El origen de su patrimonio, el frente judicial que aún le queda abierto a Rato

Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha conocido este martes la sentencia de la Audiencia Nacional que le absuelve por la salida a Bolsa en 2011 que dirigía en esas fechas. No obstante, aún le queda abierto un frente judicial que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio.

Una macrocausa que se inició en abril de 2015, conocida como el caso Rato, en la que se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido Rato a través de sus empresas.

El que fuera exvicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid, una sentencia que fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo y que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real. Así ponía fin a la primera causa judicial que tenía pendiente.

Rato es el único de los condenados por las black que continúa en prisión, aunque disfruta desde principios de 2019 permisos ordinarios al haber cumplido una cuarta parte de la condena. El pasado mes de abril, la junta de tratamiento de Soto del Real propuso concederle el tercer grado o la semilibertad, pero la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, rechazó dicha propuesta, entre otros motivos, porque aún tenía pendiente dos procedimientos judiciales.

Precisamente, la segunda de las causas a la que Rato ha hecho frente desde prisión es la relativa a las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició pidiendo cinco años de cárcel y en la recta final del juicio endureció la petición de pena a ocho años y medio de prisión. Una vista oral que se celebró en la Audiencia Nacional a lo largo de 10 meses y cuya sentencia absolutoria se ha conocido casi un año después.

En cuanto a la tercera causa judicial en la que el expresidente del FMI se encuentra investigado, no se trata de un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, sino que se sigue en los juzgados de instrucción de Madrid. Una macrocausa que comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta causa y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".

Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el juez instructor Antonio Serrano-Arnal el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.

Acumulación de todas las piezas en una sola causa

Rato iba a ser juzgado por una primera pieza de esta macrocausa, pues se encontraba desde febrero de 2019 procesado por el presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit, por la que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.

Sin embargo, unos meses más tarde, en julio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y anuló este procesamiento, que también se dirigía contra otras 11 personas, entre ellas el exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella. Asimismo ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido caso Rato para convertirlo en un único proceso.

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Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarán "pronunciamientos contradictorios" que pueden darse si se juzgan por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.

Hasta el momento no se han conocido nuevos pasos en esta causa que lleva ya más de cinco años investigándose. El pasado 1 de junio debía haber concluido la prórroga de 18 meses acordada por el instructor, si bien el fin de este periodo de ampliación de la investigación se ha visto pospuesto tres meses, el tiempo que han estado suspendidos los plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Además, se da la circunstancia de que la reciente reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) podría tener efectos también en el fin de la instrucción del caso Rato, ya que establece que el fin de las causas ya en proceso pueden volver a prorrogarse un año más, el tiempo máximo establecido, y posteriormente en periodos de seis meses.