Francia ha acercado desde 2018 a dos tercios de los etarras que cumplían condena en el país

El Gobierno francés trasladó entre febrero de 2018 y octubre de 2019 a prisiones del sur del país a dos tercios de los presos de ETA que había encarcelados en su territorio, fruto del cambio en la política penitenciaria que Emmanuel Macron anunció hace casi dos años y que ha supuesto acercamientos individualizados a centros situados a poco más de dos horas del País Vasco. En total, fueron 27 de los aproximadamente 40 terroristas que estaban en aquel momento en cárceles galas.

Francia es el único país aparte de España con terroristas de ETA cumpliendo pena de prisión. Los acercamientos realizados en casi dos años, que se estudian para cada preso de forma particular, fue anunciado por parte del Gobierno francés en enero de 2018, esto es, meses antes de que la banda terrorista emitiera el comunicado de su disolución que leyó el exjefe de la organización José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu TerneraJosu Ternera. En aquel momento, el ministro de Justicia reunió a las principales asociaciones de víctimas, a las que prometió informarles de los traslados.

El anuncio del Gobierno de Macron se produjo antes, por tanto, de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa y, por tanto, bastante antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez iniciara su propio proceso de traslados que, a día de hoy, ha derivado en la aprobación de 103 acercamientos de presos de ETA a prisiones vascas o próximas a esta comunidad autónoma, según el último recuento publicado por Europa Press.

Desde entonces, el número de reclusos de la banda ha disminuido debido principalmente a puestas en libertad y entregas a España para responder por causas pendientes. En la actualidad, Francia mantiene encarcelados a 31 presos etarras en siete centros penitenciarios de todo el país, de los cuales 22 –más del 70%– se encuentran en las dos cárceles más próximas al País Vasco, las de Lannemezan y Mont-de-Marsan, según el recuento que va actualizando el colectivo de familiares Etxerat. En Lannemezan, coinciden un total de trece reclusos de la organización terrorista, mientras que en la segunda hay nueve. En una tercera cárcel algo más alejada, la de Muret –cerca de Toulouse, a algo más de tres horas de viaje–, que el Gobierno de Macron también considera como cercana al País Vasco, hay otros dos etarras.

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En Lannemezan, coinciden dos exjefes de la banda terrorista con largas condenas: Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y Mikel Carrera Sarobe, alias AtaTxeroki, ambos trasladados a España en alguna ocasión para afrontar las causas pendientes que tienen en la Audiencia Nacional. El segundo cumple cadena perpetua en Francia por los asesinatos de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en Capbreton en 2007 y del gendarme francés Jean-Serge Nerin, el último crimen de la organización. El sucesor de Txeroki, Aitzol Iriondo –que sólo estuvo unos días al frente de la organización–, también está interno en este mismo centro.

En Mont-de-Marsan, se encuentran dos antiguos responsables del aparato logístico de ETA: Iñaki Reta Frutos y Xabier Goienetxea Iragorri, ambos detenidos en la misma operación policial en el año 2015. También cumplen condena allí exmiembros del aparato militar como Ander Mugica y del de falsificación como Ekaitz Sirvent.

De todos los traslados efectuados en los últimos años, ninguno ha afectado a las seis reclusas de ETA que aún permanecen en prisiones francesas debido a que en estas cárceles del sur no existen módulos específicos para mujeres. Todas estas presas se encuentran repartidas en tres centros penitenciarios a más de 700 kilómetros del País Vasco, los más alejados. Hasta finales del año pasado también formaba parte de la población reclusa de Francia otra de las exjefas de la organización terrorista, Soledad Iparragirre, alias Anboto, quien ahora mismo está presa en España para que responda por las doce causas penales que tiene pendientes en la Audiencia Nacional. Ya ha sido juzgada por dos de ellas y condenada tras el primer juicio celebrado el pasado mes de julio a 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para el asesinato con coche bomba del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León.