Arrimadas respalda las restricciones a la movilidad defendidas por el Gobierno y agranda la distancia con Casado

Las discrepancias entre del Partido Popular y Ciudadanos, de cuya unidad depende la estabilidad de los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León, son cada vez más profundas. La última, en plena tormenta política por el pulso que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha echado a Pedro Sánchez a cuenta de las medidas para tratar de frenar la expansión de la covid-19 en su comunidad, ha dejado bien patente que la cercanía de los naranjas con la estrategia de lucha contra la epidemia que defiende el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el apoyo de los expertos del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, contrasta claramente con la oposición frontal de Ayuso, apoyada sin reservas por el PP.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, defendió sin éxito que la mejor solución para resolver el problema provocado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular las medidas de confinamiento perimetral de Madrid y otras ciudades con altísima incidencia de la enfermedad era que Ayuso aceptase rehacer la orden rechazada, de manera que se ajustase a la ley y permitiese mantener las limitaciones a la movilidad defendidas por Sanidad.

Esa era, precisamente, la primera de las tres opciones que el presidente Pedro Sánchez trasladó a Ayuso el jueves por la noche para solucionar el problema a tiempo de evitar una salida masiva de madrileños hacia otras comunidades aprovechando el puente del 12 de octubre.

Esa opción, defendió Arrimadas en una entrevista online organizada por la organización privada Nueva Economía Fórum, hubiese permitido además evitar el choque entre las dos administraciones. Hubiese sido “una solución de consenso y razonable”, argumentó, en la que según ella había espacio para un acuerdo entre Díaz Ayuso, su vicepresidente Ignacio Aguado, el Gobierno de España y el ayuntamiento de la capital. Cumpliendo así lo dispuesto por el TSJM y evitando “más espectáculos, bochornos e inseguridad jurídica” a los ciudadanos.

Arrimadas no se manifestó expresamente contra la declaración del estado de alarma para el caso de que, como acabó sucediendo, Ayuso no atendiese la primera opción que le sugirió Sánchez. E insistió en que lo mejor hubiese sido tomar las medidas por acuerdo, porque “los ciudadanos van a entender mejor unas medidas consensuadas y las van a cumplir de mejor grado que si ven choques institucionales o imposiciones”.

El propio vicepresidente, Ignacio Aguado, confirmó su distancia con la actitud de Ayuso, que intentó sin éxito demorar una decisión y acabó proponiendo medidas menos restrictivas y limitadas a determinados barrios de la capital. A través de un apunte publicado en Twitter, Aguado defendió implícitamente el mantenimiento de confinamiento perimetral de la capital y sugirió que Ayuso debía haber adoptado ella misma la medida. “La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable. Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello”, aseguró.

La tensión interna entre Ayuso y Aguado a cuenta de la gestión de la pandemia es cada vez más difícil de disimular. A pesar de los esfuerzos por negarla de los dos protagonistas, así como de Arrimadas y Casado, que insisten en rechazar cualquier posibilidad de ruptura o de celebración de elecciones anticipadas, como pide insistentemente Vox y algunas fuentes sostienen que desea la propia Ayuso.

Pablo Casado optó por el cierre de filas. Respaldó a la presidenta de Madrid y acusó al Gobierno de actuar con “discrecionalidad” atendiendo a la “obsesión” que según él tiene Pedro Sánchez por “atacar” a Madrid. El presidente, aseguró, sólo persigue fines “políticos” y aprueba medidas “aleatorias” sin criterios científicos, obviando el respaldo del CCAES y del Instituto de Salud Carlos III a las restricciones ordenadas por el Ministerio de Sanidad.

“Ordeno y mando”

Casado afirmó entender el “hartazgo” que, en su opinión, tiene los ciudadanos con un Gobierno “instalado en el “ordeno y mando”, al que “le ha sobrado la soberbia” y que es “incapaz de dialogar con otras administraciones”.

“A los madrileños y a los españoles hay que protegerles del Gobierno de Sánchez” que, afirmó, actúa contra Madrid pero no contra Navarra roque según él allí gobierna con Bildu —la formación abertzale no forma parte del Ejecutivo navarro—.

En una rueda de prensa telemática celebrada cuando el Gobierno todavía no había terminado de explicar la declaración del estado de alarma, Casado aprovechó la situación sanitaria de Madrid para arremeter contra Sánchez también por negociar, dijo, con los independentistas catalanes en lo “que él llama la “mesa de autodeterminación” o con Bildu para intercambiar, afirmó, presos por Presupuestos.

El líder del PP anunció que pedirá la comparecencia urgente del presidente en el Congreso para exigirle explicaciones y urgirle a retirar “cuanto antes” las medidas.

Casado, sin explicar en qué afectaría eso a las medidas de confinamiento perimetral, insistió en pedir una reforma legislativa que permita lo que él define como “un punto intermedio entre lavarse las manos o imponer un estado de alarma injusto y ruinoso”.

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Aunque el TSJM anuló las medidas no por el confinamiento perimetral ni por las restricciones a la movilidad sino por considerar que no se había dictado invocando la legislación adecuada —de hecho la resolución sugiere la declaración alternativa del estado de alarma—, el líder conservador afirmó que Sánchez está actuando contra lo dictado por la justicia y le acusó de presionar a Ayuso para que la presidenta madrileña prevaricara.

Ayuso y su equipo de Gobierno, proclamó Casado, han actuado con “lealtad” y con medidas que, según el líder del PP, non sólo están funcionando sino que han logrado una reducción del impacto de la enfermedad en el sistema sanitario del 40%. Casado llegó a decir que, con los datos de este viernes, Madrid está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes que el ministerio situó como listón para obligar a las grandes ciudades a aplicar confinamientos perimetrales.

Lo cierto es que esos datos son falsos. La cifra de incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid por cada 100.000 habitantes se situaba este viernes en 541, más baja que los 648 de hace siete días pero todavía por encima del medio millar. Y el número de pacientes covid-19 en las UCI no ha bajado un 40%: ha caído al 39,3% (hace una semana era del 42,6%), pero sigue siendo la cifra más alta de España. La media nacional es del 18%.