La cúpula de Avalmadrid 'boicotea' la comisión de la Asamblea que investiga operaciones irregulares

Los diputados de la comisión de Avalmadrid en la Asamblea se encontraron este martes con un muro. Comparecían tres de las personas con mayor poder en la sociedad de garantías en la etapa en que se cometieron operaciones presuntamente irregulares, entre cuyos beneficiados se encuentran Isabel Díaz Ayuso y su familia. Y los tres boicotearon de forma sistemática los intentos de los diputados por hacer su trabajo. Lo hicieron además con una actitud que en algunos momentos rayó la prepotencia o la condescendencia con sus señorías, hasta el punto de que dos diputados dejaron de preguntar. Y no eran de los partidos de la oposición, sino uno de Ciudadanos y otro de Vox, las formaciones que sostienen a Ayuso. Un hecho que explica perfectamente la actitud con la que llegaron los comparecientes a la Asamblea.

Claro que por muy aprendida que alguien lleve la lección de no soltar palabra, en un interrogatorio de casi dos horas siempre puede haber algún momento en el que te traiciona el subconsciente. Un ejemplo: después de contestar decenas de veces que no recordaba absolutamente nada de ninguna operación aprobada por Avalmadrid, cuando el interrogatorio del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez estaba llegando a su final, al exdirectivo Carlos Ramos se le escapó lo siguiente: “No sancioné la operación, no la supervisé”, en clara referencia al préstamo de 400.000 euros que recibió la empresa de los padres de Ayuso. “¿De qué operación habla?”, inquirió perspicaz Gutiérrez, sorprendido ante el hecho de que el compareciente hubiese olvidado absolutamente todo de todo, pero recordase de repente que él no había ni sancionado ni supervisado justo el aval con MC Infortécnica. Ya no hubo respuesta, la desmemoria se apoderó de nuevo de Ramos.

Carlos Ramos, sin memoria

El primer compareciente fue Carlos Ramos Juárez, quien en la época de la mayoría de los hechos que investiga la Asamblea era el número tres de Avalmadrid en calidad de director de Relaciones Institucionales.

Carlos Ramos mantuvo durante dos meses un intercambio de correos con Isabel Díaz Ayuso en relación con el préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid había garantizado a la empresa MC Infortécnica, propiedad de los padres de la dirigente del PP y de otros seis socios a partes iguales. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y en ese momento la compañía ya atravesaba una grave situación financiera. Tan grave que sólo tres meses después, a finales de junio, dejó de pagar a sus trabajadores. Ayuso se interesó entonces por el asunto, ante la posibilidad de que sus padres perdiesen el patrimonio ya que eran avalistas solidarios del crédito. Como intermediaria actuó Eva Piera – compañera suya en las listas del PP, viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid–, que fue quien puso a Ayuso en contacto con Carlos Ramos.

“No recuerdo si he hablado o intercambiado mails con Ayuso”, afirmó Ramos en una de sus primeras respuestas a la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra. Y de ahí no se salió en dos horas Ramos, un hombre ciertamente desmemoriado si hubiese que creer sus palabras de ayer. “Yo no recuerdo absolutamente nada de lo que hice en 2011”, llegó a decir, aunque eso sí, al mismo tiempo aseguró que siempre había actuado con la máxima honradez. Cómo sabe que siempre fueron legales las actuaciones de las que no recuerda ni el más mínimo detalle es algo que no explicó a los diputados.

Su insistencia en la desmemoria rozó alguna vez la caricatura. Por ejemplo, sostuvo que se había enterado de quién era Isabel Díaz Ayuso cuando la nombraron en 2018 candidata a la Presidencia de la Comunidad. O sea que, según Ramos, cuando Piera le pide por escrito el 13 de julio de 2011 que atienda a Ayuso, después de tener previamente una conversación telefónica dándole los detalles del asunto, le oculta que dos días después Ayuso se va a convertir en diputada autonómica del PP. Y luego Ramos mantiene una relación epistolar durante meses con Ayuso y en ningún momento sale en la conversación que es diputada, ni él se preocupa por saber con quién está hablando. Una despreocupación ciertamente asombrosa, Código Penal en mano, porque no es lo mismo otorgar un trato de favor a un ciudadano anónimo que a alguien que tenga consideración de “autoridad” (como los diputados autonómicos).

Carlos Ramos, según demuestran los correos publicados por infoLibre, pidió informes de solvencia financiera de los padres de Ayuso y de su grupo empresarial a otros empleados de Avalmadrid para entregárselos a la dirigente del PP. Y en el asunto del primer correo donde reclamaba esa información, escribió que el encargo venía de “Presidencia Comunidad de Madrid”. ¿Por qué escribió eso si no sabía quién era Ayuso? “Probablemente, la referencia había venido por la Presidencia. Me imagino”, contestó.

Ramos resaltó que no ha tenido acceso a los correos publicados por infoLibre, así que desconoce "la fuente" y no sabe si son de él. También insistió en que la información que había pedido en Avalmadrid para facilitársela luego a Ayuso era “pública”, algo que no es cierto, al menos en lo referente a los informes de solvencia de Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) y por supuesto tampoco respecto a los detalles del aval solidario que habían firmado sus padres con la sociedad gestora. “Si la información era pública, ¿por qué se la pide Ayuso a usted?, le preguntaron varios diputados.

La desmemoria de Ramos es prácticamente universal. Sergio Brabezo, portavoz de Ciudadanos en la comisión, intentó que le explicase las operaciones que beneficiaron al grupo empresarial de Gerardo Díaz Ferrán con el aval del entonces consejero de Economía, Antonio Beteta. “Mis inquietudes van por otra parte que saber quién era Díaz Ferrán o Beteta”, dijo Ramos. Si la respuesta la hubiese dado un DJ de Ibiza podría tener sentido, pero en boca de la persona encargada de la Relaciones Institucionales de Avalmadrid realmente sonaba a recochineo que sus “inquietudes” no incluyeran al consejero de Economía de la comunidad o al presidente de la patronal. Así lo entendió el diputado Brabezo: “Debido a que no hay ningún tipo de colaboración, doy por terminada mi intervención”, explicó enfadado. En el turno de repreguntas lo volvió a intentar, y la cosa terminó aún peor. Ante la desfachatez de Ramos al afirmar que no tenía “absolutamente nada que ocultar”, después de decir una y otra vez que no recordaba nada de nada, Brabezo estalló: “No me tome por estúpido”.

No tuvo mejor suerte la diputada Pilar Sánchez-Acera, que también se topó con la desmemoria total de Ramos. La portavoz socialista aseguró que las actuaciones que desvelan los correos constituyen “tráfico de influencias” y le recordó a Ramos que había formado parte “de un entramado que decidía”, en conexión con consejeros del Gobierno Aguirre, “a quién le daba operaciones Avalmadrid y a quién no”. Y curiosamente, entre los beneficiados por créditos millonarios que no fueron devueltos, estaban empresarios que financiaban ilegalmente al PP como Gerardo Díaz Ferran o Arturo Fernández.

Cuestión aparte merecen las intervenciones de Alicia Sánchez-Camacho, la portavoz del PP, quien puso mucho más entusiasmo en la defensa de los comparecientes que ellos mismos. Lo hizo, eso sí, recurriendo a mentiras y medias verdades. Un ejemplo de mentira: aseguró que se habían realizado “todos los trámites” para la ejecución de los avales puestos por los padres de Ayuso. La verdad es que sólo se actuó contra una nave hipotecada en un pueblo de Ávila, pero no se hizo absolutamente nada contra el resto de los bienes que tenían. De hecho, esa pasividad de Avalmadrid es la que ha permitido a Ayuso apropiarse de un piso en el centro de Madrid, que sus padres le donaron para evitar que fuese embargado para responder de los 400.000 euros. Un ejemplo de media verdad: sostuvo que con la nave en el pueblo abulense embargada al padre de Ayuso, Avalmadrid había recuperado “130.000 euros”. Esto, a día de hoy, es imposible de saber porque la sociedad de garantías no ha podido revender la nave. Lo único cierto es que, de momento, más de 350.000 euros del pufo dejado por MC Infortécnica en Avalmadrid han salido del bolsillo de los contribuyentes, a través de Cersa –compañía estatal que reavaló el 50% del préstamo– y de la propia Comunidad de Madrid, que reafianzó otro 25%. Ese dato incontestable lo obvió la diputada del PP.

Sánchez-Camacho recurrió además, una y otra vez, al decreto de la Fiscalía Anticorrupción que archivó el pasado mes de noviembre la denuncia presentada por Más Madrid contra Ayuso por estos hechos. Como demostró infoLibre, el escrito de la número dos de la Fiscalía Anticorrupción –Belén Suárez Pantín– manipulaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y falseaba fechas de correos enviados por Ayuso a Avalmadrid, para poder llegar así a la conclusión de que no había indicios de delito.

Fernández-Rubíes no habla de “operaciones concretas”

Juan Luis Fernández-Rubíes era el primer ejecutivo de Avalmadrid –primero como consejero delegado y luego como director general– cuando se aprobó la operación con MC Infortécnica y otras muchas que terminaron siendo “fallidos” –las empresas no devolvieron el dinero– con personajes relevantes como Díaz Ferrán o que tenían una vinculación directa con la sociedad de garantías.

El diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, aprovechó su primera intervención para destacar la relación de cercanía entre el compareciente y el expresidente de la Comunidad Ignacio González, imputado en el caso Lezo como presunto capo de una trama de corrupción. En concreto, le preguntó a Fernández-Rubíes si veía “alguna relación” entre el hecho de que aterrizase en Avalmadrid pocos meses después de que González llegase a la Presidencia madrileña y fuese despedido pocos meses después de que González perdiese dicho cargo. “La que usted vea”, contestó en tono agrio. “¿Usted sabe quién es el padrino de la primogénita de Ignacio González?”, inquirió Ruiz. “Mi hermano”, confesó el compareciente.

Varios diputados frenaron en seco el intento de Fernández-Rubíes de colgarse medallas por su gestión al frente de Avalmadrid, recordándole que fue sancionado con 45.000 euros por el Banco de España por las deficiencias de su gestión. “Esa sanción está recurrida en el contencioso”, acertó a responder como defensa.

En todo momento el antiguo primer ejecutivo de Avalmadrid se negó a responder preguntas sobre “operaciones concretas”, arguyendo un deber de confidencialidad legal. “¿Era normal que no se ejecutasen los avales en caso de impago?”, preguntó de forma genérica Sol Sánchez (Unidas Podemos), aunque todo el mundo sabía que se estaba refiriendo a la pasividad ante los padres de Ayuso, que permitió a estos donar los inmuebles que tenían a sus hijos mientras Avalmadrid no hacía nada. Lo normal era “ejecutar diligentemente los avales”, contestó Fernández-Rubíes, sin aclarar por qué no se hizo en el caso de MC Infortécnica.

Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) le recordó que, después de despedirlo en 2016, el nuevo consejo de administración de Avalmadrid denunció ante la Fiscalía una serie de operaciones de las que era máximo responsable Fernández-Rubíes, al entender que podían ser delictivas. La Fiscalía no entró en el fondo del asunto porque entendió que los hechos estaban prescritos. Así lo indicó el compareciente, quien aseguró que no sabía ni por qué lo habían despedido ni por qué lo había denunciado el propio consejo de Avalmadrid ante la Fiscalía.

A preguntas de Sánchez-Acera (PSOE) indicó que le parecía “normal” que consejeros del Gobierno de Aguirre se dirigiesen a él interesándose por determinadas operaciones, aunque insistió en que él jamás había “modificado” su opinión por una presión política y que siempre actuó de acuerdo con los procedimientos legales.

Eva Piera y su "actividad ordinaria"

Eva Piera repetía comparecencia ante el mismo foro. La primera fue el 17 de diciembre, y tal y como demostró documentalmente infoLibre, mintió en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citarla para que explicase las contradicciones entre su testimonio y lo que desvelaban los correos publicados por este periódico.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

Eva Piera era una persona clave en el equipo económico de Esperanza Aguirre. Además de ser viceconsejera de Economía, presidió primero y fue consejera después de Avalmadrid y también estuvo al frente de Capital Riesgo Madrid (CRM). En su intervención de diciembre, afirmó hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí esa primera comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos publicados por infoLibre desvelaron que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus principales directivos. Sólo en el periodo que va de septiembre de 2011 a febrero de 2012, se interesó por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada. En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribió el 26 de octubre de 2011. El entonces consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante".

A la vista de que lo que estaba en juego en esta segunda comparecencia era si había cometido o no un delito en diciembre, Piera se presentó con una intervención escrita, que leyó siempre que tuvo oportunidad y que se resumen en dos ideas básicas: sus palabras de diciembre fueron “sacadas de contexto” –no explicó cómo se podía sacar de contexto una afirmación que repitió hasta en nueve ocasiones de forma rotunda tal y como consta en el diario de sesiones– y lo que pedía en los correos desvelados por infoLibre eran meras “notas informativas previas” para reuniones que tenía con empresas que querían información sobre las líneas de ayuda de Avalmadrid.

Todo ello aderezado con referencias a que no había tenido acceso a los correos, así que no podía pronunciarse sobre ellos, y que no podía hablar de operaciones concretas.

La actitud de Piera exasperó a varios diputados. Jacinto Morano (Unidas Podemos) llegó a retirar una pregunta, ante la insistencia de la compareciente en leer lo que traía escrito y que nada tenía que ver con la cuestión planteada por Morano. Y el portavoz de Vox, Ruiz Bartolomé, dejó directamente de preguntar cuando no llevaba ni la mitad del tiempo consumido.

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Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) puso el énfasis en otra de las presuntas falsedades de Piera en su intervención de diciembre. Entonces afirmó que había puesto a Ayuso en contacto con Ramos en julio de 2011 para que le facilitara información sobre los productos que ofrecía Avalmadrid, cuando en realidad MC Infortécnica ya había cerrado y escriturado la operación con la sociedad de garantías cuatro meses antes. Para intentar salir de esa contradicción, Piera recurrió esta vez a la ignorancia: “Desconocía que [MC Infortécnica] tenía una operación ya concedida”.

De ser cierto lo que dijeron en sus intervenciones este martes, ciertamente al frente de Avalmadrid había un equipo de directivos con una acusada falta de interés por lo que ocurría a su alrededor: Piera hace de intermediaria entre Ayuso y el número tres de Avalmadrid, pero ni siquiera le pregunta a su compañera de lista electoral por qué necesita ese contacto, y Ramos atiende a Ayuso durante dos meses sin enterarse de que es una diputada en la Asamblea de Madrid.

Sánchez-Acera, en fin, desmontó la versión de las “notas informativas previas” leyéndole uno de los correos publicados por este periódico en el que presionaba para que se concediese un aval aunque fuese bajando el importe de la operación. Y la diputada socialista también aprovechó hábilmente que Piera había insistido en que toda su actividad respecto a Avalmadrid debía “enmarcarse en su actividad ordinaria” como viceconsejera de Economía de la Comunidad, para anunciar que pediría de nuevo la comparecencia de los presidentes madrileños en la comisión, hasta ahora vetada por la Mesa de la Asamblea que controlan PP y Cs con el argumento de que Avalmadrid no dependía del Gobierno autonómico.