Una asociación presidida por una abogada que se declara del PP entra como "acusación" en el caso del espionaje a Bárcenas

"Estoy muy orgullosa de mi partido @populares de cómo está actuando tanto en la crisis del virus como en sus propuestas económicas". Publicado en Twitter el 10 de marzo, ese es uno de los múltiples textos en apoyo del PP  escritos desde su cuenta oficial por Carolina Mata, presidenta de una asociación de abogados, Prolege, a la que el juez Manuel García Castellón acaba de dar entrada como nueva "acusación popular" en KitchenKitchen. Es decir, en la pieza del caso Villarejo donde el  magistrado que este miércoles pidió al Tribunal Supremo que impute a Pablo Iglesias investiga el operativo policial y parapolicial lanzado desde Interior en 2013 con el fin de evitar que Luis Bárcenas conservase documentos que pudiesen incriminar a dirigentes del PP. Justamente en Gürtel, la formación conservadora permaneció varios años como "acusación popular". Pero en abril de 2013, con Mariano Rajoy en el Gobierno, el juez Pablo Ruz expulsó al PP de la causa tras concluir que estaba en realidad actuando como una defensa camuflada. Desde entonces, el partido no ha vuelto a postularse como acusador en ninguna causa que afecte a sus cargos o dirigentes.

Este martes, infoLibre contactó con Carolina Mata a través de un mensaje telefónico que incluía varias preguntas. La letrada respondió que no tenía nada que decir. A la media hora de que el cuestionario llegase a sus manos,  ya había desaparecido la cuenta de Twitter que abrió en 2012 con el nombre de usuario @Caroli201.

Al rehusar la letrada ofrecer una respuesta a los interrogantes planteados, no fue posible conocer si mantiene la condición de afiliada al PP, si teme incurrir en conflicto al personarse como parte acusadora en nombre de "una asociación sin interés político" y desarrollar al mismo tiempo una gran actividad en defensa del PP, bajo cuyo mandato gubernamental se activó la operación Kitchen. O lo que es lo mismo, una gran actividad en defensa del partido cuyo exministro de Interior Jorge Fernández Díaz está ahora bajo la lupa en una lista de antiguos cargos políticos imputados con visos de seguir creciendo mientras se sucede la difusión de audios grabados por Villarejo que salpican a Mariano Rajoy. Fernández Díaz declarará en la Audiencia Nacional el próximo día 30. Su comparecencia se celebrará así un día después de la fijada para su antiguo número 2, Francisco Martínez, quien ya ha hecho un anuncio: "Voy a contarle al juez todo lo que sé". Como las otras acusaciones –Fiscalía, Podemos y PSOE– Pro Lege asistirá a esos interrogatorios.

En 2017, Mata concurrió a las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid dentro de una candidatura conservadora –Movimiento24dos – cuya lista cerraba otro letrado a quien los audios de Villarejo señalan ahora como enlace del policía con Rajoy: Javier Iglesias, apodado por el comisario y los suyos como El LargoEl Largo. Defensor en Gürtel del antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP –Álvaro Lapuerta– y posteriormente del jefe de la trama –Francisco Correa–, sobre Iglesias no pesa a día de hoy ninguna imputación en Kitchen. La presidenta de Pro Lege tampoco accedió a explicar si se considera ante un potencial conflicto de intereses en lo relativo a Iglesias.

Cofundadora y presidenta de la ya citada Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, inscrita en el registro desde noviembre de 2018, su cuenta de Twitter retrata a Mata como una decidida seguidora con o sin carné del partido que la investigación de Kitchen mantiene bajo el foco. Su adhesión a un determinado sector del PP parece inequívoca, como muestra el tuit que en febrero la llevó a definir así a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: "Esta era una espía socialista dentro del PP". En la que se mantiene como la red social con mayor proyección, Mata nunca ha ocultado su afinidad explícita con el PP y su actual líder, Pablo Casado. En la lista de tuits extraídos por este periódico de su cuenta abundan los textos que alientan a los otros usuarios a incorporarse al PP de una u otra forma: "Por eso, vente al PP", respondió en febrero a una tuitera que acababa de expresar su predilección hacia Vox aunque admitía que se desmarcaba del partido de Abascal en cosas que no le gustan. 

García Castellón beneficia como acusación popular en el 'caso Kitchen' a una asociación cercana al PP

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El 18 de septiembre, Pro Lege adujo en su solicitud para incorporarse al caso que ha conocido ahora "a través de diferentes medios de comunicación" el "desarrollo en sede judicial del denominado caso Tándem". Pero aunque García Castellón no levantó el secreto sobre la pieza centrada en el espionaje a Bárcenas hasta hace un mes, desde 2018 no han cesado las noticias sobre este operativo que Interior financió con fondos reservados. Las acciones policiales y parapoliciales lanzadas en Kitchen entre el verano de 2013 y la primavera de 2015 nunca fueron autorizadas por el juez Pablo Ruz, que dentro del caso Gürtel investigaba los manejos de Luis Bárcenas pero también la contabilidad secreta del PP. Es más, el Ministerio del Interior ocultó el resultado de aquel espionaje al extesorero hasta que el juez ya había cerrado la instrucción sobre la caja B.

Pro Lege ya se personó este verano en otra de las piezas de Tándem con elevada carga política: la que gira en torno al robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, antigua asesora de Pablo Iglesias. El juez, que ha ido dando pasos que amenazan con llevar al vicepresidente y lider de Podemos ante el Tribunal Supremoante el Tribunal Supremo, aceptó al mismo tiempo que Vox se sumase igualmente como acusación popular. 

Con anterioridad, y a través de la asociación Adavic-19, esta de afectados por el coronavirus y domiciliada en la misma dirección que Pro Lege, Mata ya había presentado una querella contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. También presidida por Mata, Adavic-19 atribuía a Simón varios delitos, entre ellos homicidio imprudente y denegación de auxilio. En junio, la jueza de Madrid sobre la que había recaído la denuncia la archivó.