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IU se desentiende de los contratos con Neurona porque se fiaba de Podemos
El administrador de Izquierda Unida (IU) para la coalición electoral Unidas-Podemos en los comicios generales de 2019, Carlos García Ramos, ha declarado este viernes ante el juez que investiga la cuentas moradas que se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos, explicando que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.
García Ramos, que ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de investigado, ha contado al juez Juan José Escalonilla que la administración mancomunada de la coalición electoral se basaba en una "colaboración mutua", conforme a la cual cada partido contrataba de forma independiente los servicios electorales que necesitaba y se avisaban únicamente del gasto.
"No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral", ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. "A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua", ha remachado.
De hecho, García Ramos ha precisado a Escalonilla que no tuvo ocasión de leer el contrato entre Podemos y Neurona hasta los meses de octubre y noviembre, una vez transcurrida la campaña electoral, cuando ambos administradores pusieron en común toda la documentación para enviarla al Tribunal de Cuentas, según fuentes presentes en la ronda declaraciones de investigados y testigos que ha tenido lugar este viernes en relación a este caso.
Además, tanto Podemos como el administrador de Neurona, Elías Castejón, que también ha declarado como investigado, han aportado una extensa documentación para probar que los servicios contratados con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 efectivamente se prestaron, una cuestión que constituye en estos momentos el objeto principal de la causa.
El caso parte de una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre supuestas irregularidades en la formación de Pablo Iglesias, entre ellas los contratos electorales con Neurona, las obras de la sede nacional del partido político y los sueldos cobrados por altos cargos. El juez ha archivado el caso en lo relativo a la llamada Caja B y a los contratos electorales con ABD.
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Escalonilla cree que existen "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Podemos -por valor de 363.000 euros- "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.
Sigue así el criterio de la Fiscalía, que aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados por Podemos con Neurona, a la que describe como "una empresa creada ad hoc" cuyo objeto real sería "la propia financiación del partido desde la cuenta electoral".
El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos -fraude electoral y falsedad en documento mercantil- en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.
