Cinco comunidades evitan recurrir a los 3.000 rastreadores del Ejército pendientes de colocar a pesar de no alcanzar la ratio mínima

Cataluña, Euskadi, Canarias, la Comunidad de Madrid y Murcia no han pedido, por el momento y tras la última oferta del Gobierno, más rastreadores militares para contener el covid-19 y aplicar una estrategia de vigilancia epidemiológica que realmente funcione de cara al futuro. Las dos primeras nunca han solicitado ni un solo efectivo de los que facilita, a coste cero, el Ministerio de Defensa. Las otras tres cuentan, respectivamente, con 112, 150 y 110 miembros del Ejército, pero no han pedido más. Y no llegan, meses después del estallido de la pandemia, a la ratio de 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes considerado el mínimo imprescindible por las organizaciones internacionales. El Ejecutivo central explica que hay más de 3.000 ya formados y a disposición de quien los necesite.

No hay un registro ni unificado ni centralizado de cuántos rastreadores tiene operando cada comunidad autónoma. Hay regiones que se niegan a dar estos datos, como Galicia. Otras cuentan a los profesionales sanitarios que no desempeñan esta tardea de manera exclusiva, por lo que su labor es muy sensible a las oleadas de casos y la saturación en la Atención Primaria. Otras utilizan cifras poco precisas. La inmensa mayoría, salvo Castilla y León, no actualiza el dato de manera periódica, por lo que el conocimiento de la ciudadanía depende de una entrevista, una pregunta parlamentaria o de lo que le apetezca al responsable de turno.

Así, Cataluña cuenta con 1.568 rastreadores. No ha pedido ninguno adicional al Ministerio de Defensa. El dato le coloca en 20 trabajadores por cada 100.000 habitantes, 10 menos que lo que recomiendan organismos como el indicador de Salud Global de la Universidad de Harvard o la Universidad John Hopkins. Euskadi, que tampoco ha elaborado ninguna solicitud, ha contratado a 600 personas para esta labor: 27 por cada 100.000 vascos.

La Región de Murcia está en porcentajes similares, de 26 por cada 100.000. El Gobierno liderado por López Miras incorporó a 110 militares para esta tarea, puntualizan fuentes del Ministerio de Defensa. Aún no hay constancia de que haya solicitado más efectivos, pese al anuncio de Robles de que más de 3.000 están disponibles con solo pedirlo.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, tras meses siendo criticada por la ausencia de rastreadores al ser la región más golpeada –de España y, en determinados momentos, de Europa–por la segunda ola durante agosto y septiembre, aún no ha llegado al baremo de 30 profesionales dedicados en exclusiva a la vigilancia epidemiológica: se queda en 24, contando con los 150 militares. Robles declaró la semana pasada que no entiende por qué no piden más. Diversos responsables políticos de la autonomía, como su vicepresidente Ignacio Aguado, han asegurado que no los necesitaban porque la pandemia estaba bajo control. En pocas semanas empezaron a subir los casos. La lógica que defienden epidemiólogos es la contraria: se necesitan, cuantos más mejor, para que la pandemia siga bajo control.

Canarias está siendo de las comunidades autónomas menos afectadas por la segunda ola, a lo que ayuda, entre otros factores, su carácter de archipiélago. Su incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 71 casos, la más baja de España en la actualidad, por lo que no sufre grandes urgencias. Pero con un virus tan azaroso, nada les garantiza que no puedan sufrir un grave rebrote, para lo cual una plantilla reforzada de rastreadores ayudaría. Y actualmente cuentan con 452 profesionales, de los cuales 112 son militares. 20 por cada 100.000 canarios. No han pedido más, por el momento.

Otras comunidades autónomas, como Andalucía, tienen la ratio actual más baja de rastreadores/población (11), pero el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunció el pasado martes que pedirían más. Ni él ni su departamento de prensa detallaron cuántos más y si serían suficientes para reducir la brecha. Argumentan que sus rastreadores son más de 9.000, pero sin dedicación plena: incluyen a médicos, enfermeras y otro tipo de personal sanitario. Misma estrategia comunicativa que Asturias, que se queda en 18/100.000 habitantes de estos profesionales contratados exclusivamente para esta labor. El Principado, en todo caso, ha basado su estrategia contra el covid-19 en una Atención Primaria fuerte, que contuvo la primera ola y la segunda hasta hace unas semanas, cuando los casos empezaron a subir. El personal sanitario de los centros de salud se ocupa de la labor de llamar a cada positivo, preguntarle por sus contactos estrechos y contactar con los segundos para recomendarles cuarentena. Además, cuenta con 90 efectivos militares. Pero no han pedido más tras el ofrecimiento de Robles, pese a que han solicitado al Ejecutivo el confinamiento domiciliario sin estar en una situación epidemiológica especialmente grave en comparación con otras zonas.

La Comunidad Foral de Navarra sí que ha escuchado la oferta de Defensa. Contaba con casi 250 rastreadores y ha pedido 250 más, explican fuentes del Ministerio, lo que colocará a la comunidad autónoma con una ratio de 76 profesionales por cada 100.000 habitantes, la más alta del país, algo por encima de Ceuta (70). El duro golpe que ha sufrido con la pandemia en la segunda ola tiene que ver: no logra reducir la altísima incidencia acumulada a 14 días (casos/100.000 habitantes) en la que se ha colocado desde hace semanas: bordeando los 1.200.

Aragón, por su parte, cuenta con 88 rastreadores militares, que suman 400 ejerciendo en toda la comunidad. Llega justa a la ratio recomendado de 30 por cada 100.000 habitantes. No ha pedido más personal a Defensa pese a que inauguró la segunda ola española y, tras doblegarla, dobló en apenas un mes su incidencia acumulada hasta los 1.127 casos registrados el pasado 2 de noviembre.

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Navarra se pondrá en cabeza cuando se haga efectiva su petición. Le sigue Ceuta y, a algo más de distancia, Castilla y León, que ya tenía 240 militares y que incorporará 120 más, situándose en 46 rastreadores por 100.000 habitantes. Está cuarta en el ranking La Rioja, con 42. La mayoría cumplen con el baremo de 30 con poca holgura, superándolos por pocos puntos.

Galicia no dice cuántos rastreadores tiene. Cantabria solo ofrece los militares: 120. Pero no hay declaraciones de ningún responsable en los últimos días que expliquen cuántos ha contratado la comunidad, más allá de la ayuda de Defensa. El departamento de prensa de Sanidad no ha contestado a las preguntas de infoLibre.

En mayo y junio, durante la desescalada, todas las comunidades autónomas prometieron al Ministerio de Sanidad contar con un sistema de vigilancia epidemiológica suficiente para controlar los rebrotes. La llegada de la segunda ola puso de manifiesto que no contrataron al suficiente personal. Ahora, la mayoría cumple con las recomendaciones internacionales mínimas, pero 3.000 militares siguen a disposición de las regiones sin que, por el momento, hayan sido solicitados. Son más útiles en escenarios de baja o nula transmisión, indican los expertos, para garantizar que siga siendo así. Con transmisión comunitaria y descontrolada, ningún ejército podría atajar el avance de la pandemia y solo funcionan medidas de confinamiento. En la actualidad, para muchas zonas, es tarde para vigilar.