La jueza acerca al banquillo a Ok Diario por el acoso a los hijos de Pablo Iglesias y a su canguro

La jueza que desde diciembre investigaba una querella de Pablo Iglesias e Irene Montero contra el director de Ok Diario y uno de sus redactores por acosar a la canguro que cuidaba de sus hijos acaba de acercar al banquillo  a los dos denunciados: Eduardo Inda y Alejandro Entrambasaguas. Los hechos, sostiene la magistrada, pueden ser "constitutivos de un presunto delito contra la libertad" que el Código Penal castiga con hasta dos años de cárcel.

En un auto al que ha tenido acceso infoLibre, la jueza de la localidad madrileña de Collado Villalba Sara Rodríguez ha dictado el pase a procedimiento abreviado, lo cual abre el camino hacia el juicio. La magistrada traza un relato breve pero demoledor: la persecución a que el redactor sometió a la canguro de los pequeños a finales de 2019  supuso "una alteración evidente en la vida cotidiana de los querellantes y de sus hijos". Mientras sus padres trabajaban, los niños estaban en casa de su cuidadora, de forma que el acoso les afectó directamente. El vicepresidente y la ministra de Igualdad, prosigue el texto, se vieron forzados a "elegir otra opción para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral" porque la cuidadora de los niños terminó por despedirse a la vista de lo ocurrido.

Y lo ocurrido lo resume así la jueza: "Durante el mes de noviembre y diciembre del 2019 [el periodista Entrambasaguas] se persona en varias ocasiones en el domicilio de la cuidadora de los hijos de los querellantes, con la finalidad de obtener información sobre la misma de su actividad; con la misma finalidad le llama en varias ocasiones por teléfono, en ambos casos siempre con resultado negativo. Al no obtener la información directa de la cuidadora, acude a la urbanización en la que se encuentra el citado domicilio y allí aborda a varios vecinos con el mismo fin". 

Como primera medida, prosigue la resolución, la cuidadora "restringió las salidas a los parques infantiles de las zonas comunes de la urbanización con los niños a los que cuidaba, quedando limitada, por lo tanto, su actividad diaria y la de los menores". Pero la cosa no acabó ahí. Porque, "ante la reiteración de los hechos, finalmente a fecha 31 de diciembre de 2019, decidió resolver el contrato que mantenía con los querellantes para el cuidado de sus hijos".

La jueza da a las partes 10 días para que pidan la apertura de juicio oral o el archivo o la práctica de nuevas diligencias. El auto lleva fecha del 18 de septiembre. Pero se les notificará personalmente a los dos querellados el próximo día 28 a las 10 de la mañana. A partir de ahí, comenzará a correr el reloj. Previsiblemente, hacia el juicio.

En mayo, Iglesias y Montero vieron cómo su casa familiar de Galapagar se convertía en escenario diario de escraches promovidos por la ultraderecha. Montero interpuso una querella. Pero otra juez de Collado Villalba distinta a la que acaba de dictar auto contra Inda y uno de sus redactores la archivó, rfechazando que los hechos pudieran ser conceptuados como delito. La magistrada dio carpetazo al caso aduciendo que todo lo que estaba ocurriendo junto a la casa de la pareja era fruto de la libertad de expresión. “Ninguna alteración grave de la vida cotidiana de la querellante se ha constatado, ni tampoco se ha concretado por la reseñada en qué medida se ha producido esa alteración”, escribió la jueza Marta García Sipols. El sobreseimiento está pendiente de recurso.