El futuro de la sala del Supremo que revisa casos como el espionaje a Bárcenas, bajo control conservador por el bloqueo del PP

El segundo bloqueo impuesto en una década por el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras perder el Gobierno roza ya los dos años con una gran incógnita a la vista. Bajo control conservador, con un mandato que expiró en diciembre de 2018 y tras haber repartido desde entonces 57 plazas judiciales de alto nivel [puedes consultarlas aquí], el órgano de gobierno de la magistratura lo tiene ya todo dispuesto para un nuevo paso estando en funciones: el nombramiento discrecional y vitalicio -hasta su jubilación-  tres magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS). Es decir, para la cúpula del sistema de impugnaciones de sentencias del ámbito penal dictadas por tribunales de rango inferior. 

En plena tempestad por el espionaje a Luis Bárcenas, que desde el viernes implica la imputación del exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, el órgano que preside Carlos Lesmes resolverá la incógnita el último día del mes. El interrogante se sustenta sobre dos opciones opuestas: la primera, que en el pleno del día 30 el Consejo ponga nombre y apellidos a los nuevos titulares de las tres plazas del Supremo, vacantes por jubilación. O que, por el contrario, decida dejar en espera la cobertura de puestos decisivos para el mapa judicial hasta que un acuerdo parlamentario renueve sus 20 vocalías, paso previo para la elección de quien se sitúe a su frente.

El bloqueo de la renovación del CGPJ empezó en noviembre de 2018. A punto de finalizar su mandato de cinco años, ya había un acuerdo parlamentario para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero salió a la luz un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado y exdirector general del Policía, Ignacio Cosidó. El texto de ese mensaje subrayaba que, aun perdiendo la mayoría en el CGPJ, el PP seguiría controlando la Sala Penal del Supremo "desde detrás". Aquello provocó la inmediata renuncia de Manuel Marchena a presidir el alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces, uno de los puntos clave de un pacto que quedó hecho trizas. El PP inició en aquel momento el segundo bloqueo tras el que había formalizado en noviembre de 2007: sin mayoría parlamentaria y bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el partido conservador ya se negó entonces a cualquier negociación y frenó durante un año los cambios en la composición del CGPJ. En septiembre de 2008, hubo por fin acuerdo.

Entre las consecuencias del bloqueo destaca que el dibujo del mapa judicial español continúa así bajo dominio conservador. Y la situación de la Sala de lo Penal del Supremo constituye el paradigma: todos los grandes procesos por corrupción terminan allí. En sus manos acaba también la eventual imputación e investigación de cargos en activo y otros representantes públicos -como el rey emérito- que por el ámbito de su responsabilidad gozan de aforamiento de máximo nivel. Además de diputados,senadores y ministros, esa lista incluye también a quienes ostentan presidencias autonómicas. 

Inicialmente fijado para el jueves 24, Lesmes ha optado por posponer una semana el pleno del Consejo. ¿Significa esto que de la sesión del día 30 saldrán los tres magistrados que distintas partes anticipan como un reforzamiento del carácter conservador de la Sala de lo Penal o presupone por el contrario que confía en que los dos grandes partidos, PSOE y PP, se vean forzados a alcanzar un acuerdo? Ninguna de las fuentes consultadas estos días por infoLibre se atreve a aventurar una respuesta. Lesmes cuenta con su propio voto y con el de los 11 vocales del sector conservador. Pero algunos expertos creen que tiene también a su alcance el apoyo de al menos un miembro del llamado sector progresista cuyo nombre omite este medio porque no ha logrado recabar su versión.

De las listas de aspirantes a cada una de las tres plazas, el CGPJ excluyó en julio a dos jueces clave en casos de corrupción: Eloy Velasco, primer instructor de Púnica, donde se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid; y José de la Mata, que instruye la parte de los papeles de Bárcenas que la confesión de Francisco Correa sobre mordidas a cambio de contratos públicos obligó a reabrir a comienzos de 2017. Entre quienes han pasado el filtro y prosiguen así como aspirantes a la Sala Penal del Supremo figuran Concepción Espejel, presidenta de la sala penal de la Audiencia y recusada en Gürtel no por pérdida de independencia pero sí de la apariencia de imparcialidad por el papel desempeñado por PP en su ascenso como vocal del CGPJ; y Ángel Hurtado, que presidió el juicio a la trama Gürtel y fue el miembro del tribunal que quedó en minoría al oponerse a que el PP fuese declarado beneficiario de la trama.

Salvo circunstancias excepcionales, incluso si el órgano que preside Carlos Lesmes nombra a esos tres magistrados en el pleno del día 30, ninguno de ellos participará en ningún trámite relacionado con los asuntos que ya están en el Supremo aguardando una sentencia próxima. Entre ellos, el citado caso Gürtel, donde el PP confía en obtener una resolución que borre no de las hemerotecas pero sí de los anales jurídicos la dictada por la Audiencia Nacional tras el primer gran juicio a la trama. Justamente aquella de la que discrepó Hurtado. Recurrida por el partido de Pablo Casado y por distintas defensas de los 29 condenados, esa sentencia es la que en mayo de 2018 certificó la existencia de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Certificó asimismo que el PP recibía donaciones que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

La mayoría de los jueces que con Manuel Marchena al frente integran la Sala de lo Penal se adscriben a la predominante ala conservadora de la judicatura. Entre los 13 miembros que, además de Marchena, la integran a día de hoy figuran el último fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy (Julián Sánchez Melgar), un antiguo senador del PP (Vicente Magro), un magistrado del Opus Dei (Antonio del Moral), un expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (Pablo Llarena) y el exportavoz de la también conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (Miguel Colmenero).

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Las tres vacantes por cubrir estuvieron ocupadas hasta su jubilación por Luciano Varela, de signo progresista y que en el juicio del procés fue quien acuñó la tesis de que la actuación de los independentistas fue "una farsa"; Jorge Alberto Barreiro, considerado del mismo sector y que fue quien imputó en el caso ERE a los presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El tercer juez jubilado es el conservador Francisco Monterde.

Los tres nuevos nombramientos pendientes y sobre los que Lesmes se reserva la posibilidad de cubrir el día 30 reforzarían de manera previsible el peso del sector conservador. El presidente del CGPJ, a su vez cabeza del Tribunal Supremo, ya sugirió el pasado día 7 durante la apertura del año judicial que los nombramientos seguirían adelante. En su discurso de apertura, Lesmes exhortó de nuevo a los partidos a pactar la renovación. Pero a renglón seguido añadió que paralizar la asignación de plazas discrecionales entrañaría "un grave quebranto para la Justicia". Con anterioridad, el magistrado ya había enviado tres cartas a las presidencias del Congreso y el Senado para urgir la renovación del Consejo.

En julio, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se declaró abiertamente contrario a que el CGPJ efectúe cualquiera de los 30 nombramientos discrecionales cuya tramitación ha puesto en marcha. "¿Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente no", afirmó Campo en una entrevista con infoLibre. En enero, y tras una reunión secreta nada más tomar posesión de la cartera, Campo logró que Lesmes paralizase la adjudicación para presidencias de TSJ autonómicos, Audiencias Provinciales, plazas del Supremo y puestos de la jurisdicción militar. Pero la pregunta de si Lesmes seguirá adelante o no permanecerá sin respuesta hasta el próximo día 30.