Víctimas de la matanza de Atocha recurren al Constitucional para intentar evitar la excarcelación de uno de los autores

La Fundación Abogados de Atocha ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que piden medidas cautelares que impidan el excarcelamiento de Carlos García Juliá –uno de los implicados en la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y recientemente extraditado desde Brasil– que, si nada lo impide, saldrá de la prisión de Soto del Real en libertad provisional el próximo 19 de noviembre.

Fuentes de la defensa de las víctimas, consultadas por Europa Press, señalan que en caso de que el TC no considere mantenerle en prisión, solicitan que al menos se adopten medidas cautelares que le impidan salir del país. Así, piden que se le retire el pasaporte o se dé instrucción al Ministerio del Interior para que no se le expida uno en caso de que carezca de él. Desde la fundación señalan que la salida de prisión de García Juliá supone que no cumplirá lo años que le restan por cumplir "por unos hechos gravísimos que ocurrieron en la Transición". Ya en junio de este año impugnaron ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena del preso y solicitaron a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país. 

Pero tras no obtener un resultado positivo para sus intereses, han presentado ante la Audiencia de Ciudad Real un recurso de súplica contra ese licenciamiento definitivo "para que al menos tome cautelarmente las medidas solicitadas al Tribunal Constitucional". Igualmente, realizaron alegaciones ante la Audiencia Nacional, "que repentinamente se ha inhibido como tribunal sentenciador de esta ejecución". 

Apuntan desde la fundación que con la aplicación de los beneficios penitenciarios a García Juliá se modifica en más de diez años el fallo de la sentencia, que ya había quedado reducida a 30 años, de los que restan por cumplir más de doce. Recuerdan así que cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal de Ciudad Real, que fue el último que le condenó por un asunto diferente al de Atocha, le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018. 

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Pero las cuentas realizadas por las víctimas son distintas. Señalan que lo realmente cumplido por García Juliá son un total de 6.563 días de cárcel, a descontar de los treinta años a cumplir (10.950), por lo que quedarían por cumplir un total de 4.387 días. Sobre la liquidación realizada desde Ciudad Real el 7 de mayo y que le reconoce los 3.138 días de redenciones ordinarias y extraordinarias, las víctimas recuerdan que dado que el terrorista de ultraderecha quebrantó la libertad condicional con su huida de Paraguay, esto implicaría a tenor de lo dispuesto en el Código Penal y en las leyes penitenciarias y de enjuiciamiento, la pérdida de todo lo redimido. De esta forma deberían descontarse del tiempo efectivamente cumplido 1.207 días. 

Además, le recuerdan a la Audiencia Provincial de Ciudad Real y a la Audiencia Nacional que no puede haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputan por otro incidente en Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida. 

García Juliá fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.