detección de pandemias, la coordinación de alertas y la dotación de medios, precisamente los tres mecanismos sobre los que el Gobierno se ha apoyado para hacer frente al covid-19.

El tercer (y más reciente) plan B que ha anunciado Casado desde que comenzó la pandemia se refiere a la ‘vuelta al cole’.‘vuelta al cole’ Lo presentó esta misma semana, apenas unas horas antes de que el Gobierno cerrase un acuerdo prácticamente por unanimidad con las 17 Comunidades Autónomas —incluidas las del PP— para regular la actividad lectiva en plena pandemia. Y, a la vista de consenso alcanzado, se ha visto obligado a meterlo en un cajón.