Los presos del 'procés': ¿conceder privilegios o corregir injusticias?

El Gobierno ha movido ficha en Cataluña. Por una vez, no han sido los partidos independentistas los que marcan la iniciativa y condicionan toda la agenda política del país. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció ayer dos movimientos importantes. Por un lado, el inicio de la tramitación de las peticiones de indulto para los presos del procés. Por otra parte, la intención de llevar adelante la prometida reforma del Código Penal que podría incluir una redefinición de los delitos de rebelión y sedición. Como con todo lo que tiene que ver con el conflicto catalán, la caldera vuelve a subir de temperatura de inmediato.

La jugada de Pedro Sánchez supone un intento de sacar algo de ventaja en mitad de un infernal entramado de problemas que se entrecruzan en el tiempo. Todo parece indicar que de forma inminente se hará pública la inhabilitación de Torra como president de la Generalitat. La reacción institucional y social será inmediata. La derecha españolista lo celebrará, aunque lamentará no poder culpar al Gobierno de algo. En el mundo independentista no sentará evidentemente muy bien. Además, estamos a las puertas del 1 de octubre, lo que supondrá reabrir de nuevo el termo de la pulsión secesionista. A la vuelta de la esquina, la negociación sobre los Presupuestos condicionada por la posición que finalmente adopten Ciudadanos, por un lado, y ERC, por el otro.

Tramitar los indultos era una obligación legal

El doble anuncio del Gobierno de coalición intenta colarse en medio del embrollo. De esta manera, cabe suponer que la mitad independentista en Cataluña pueda tener la sensación de que algo se mueve respecto al futuro de los presos. Puede ayudar a amortiguar la noticia del fin político del muy desgastado Torra y a evitar conflictos sociales en el aniversario del referéndum. A su vez, la derecha tampoco puede argumentar que el Estado se pliega ante las reivindicaciones separatistas la misma semana en la que su president es inhabilitado. Por último, puede ayudar a que ERC tenga poco que exigir en la próxima negociación presupuestaria. Lo que podía reclamar, ya está de alguna forma en marcha.

Ya se han escuchado las primeras sonoras y escandalizadas reacciones contra el movimiento gubernamental. La derecha se rasga ya las vestiduras visualizando la concesión inmediata de los indultos. En realidad, se trata de una absoluta sobreactuación. La tramitación de los indultos no es una opción política. Es una obligación legal. Entre el verano y el coronavirus parece haberse retrasado más allá de lo sensato desde el punto de vista administrativo. No cabía más dilación. Además, el inicio de la tramitación no implica pronunciamiento alguno en favor o en contra de la otorgación de la gracia gubernamental. El proceso puede durar casi diez meses y alargarse, por tanto, hasta el verano de 2021. Algunos de los presos ya llevarán para entonces casi cuatro años en prisión.

Una alternativa irreprochable en términos democráticos

La concesión o rechazo de los indultos será, a buen seguro, un inevitable conflicto. Haga lo que haga, Pedro Sánchez se va a ver envuelto en una agria controversia política que puede derivar en tensión social. Las manifestaciones y protestas se sucederían en el bando separatista o en el integrismo español, según cual fuera la decisión asumida. Es difícil pensar cuál será el estado de opinión en España dentro de unos meses. Cabe suponer, según la evolución de las encuestas, que la mayor parte de los ciudadanos considere que los condenados ya han pasado suficiente tiempo entre rejas y apoyen su excarcelación. Algunos llevan ya casi 3 años en prisión. Pese a todo, la derecha más exaltada, aunque sea minoría, siempre exigirá que la condena se extienda todo lo que sea posible.

Hay, en paralelo, un camino que parece menos tortuoso. Llegar a la decisión de conceder o rechazar el indulto sería finalmente dejar en manos del Gobierno tomar una u otra postura. En caso de concederlo, que sería lo más probable, sería siempre discutible y abierto a polémica. Cabe pensar que Pedro Sánchez prefiera evitar llegar a ese punto. Hay una alternativa plenamente democrática e irreprochable legalmente para abordar la cuestión. Al final, de lo que hablamos es de si las penas de los condenados son excesivas con relación a los hechos que protagonizaron de forma voluntaria, planificada e intencionada.

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El Código Penal español, tal y como reconocen todos los juristas, es manifiestamente anacrónico. Algunos artículos fueron concebidos hace dos siglos y aún hoy siguen vigentes. Se trata de una legislación desajustada con las de todos los países europeos de referencia. Su reforma es una obligación inexcusable. En el acuerdo de investidura firmado por PSOE y UP se firmó un compromiso expreso para llevarla a cabo esta legislatura. Una mayoría parlamentaria apoyó la constitución de este Gobierno.

Algunos, cuando hablan de leyes, parece que se refieren a ellas como si de resoluciones divinas se tratara. Como todos deberíamos recordar, las leyes en una democracia son convenciones acordadas por los representantes de los ciudadanos. Esto implica que deben ser reflejo de la sociedad que luego se compromete a acatar su cumplimiento. El Código Penal español debe ser reformado. La derecha antinacionalista mantiene que se hace para beneficiar a los presos independentistas. También hay quienes pensamos que esta reforma debe servir, por encima de todo, para actualizar injustas condenas basadas en concepciones de la sociedad antediluvianas. No se trata de dar privilegios a nadie. Se trata de impedir injusticias.

Cabe la posibilidad de que la reforma del Código Penal pueda tener lugar en los próximos meses, antes de que el Gobierno tenga que resolver el asunto de los indultos. De nuevo, la oposición intentará frenar una iniciativa que pudiera significar replantear las condenas sobre el procés. Cuesta creer que acepten una revisión legislativa sin que sean ellos los que la promuevan y controlen la mayoría parlamentaria.