Delgado decide si respalda en sus puestos a los fiscales que levantaron el 'caso Villarejo'

La reunión del Consejo Fiscal de este martes marcará un antes y un después en la Fiscalía. Casi una veintena de plazas, incluidas del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción, están en juego y el centro de atención estará en la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que es la que en última instancia decide sobre el futuro de la carrera de los aspirantes. Y la consecuencia directa de dos de esos nombramientos marcará el desarrollo de la instrucción de la macrocausa Tándem, la que indaga en las presuntas actividades delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, pues Delgado debe decidir si mantiene en su puesto a los dos fiscales encargados del caso, los que han impulsado la treintena de piezas en las que se divide esta gran investigación de la Audiencia Nacional.

Los miembros del Consejo Fiscal valorarán y emitirán sus conclusiones sobre la idoneidad de los candidatos, pero su pronunciamiento no es vinculante y es la fiscal general la que finalmente decide. Confirmar a Stampa y Serrano supondría un espaldarazo a la labor que han desarrollado en la instrucción que han desarrollado estos tres años y medio. Ambos tienen ya plaza fija en la Fiscalía de Madrid, pero han solicitado destino en la fiscalía especial contra la corrupción.

Stampa y Serrano fueron asignados al caso a principios de 2017 por el anterior fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix para que investigaran una denuncia de uno de los socios del expolicía. Meses después, a principios de noviembre y ya con Alejandro Luzón al frente de esta fiscalía, Villarejo fue detenido y desde entonces está en prisión provisional. A partir de ahí, y con el avance de la investigación desarrollada por los fiscales, la causa ya tiene abiertas casi una treintena de piezas separadas.

Y las pesquisas parecen estar muy lejos de terminar. Según se van desencriptando los archivos y documentación que le fueron intervenidos al comisario en su domicilio tras su detención se van abriendo vías de investigación cuyo nexo de unión son los encargos de espionaje que Villarejo hizo o recibió de empresarios, banqueros y hasta políticos, utilizando su posición y la información a la que tenía acceso en la Policía Nacional a cambio de elevadas sumas de dinero.

Pero la cosa no termina ahí: en la última pieza conocida de la macrocausa, la número 28 que todavía está bajo secreto de sumario, el comisario habría seguido tratando de sacar rédito a la información de la que hizo acopio durante más de 30 años de profesión desde la cárcel de Estremera, según los investigadores. Para ello se habría buscado a otros aliados, uno de ellos ya conocido por juez y fiscales: su mujer, Gemma Alcalá, quien fue detenida el viernes pasado junto a otras tres personas por presuntamente tratar de vender documentos relativos a investigaciones oficiales de la Policía y judiciales.

De momento, Alcalá se ha librado de la medida de prisión provisional que pedían los fiscales: el juez Manuel García Castellón ha optado por dejarla en libertad con cautelares, a pesar de que es una pieza clave en algunas de las líneas de investigación ya cerradas. No en vano, Anticorrupción solicita para ella 46 años de prisión por la pieza 'Iron', relacionada con el encargo que habría hecho el despacho de abogados Herrero & Asociados al comisario jubilado para espiar a un bufete de la competencia; y otros 36 años y cuatro meses por la pieza 'Land', que versa sobre el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca'.

Esta pieza 28 es la última de una investigación que contiene piezas separadas que constituyen macrocausas en sí mismas, en la opinión de fuentes del caso, y en las que Stampa y Serrano llevan trabajando más de tres años. Tal es el caso de Kitchen, la pieza que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, o la relativa a los trabajos que se le encargaron a Villarejo desde el BBVA durante una década y que le reportaron millones de beneficio para su empresa de detectives.

La destitución de los fiscales que llevan el caso Tándem podría suponer una transformación total de la investigación tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora, pues el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tendría que designar,cuando Stampa y Serrano terminaran su comisión de servicio, a unos nuevos responsables que, así de primeras, tendrían que estudiarse la causa al completo, lo que podría llevar a una ralentización de las pesquisas.

Respaldo del fiscal jefe

Luzón es un firme defensor de la labor desarrollada estos años por Serrano y Stampa y así lo pudo manifestar públicamente durante la declaración que prestó como testigo José Manuel Calvente, el abogado despedido de Podemos que compareció en otra de las piezas más mediáticas del caso Villarejo, la denominada Dina sobre el robo del teléfono móvil de la exasesora del partido morado Dina Bousselham y la publicación posterior de parte de su contenido en medios de comunicación.

El fiscal jefe Anticorrupción se encargó de dicho interrogatorio por la “trascendencia política”, ya que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias está personado como perjudicado por la publicación del contenido del móvil, y por los intentos de vincular la estrategia de Anticorrupción con la de Podemos como acusación popular de la macrocausa. Luzón aprovechó la comparecencia de Calvente para defender la actuación de los fiscales Stampa y Serrano como “impecable”.

Estas palabras del fiscal jefe fueron un espaldarazo en medio de la polémica que se había desatado después de que se hicieran públicos los chats del grupo de abogados de Podemos en los que una de las letradas, Marta Flor, alardeaba de tener una relación muy estrecha con Stampa, aunque luego ella reconocía que había exagerado. Sea como sea, en los últimos meses se han abierto dos expedientes al respecto por parte de la Inspección Fiscal: el primero fue archivado dos veces, mientras que el segundo está pendiente de la Fiscalía Superior de Madrid, que aún tiene que revisar la denuncia penal que presentó Vox por presunta revelación de secretos.

El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, llegó a pronunciarse sobre este asunto en dos entrevistas hace unas semanas. Aunque en un primer momento dijo que había sentido “asco” por la “relación” entre Stampa y la abogada de Podemos, días después firmó un escrito en que se retractaba de sus palabras, pedía disculpas y hasta consideraba las informaciones sobre la presunta relación como "absolutamente falsas".

Posible abstención de Delgado y Navajas

Delgado y Navajas son miembros natos del Consejo Fiscal por los puestos que ocupan. Dado que la primera salió a colación de algunas conversaciones grabadas por el comisario Villarejo que obran en el sumario de Tándem y a raíz de las declaraciones del primero, fuentes fiscales opinan que ambos deberían abstenerse en el Consejo Fiscal de este martes de cualquier decisión que pueda afectar a Stampa y Serrano, informa Europa Press.

Los fiscales de Tándem optan a dos plazas fijas de Anticorrupción, pero están en liza otras seis a las que se han presentado también seis fiscales de la misma casa que también ejercen actualmente en comisión de servicio, pero también otros siete que proceden de otras fiscalías. Además, Delgado deberá asignar la plaza que ha dejado vacante Concepción Sabadell, acusadora en el caso Gürtel y que recientemente fue nombrada representante de España ante la Fiscalía europea.

Por otro lado, Delgado tendrá que designar al fiscal que ocupe la que era su plaza en la Audiencia Nacional. La fiscal general ejerció durante años en este tribunal, especializándose en causas de terrorismo de ETA y después en yihadismo. Su plaza lleva sin asignarse desde que ella se marchó para ser ministra de Justicia, en junio de 2018. Optan al puesto tres fiscales que ya trabajan en la Audiencia Nacional de forma interina, así como otros cuatro provenientes de las fiscalías de Madrid y Sevilla, según el listado de candidatos al que ha tenido acceso infoLibre.

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Aparte de las plazas de Anticorrupción, la atención al Consejo Fiscal también estará puesta en la terna que decidirá el nombramiento de uno de los cuatro fiscales de Sala Jefe de Sección Penal en el Supremo, para cubrir la baja que dejó vacante tras su jubilación Antolín Herrero. Optan a esta plaza tres de los fiscales que lideraron la acusación por rebelión en el juicio por el procés, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal. El cuarto que llevó este caso, Fidel Cadena, ya es fiscal jefe de Sala junto con Juan Ignacio Campos y Pilar Fernández Valcárcel.

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Optan al puesto otros diez candidatos. Del total de 12, una decena prestan servicio ya en el Supremo, mientras que José Javier Huete está actualmente en la Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado y Belén Suárez es la teniente fiscal de Anticorrupción y responsable de la acusación pública en la causa en la que se investiga a la familia Pujol.

Todos son fiscales altamente experimentados, pero Zaragoza es uno de los que más opciones tiene por su larga carrera en el Ministerio Público. También opta al puesto Manuel Dolz, quien fue secretario de Estado de Justicia con Delgado como ministra.

El Consejo Fiscal de este martes también informará sobre la provisión de una fiscalía togada para la Sala Quinta del alto tribunal, a la que se han presentado igualmente Madrigal, Moreno y Dolz. El resto de plazas que Delgado propondrá renovar son para destinos en Siniestralidad Laboral y para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, esta última de nueva creación y a la que optan una vez más Dolz y la ex fiscal general María José Segarra.