La nueva ley penal requerirá doblar la plantilla de fiscales e inversión en infraestructuras y plataformas digitales

El doble de los fiscales actualmente en plantilla y un esfuerzo presupuestario "descomunal" en infraestructuras y plataformas digitales son sólo algunas de las exigencias que llevará acarreada la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez y cuyo articulado ya ha redactado el Ministerio de Justicia para que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto en las próximas semanas. Aunque aún queda mucho para su entrada en vigor, pues está pendiente el trámite a los órganos consultivos y la consecuente tramitación parlamentaria, además de que la norma prevé un tiempo para su puesta en marcha de seis años, la inversión que requerirá cambiar por completo el sistema de investigación y enjuiciamiento penal no puede hacerse de un día para otro y obligará a la adaptación gradual de plantillas, espacios y medios electrónicos.

Así lo explican expertos en Derecho Procesal consultados por infoLibre, que no dudan de la necesidad de una nueva LeCrim para sustituir a la ya desfasada norma de 1882 ideada por el jurista Alonso Martínez y adaptarse a los estándares europeos, fijándose en sistemas vigentes en países de nuestro entorno más inmediato como son Francia, Italia, Portugal o Alemania. Pero sí que se muestran dudosos y expectantes acerca de cómo modificar de arriba a abajo, y hacerlo de forma eficiente, todo el sistema de enjuiciamiento criminal español. Además de un presupuesto mucho mayor, apuntan a la necesidad también de que la norma vaya acompañada de otros cambios legislativos que, a su juicio, son imprescindibles para dotar al sistema de la necesaria seguridad jurídica.

Controlar el poder del fiscal general

La gran transformación que contempla el anteproyecto del ministerio que dirige Juan Carlos Campo es que los jueces ya no dirigirán las investigaciones penales, sino que éstas pasarán a depender de los fiscales. Según las fuentes consultadas, esto no implica cambiar a unos por otros y ya está; es algo más complicado. Para empezar, la puesta en marcha de la nueva LeCrim debería implicar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público que refuerce la autonomía de los fiscales, que en la actualidad es un cuerpo jerárquico con el fiscal general del Estado –en la actualidad la fiscal general, Dolores Delgado– a la cabeza. "Si no se es independiente, no se puede ser imparcial", subraya la catedrática Sonia Calaza.

Dado que el nombramiento del fiscal general está contemplado en la Constitución, que establece que será a propuesta del Gobierno, y una reforma de la Carta Magna parece del todo imposible en el momento actual, los expertos plantean que los cambios en el Estatuto deberían ir dirigidos a retirar la atribución del máximo responsable de dar instrucciones a los miembros de la carrera. Con fiscales instruyendo las causas penales, "no tiene sentido" que el Ministerio Público siga siendo un órgano jerarquizado, apuntan las fuentes. En el Estatuto nuevo también deberían reflejar las nuevas estructuras internas de la Fiscalía que contempla la LeCrim, que habla de una organización de equipos de fiscales con los que establecer "estructuras colegiadas permanentes" con las que garantizar la independencia y dotarles de la "máxima eficiencia en relación con toda clase de delitos".

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales –el colectivo mayoritario– plantea que el mandato del fiscal general no vaya unido inexorablemente al del gobierno que lo ha propuesto o que, en caso de dictar alguna instrucción, ésta sea plasmada por escrito y conste en la causa. Un Consejo Fiscal con más atribuciones y no meramente de tipo consultivo podría ser otro modo de establecer ciertos contrapesos en las atribuciones que el actual Estatuto da al máximo representante del Ministerio Público.

Por otra parte, los expertos también advierten de la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para atribuir las competencias pertinentes a los fiscales instructores. Saber qué pueden y qué no pueden hacer los fiscales y hasta dónde llegan sus atribuciones durante la investigación será clave a la hora de ser conscientes de qué diligencias podrán adoptar por sí mismos o las que, por ejemplo, deberán consultar con el juez de Garantías, este último una figura de nueva creación del anteproyecto cuya función consistiría en ejercer de protector de los derechos fundamentales de los investigados. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, pone el ejemplo de las órdenes europeas de detención, sobre las que la Justicia europea está señalando problemas a sistemas basados en la instrucción penal a cargo del fiscal, como ha ocurrido con Alemania.

Más personal y adaptar edificios y dependencias

Todo esto en relación con la parte más técnica de la ley. Pero la entrada en vigor tiene unos efectos prácticos del día a día de las instrucciones que pondrán a prueba el ya de por sí el déficit estructural de la Administración de Justicia. En todos los informes elaborados por la Comisión Europea, España siempre aparece en los últimos puestos del ranking en cuanto a número de jueces y magistrados por habitante, y los números de los fiscales –unos 2.500– también resultan "insuficientes", a juicio de los expertos consultados. Por no hablar de los largos plazos para la resolución de litigios.

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En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que el Gobierno acaba de presentar en el Congreso se prevé destinar a Justicia un total de 2.048 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto del último plan presentado, y se plantea una oferta de empleo de hasta 240 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal. Sin embargo, las citadas fuentes creen que estas cifras se quedan lejos de la inversión que haría falta para poner en marcha la nueva LeCrim, que requeriría un esfuerzo presupuestario ingente. En lo que respecta a la plantilla de fiscales que sería necesaria para que éstos sean los responsables de la instrucción penal, los expertos coinciden: duplicar o incluso triplicar la cifra actual de 2.500.

Pero ahí no acaba la cosa. Las infraestructuras con las que cuenta la Administración de Justicia están diseñadas para la LeCrim actualmente en vigor. Pasar de jueces a fiscales como responsables de la investigación penal implicaría un estudio pormenorizado de cómo adaptarlas a la nueva realidad, ya que, a día de hoy, las dependencias donde trabajan los fiscales no están "preparadas" para asumir el reto. Cosas a priori tan simples como salas de interrogatorio, más despachos o medios digitales para, entre otras cosas, tomar declaración a imputados y testigos, además de una plantilla mucho mayor de funcionarios, son las principales necesidades que se plantearían a un Ministerio Público cuyos medios, dicen los expertos, no están ni cerca de lo que implicaría ponerse al frente de la instrucción. Sobre todo cuando en 2019 los asuntos penales registrados se incrementaron en un 9%, hasta más de 2,1 millones.

Y para hacer todo eso hace falta, por encima de todo, más presupuesto para el tercer poder del Estado. Un poder que, según recuerdan catedráticos, controla al Ejecutivo y al Legislativo y que ejerce como servicio público para toda la sociedad, pero que sigue infradotado para hacer frente a todo el trabajo que tiene por delante. Buena muestra es que ya se están señalando juicios para un año vista.