Ayuso y Almeida rechazan realojar a miles de afectados por la venta ilegal de 5.000 pisos sociales a Goldman Sachs y Blackstone

La Comunidad de Madrid rechazó a mediados del año pasado una petición del Defensor del Pueblo para realojar a miles de familias afectadas por la venta de sus viviendas de protección oficial al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en agosto de 2013. La operación ha sido definitivamente tumbada por la Justicia al no recurrir el Ejecutivo regional la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, según adelantó infoLibre hace un mes. Pero el Defensor, institución que preside Francisco Fernández Marugán, entendió que además de la acción judicial el Gobierno autonómico tenía que dar una respuesta social a miles de personas que de la noche a la mañana su casero pasó de ser una empresa pública regional a un fondo de capital riesgo ávido por obtener beneficios. 

Por eso el Defensor envió pasadas las elecciones autonómicas y municipales a la Comunidad (que vendió 2.935 pisos sociales a Goldman por 201 millones de euros) y al Ayuntamiento de Madrid (que simultáneamente hizo lo mismo con 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone por 130 millones) una resolución "para que regulen un procedimiento para asignar viviendas a los adjudicatarios afectados por la venta de vivienda pública protegida a empresas privadas, con el fin de atender sus necesidades habitacionales de manera ágil y eficaz". 

La respuesta de la Comunidad de Madrid, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de coalición con Ciudadanos, fue un sonoro rechazo, confirman fuentes oficiales del Defensor a este medio. Por el contrario, el equipo del alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida contestó que estudiaría el asunto y quedó pendiente de informar al Defensor del Pueblo del realojo a los perjudicados, todos ellos beneficiarios a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Portavoces municipales sin embargo aseguran que el realojo se ha descartado por "inviable". 

"Este trámite concreto, nuestra petición, ha sido cerrada ante el rechazo formal que nos dio la Comunidad de Madrid", aseguran en el órgano constitucional que preside Fernández Marugán. "No obstante, eso no quiere decir que nuestra acción en torno a este problema haya terminado. Seguimos atentos", agregan desde el Defensor, además de confirmar que el expediente al Consistorio madrileño permanece abierto ante la respuesta favorable aportada por el mismo. 

Desahucios y subidas del alquiler

El traspaso de las casi 5.000 viviendas sociales a sendos fondos se produjo en 2013, en plena crisis financiera. Fue una decisión de los ejecutivos de Ana Botella e Ignacio González y se produjo con inquilinos habitando los bloques de pisos. La venta fue, en ambos casos, por debajo del precio de mercado. Los vecinos habían accedido a las VPO tras reunir una serie de requisitos, como tener un sueldo bajo. Los fondos Azora y Blackstone trataron de expulsar a muchos inquilinos subiendo las rentas del alquiler, descuidando el mantenimiento de las comunidades y practicando desahucios. Muchos se marcharon. 

Durante la Alcaldía de Manuela Carmena, Ahora Madrid trató de buscar la manera de revertir la enajenación de la EMVS, mientras que Cristina Cifuentes -al igual que sus sucesores- optó por ignorar el asunto. El Tribunal de Cuentas llegó a condenar en diciembre de 2018 a Botella y a otros siete miembros de su equipo a pagar 25,8 millones de euros por malvender patrimonio municipal "a un precio muy inferior al valor mínimo posible", lo que generó un "quebranto al patrimonio público". Finalmente, la decisión del Tribunal de Cuentas fue revertida por la justicia ordinaria. 

Este periódico se ha puesto en contacto con la Comunidad y con el ayuntamiento. Este último defiende su postura: "Para cumplir lo que pide el Defensor tendríamos que cambiar el reglamento. La EMVS tiene 26.000 personas en listas de espera. Nos parece algo inviable".

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La respuesta de la Comunidad de Madrid va más lejos y carga directamente contra la institución del Defensor del Pueblo. "Lo que pide el Defensor del Pueblo es jurídicamente inviable. Supondría incumplir la ley", dicen en la Consejería de Vivienda. "No podemos saltarnos la lista [de espera] establecida legalmente, y mucho menos darle viviendas a quienes no cumplen los requisitos para acceder a una vivienda social como es el caso de la mayoría de inquilinos de Encasa". Con esta última frase se refieren a las viviendas de Goldman Sachs-Azora (ahora Encasa Cibeles) que el fondo ha vendido a terceras personas, unos 1.300 pisos sociales de un total de 3.000. Portavoces autonómicos agregan que, de hacer caso a la resolución del Defensor, incurrirían en "prevaricación". 

La sentencia del 9 de marzo pasado de 2020 del Tribunal Supremo y la posterior decisión de la Comunidad de Madrid de no recurrir ante el Tribunal Constitucional ponen fin a un periplo judicial de tres años emprendido por un inquilino del Ivima en Navalcarnero, Rachid Bouikou, y su abogado del turno de oficio, el letrado César Pinto. Bouikou obtuvo su primera victoria judicial en 2018 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid y ha terminado ganando la guerra ante el Alto Tribunal. 

Según ha publicado la semana pasada El País, el vehículo inmobiliario Encasa Cibeles quiere devolver a la Comunidad de Madrid 1.700 de los 2.935 pisos que no han sido traspasados a terceros, pero el equipo de Ayuso se niega a hacerse cargo de esas propiedades. Por esta razón, Goldman Sachs va a llevar al Gobierno regional ante los tribunales, tal y como adelantó Vozpópuli.