Una persona en situación de pobreza tiene ocho veces más opciones de recibir una renta mínima en Navarra o País Vasco que en el resto de España

Ser más o menos pobre en España va por territorios. Por un lado, están los colectivos vulnerables que viven en las autonomías forales de Navarra y País Vasco: la gran mayoría percibía en 2019 una Renta Mínima de Inserción (RMI). Luego hay un puñado de comunidades -Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, en menor medida Cataluña- donde entre el 10% y el 20% de la población bajo el umbral de la pobreza tiene asignado un subsidio. 

Y ya por último está el resto de regiones españolas, en las que "un pobre tiene tantas opciones de que le toque un ingreso mínimo como la lotería". El entrecomillado crítico es de José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la organización que ha publicado el Informe de Rentas Mínimas de Inserción relativo a 2019.

Según esta publicación, el 70,35% de las personas en Navarra bajo el umbral de la pobreza tiene acceso a una renta mínima. A continuación, la tasa de cobertura asciende al 63,03% en el caso particular de Euskadi. “Juegan en otra liga”, valora Álvaro Revilla, el coordinador de Estudios de la asociación. “Ambas es cierto que tienen Hacienda propia, pero también prioridades políticas muy diferentes al resto”.

Los colectivos vulnerables tienen ocho veces más opciones de percibir ayudas económicas en Navarra o País Vasco que en las demás regiones de España, en las que la tasa de cobertura media se eleva al 7,97%. Ese casi 8% de la población en situación de pobreza equivale a 697.124 personas en todo el país, el número total que consigue una renta mínima de inserción. 

La tasa de riesgo de pobreza en España afecta a algo más del 18% de la población total. El número de personas bajo ese umbral asciende a 8,7 millones, de acuerdo con las estimaciones del INE y Eurostat.

Canarias y Castilla-La Mancha, a la cola

En la cola de la tabla se sitúa Canarias con una cobertura del 1,50%, lo que significa que solo algo más de 7.000 personas cobran algún tipo de renta en el archipiélago. Penúltima, Castilla-La Mancha, con el 2,01%. La cobertura en Andalucía es del 3,19% (algo más de 75.000 perceptores), precedida de Murcia y la Comunidad Valenciana (donde el 4% y 4,2% de colectivos pobres son perceptores de ingreso mínimo). 

Pero todavía hay más regiones con menos de uno de cada diez residentes en situación de vulnerabilidad perceptores de subsidios. Extremadura (cobertura del 6,2%), Galicia (6,3%), La Rioja (7,88%) o Madrid (9,36%, ya por encima de la media) entran en esa categoría. La tercera y cuarta comunidades autónomas con mayor tasa de cobertura de la renta mínima tras Navarra y Euskadi  son Cantabria (18,43%) y el Principado de Asturias (17,46%).  

Según Álvaro Revilla, la clave vasco-navarra también es técnica. "Allí el modo de percibir las rentas mínimas difiere del resto de autonomías. En País Vasco se creó una prestación por desempleo desligando su gestión de la Consejería de Servicios Sociales: la cobertura se disparó". El responsable de Estudios de la asociación advierte que habrá regiones en las que se podrá complementar la percepción de la Renta Mínima de Inserción con el Ingreso Mínimo Vital -creado en junio de 2020- y otras -como la Comunidad de Madrid- donde no se podrá simultanear. 

El IMV oscila entre los 461,5 y los 1.015 euros por perceptor, en función de su situación. La media de las rentas mínimas en 2019 también varían por comunidades: la media más alta está en País Vasco (667 euros), Cataluña (644 euros) Comunidad Valenciana (630 euros) y Navarra (623 euros). La media más baja corresponde a Ceuta (300 euros), seguida de Madrid (400 euros) y Galicia (403 euros). Para el Ingreso Mínimo Vital, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destinado 3.000 millones de euros; en el caso de las RMI, su coste el año pasado fue de 1.700 millones de euros. 

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"Teóricamente, todos los perceptores de rentas mínimas tendrían que tener automáticamente derecho a cobrar el IMV", afirma el presidente de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Ramírez Navarro. "Pero Escrivá se negó a crear una pasarela directa, como se hiciera en su día con los beneficiarios de la Ley de Dependencia". 

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social, ha habido prácticamente un millón de solicitantes (975.000) para el IMV y se ha reconocido el ingreso ya a alrededor de 136.000 hogares (recordemos que los beneficiarios de rentas mínimas son casi 700.000). "El entramado burocrático que ha diseñado Seguridad Social para percibir el IMV va a crear unos efectos terribles", lamenta Ramírez Navarro.

"Aquellas personas que cobren el IMV con efectos retroactivos desde septiembre y que estén percibiendo las rentas mínimas van a llevarse una sorpresa en enero", asegura el presidente de la asociación. "Entonces las Comunidades Autónomas elaborarán sus procedimientos de reintegro, lo que quiere decir que van a solicitar a personas bajo el umbral de la pobreza que devuelvan parte de lo recibido". En septiembre Escrivá se retractó y flexibilizó las condiciones para percibir el Ingreso Mínimo Vital, eliminando requisitos como estar inscrito en lel Servicio Público de Empleo Estatal. "Cuántos más requisitos pongas, peor para disminuir la tasa de pobreza", puntualiza Álvaro Revilla.